El reciente decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, el cual faculta a la Guardia Nacional (GN) para asumir tareas de control vehicular y aplicar sanciones, representa un duro golpe para el sector del transporte y la cadena de suministro en el País, advirtieron especialistas.
Héctor Romero, presidente de Círculo Logístico, calificó la medida como "utópica y burocrática", señalando que, lejos de reducir los accidentes o combatir la inseguridad, la reforma formaliza la militarización del tránsito federal.
Además de debilitar los derechos ciudadanos, genera un terreno fértil para la extorsión y la corrupción en las carreteras mexicanas.
Asimismo, cuestionó que se desvíen los esfuerzos de la Guardia Nacional hacia tareas administrativas y de recaudación en lugar de concentrarse en los problemas críticos que asfixian al autotransporte, como los robos con violencia.
"Le estamos dando facultades de una policía sancionadora a una corporación cuyo origen e instrucción debían ser la seguridad de la infraestructura y el combate al robo", advirtió.
Agregó que ahora la GN estará enfocada en el alcohol, drogas, control de operadores, remisión de vehículos y administración de infracciones, lo que refleja la consolidación de un gobierno de seguridad pública desde un punto de vista militarizado.
Detalló que las nuevas atribuciones permiten a la GN levantar boletas de infracción, coordinar verificaciones, realizar inspecciones mecánicas y hasta detener a usuarios si estos se oponen a sus órdenes.
"Esto preocupa especialmente al sector, ya que el 80 por ciento de la industria del transporte en México está conformada por micro y pequeños empresarios (hombre-camión que cuentan con uno y hasta cinco camiones) que carecen de la estructura para resistir el acoso administrativo", apuntó.
Romero mencionó que con dicho decreto hay una evidente duplicidad de funciones que introduce este decreto entre la Guardia Nacional y la SICT, particularmente en la verificación de condiciones físico-mecánicas, pesos y dimensiones de las unidades pesadas.
Romero advirtió que el personal de la GN no cuenta con la capacitación técnica para estas revisiones, lo que derivará en una alta discrecionalidad.
Asimismo, alertó sobre el impacto que esto tendrá con las grúas y corralones, áreas históricamente ligadas a la corrupción y cobros excesivos para el autotransporte, pues señaló que recuperar un camión robado, una grúa puede llegar a cobrar hasta120 mil pesos por un arrastre de menos de 30 kilómetros.