La campaña de Donald Trump ha incorporado un elemento capaz de eclipsar casi cualquier otro debate económico: la promesa de entregar 5.000 dólares a cada adulto estadounidense si los republicanos se imponen en las elecciones de noviembre. Lo que para sus seguidores puede interpretarse como un gesto directo hacia el bolsillo de los ciudadanos, para buena parte de economistas e inversores representa una señal de alarma en un momento especialmente delicado para las finanzas de Estados Unidos.
El anuncio llega cuando la mayor economía del mundo convive con una inflación todavía resistente, unos intereses de la deuda que no dejan de escalar y un déficit público que ya preocupa a los grandes fondos internacionales. La propuesta, lejos de verse únicamente como un compromiso electoral, ha sido recibida como un factor adicional de incertidumbre para unos mercados que observan con creciente desconfianza cualquier medida que implique aumentar aún más el endeudamiento federal.
Más allá del impacto político, la pregunta que domina el debate es otra: ¿podría realmente llevarse a cabo una iniciativa de semejante magnitud? Ni el mecanismo de financiación ni el alcance exacto del plan han quedado definidos, lo que ha alimentado las dudas tanto sobre su viabilidad como sobre sus consecuencias económicas.
El momento tampoco parece casual. Trump intenta recuperar terreno en una campaña marcada por el aumento del coste de la vida, la guerra con Irán y el encarecimiento de las hipotecas, factores que influyen directamente en la percepción de los votantes sobre la economía.
Una factura que podría superar el billón de dólares
El principal motivo de preocupación es el tamaño potencial del desembolso. Si el cheque alcanzara a unos 270 millones de adultos, el coste rondaría los 1,3 billones de dólares, una cifra capaz de alterar significativamente las previsiones sobre las cuentas públicas estadounidenses.
Estados Unidos ya afronta una situación poco habitual: la deuda del Tesoro supera niveles históricos mientras el déficit previsto para este ejercicio se aproxima a los 1,9 billones de dólares. En ese contexto, una medida extraordinaria financiada con nueva deuda podría incrementar todavía más las necesidades de emisión del Gobierno.
Los analistas recuerdan que los programas de estímulo de esta dimensión suelen reservarse para circunstancias excepcionales, como ocurrió durante la pandemia, cuando el Ejecutivo recurrió a transferencias masivas para sostener el consumo. La diferencia es que entonces el objetivo era evitar el colapso económico; ahora, la economía continúa creciendo y la inflación permanece por encima del nivel deseado.
El mercado ya envía señales de advertencia
Los inversores no parecen convencidos de que la promesa llegue a materializarse, pero eso no significa que la ignoren. En los mercados financieros, las expectativas importan tanto como las decisiones definitivas.
La rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a diez años se mueve cerca del 5%, un nivel que refleja el creciente coste que exige el mercado para prestar dinero al Estado. Cuanto mayor es esa rentabilidad, más caro resulta financiar el gasto público, y también se encarecen otros préstamos vinculados a esa referencia, como las hipotecas.
Varios expertos han advertido de que anunciar nuevas medidas de gasto sin explicar cómo se financiarán puede aumentar la presión sobre los intereses de la deuda. Esa inquietud afecta especialmente al tramo largo de la curva de bonos, donde los grandes fondos buscan estabilidad y previsibilidad.
La difícil misión de Scott Bessent
En paralelo, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, se encuentra intentando contener precisamente ese deterioro del mercado de deuda. Su experiencia financiera le ha convertido en una figura clave dentro del Gobierno para tratar de reducir la volatilidad que generan algunas decisiones de la Casa Blanca.
Durante las últimas semanas ha impulsado distintas actuaciones para aliviar la presión sobre los bonos estadounidenses. Entre ellas figura la coordinación con Japón para evitar movimientos bruscos en uno de los principales compradores extranjeros de deuda estadounidense, además de cambios en la estrategia de recompra de bonos del Tesoro.
Sin embargo, esas intervenciones han tenido un efecto limitado. Cada nuevo máximo en los intereses de la deuda vuelve a poner de manifiesto que los inversores mantienen intacta su preocupación por el desequilibrio fiscal.
Las dudas legales siguen abiertas
La polémica no termina en la economía. La legalidad del llamado "dividendo Trump" también continúa siendo objeto de discusión entre juristas.
La legislación federal prohíbe determinadas prácticas destinadas a influir en el voto mediante incentivos económicos, aunque el hecho de que el pago se plantee después de las elecciones introduce matices que complican una respuesta definitiva.
Además, existe otra incógnita importante: el papel del Congreso. Trump ha sugerido que no necesitaría su aprobación, pero numerosos especialistas consideran que una transferencia pública de esta magnitud difícilmente podría ejecutarse sin intervención legislativa.
El coste de la vida vuelve al centro de la campaña
Mientras tanto, los ciudadanos perciben el impacto de otra realidad mucho más inmediata. El precio del combustible se ha disparado, las hipotecas son más caras que hace unos meses y la inflación continúa erosionando el poder adquisitivo de muchas familias.
Ese contexto explica por qué Trump ha situado el dinero directo a los hogares en el centro de su estrategia electoral. Sin embargo, para numerosos analistas, el riesgo es evidente: una promesa diseñada para aliviar el malestar económico podría terminar alimentando precisamente uno de los problemas que más preocupa a los mercados, el crecimiento de una deuda pública cuya sostenibilidad vuelve a convertirse en una de las grandes incógnitas de la economía estadounidense. @mundiario