España lleva décadas hablando de modernización económica, pero sigue sin resolver una de sus grandes contradicciones: quiere converger con Europa en renta, productividad y salarios, pero invierte menos de lo necesario en aquello que sostiene esas tres variables a largo plazo. La reflexión del profesor Xavier Ferràs, de Esade, sobre la relación entre I+D y PIB per cápita en las comunidades autónomas vuelve a poner el foco en una evidencia incómoda: la riqueza de un territorio no se improvisa, ni depende solo de la coyuntura turística, fiscal o inmobiliaria. Se construye con apertura económica, capacidad exportadora e inversión productiva en innovación.
Ferràs advierte, con buen criterio, de que no existe una causalidad automática. Más I+D no garantiza por sí sola más riqueza, del mismo modo que un PIB per cápita elevado no siempre responde a una estructura productiva avanzada. Baleares es un buen ejemplo de esa excepción: baja inversión en I+D y renta alta, sostenida en gran parte por el turismo. Pero las excepciones no invalidan la regla general. En las economías más sólidas, la innovación, la industria de alto valor añadido y la transferencia tecnológica suelen aparecer como motores estables de prosperidad. España ha vivido razonablemente bien de sectores intensivos en servicios, pero esa comodidad tiene límites cuando se mide la productividad.
La comparación territorial resulta especialmente reveladora. Según el análisis de Xavier Ferràs, hay tres liderazgos claros —País Vasco, Navarra y Madrid—, aunque no todos ofrecen el mismo tipo de modelo. Madrid concentra servicios avanzados, tecnología, sedes corporativas y una poderosa economía vinculada a la capitalidad del Estado. Es una realidad competitiva, pero difícilmente replicable. En cambio, el eje vasco-navarro ofrece una lección más útil para el conjunto del país: I+D privada industrial, empresas medianas innovadoras, formación técnica exigente y una relación más estrecha entre empresa y universidad. Es decir, fábrica, conocimiento y mercado trabajando en la misma dirección.
Ese punto es esencial. La política económica española ha tendido a hablar de innovación como si fuera un concepto abstracto, casi decorativo. Pero Ferràs recuerda que la innovación que transforma un país es la que llega al tejido productivo, la que convierte conocimiento en patentes, procesos, maquinaria, exportaciones, empleo cualificado y empresas capaces de competir fuera. La universidad es imprescindible, pero no basta con producir investigación académica si esta no encuentra cauces reales hacia la empresa. La industria, tan olvidada en algunos discursos públicos, vuelve a aparecer como una pieza central. Nada muy distinto de lo que abandera, desde Galicia, el catedrático de medicina José Ramón González Juanatey. Este eminente cardiólogo gallego lidera el debate sobre la conexión entre la universidad, la sanidad y las empresas biotecnológicas en Galicia.
El modelo vasco-navarro ofrece una vía más exportable que la economía de capitalidad de Madrid. Sin I+D privada e industria innovadora, la convergencia con Europa seguirá incompleta
El problema español no es que falten islas de excelencia. Las hay. El problema es que están mal distribuidas y no bastan para arrastrar al conjunto del país. Para converger con Europa no alcanza con que Madrid, el País Vasco, Navarra o Cataluña refuercen sus posiciones. Hace falta que muchas otras comunidades den un salto. Y ese salto no se producirá solo con subvenciones dispersas, parques tecnológicos vacíos o planes estratégicos que envejecen antes de ejecutarse. Requiere políticas públicas capaces de multiplicar inversión privada: que cada euro público movilice dos o tres euros empresariales, como plantea Ferràs.
Son necesarios los ecosistemas de innovación
La clave está en orientar la política de competitividad hacia resultados medibles. Más I+D privada, más empresas medianas con capacidad tecnológica, más formación profesional y universitaria conectada con la economía real, más transferencia y más cultura exportadora. España no puede limitarse a atraer visitantes, gestionar fondos europeos o confiar en el dinamismo de sus grandes áreas metropolitanas. Necesita extender ecosistemas de innovación por el territorio, especialmente allí donde la industria aún puede ser una palanca de transformación.
El debate es especialmente relevante para comunidades como Galicia, Asturias, Castilla y León, Aragón o la Comunitat Valenciana, donde existen bases industriales, conocimiento técnico y empresas exportadoras, pero también una brecha evidente respecto a los territorios líderes en inversión tecnológica. La pregunta no es si todas deben imitar a Madrid, sino si pueden adaptar a su realidad algunos rasgos del modelo vasco-navarro: cooperación público-privada, centros tecnológicos útiles, pymes industriales innovadoras y una apuesta sostenida por el valor añadido.
La conclusión de Ferràs es clara y debería ser tomada en serio: España necesita mirar más hacia las líneas rojas europeas de inversión en I+D y menos hacia la autocomplacencia. La competitividad no se decreta, se financia, se organiza y se mide. Y la riqueza territorial, cuando no procede de rentas naturales o de posiciones administrativas privilegiadas, depende de una combinación exigente: conocimiento, empresa, industria y apertura al mundo. Ahí se juega buena parte del futuro económico del país. @mundiario