VENEZUELA.- La ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció que una cantidad aún no determinada de presos políticos fue trasladada desde El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Caracas, hacia otros centros penitenciarios del país sin información pública sobre sus nombres, condiciones o destinos.
La denuncia encendió la alerta de familiares y organizaciones de derechos humanos, que desde hace meses exigen transparencia sobre la situación de las personas recluidas en ese lugar.
De acuerdo con la organización y con reportes difundidos por medios venezolanos e internacionales, los traslados habrían iniciado durante la tarde-noche del miércoles, después de una jornada marcada por versiones contradictorias sobre el supuesto cierre de El Helicoide, Telemundo 51.
Activistas y familiares señalaron que las autoridades no ofrecieron respuestas claras y que funcionarios del Sebin solo informaron la suspensión de visitas.
#4Jun Ayer trasladaron a presos de El Helicoide a otros centros de reclusión. El dirigente político y preso político del Táchira Jackson Vera fue enviado a La Planta (El Paraíso). Las mujeres fueron recluidas en el INOF y Las Crisálidas. Otros a Rodeo, Yare y Tocuyito.
— Alfredo Romero (@alfredoromero) June 4, 2026
El caso ocurre en medio de la discusión sobre el futuro de El Helicoide, un edificio construido originalmente en la década de 1950 como centro comercial y que terminó convertido en sede de cuerpos de seguridad.
Durante años, opositores, familiares de detenidos, organizaciones no gubernamentales y la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela han documentado o denunciado casos de tortura, tratos crueles, detenciones arbitrarias e incomunicación en ese recinto. El Gobierno venezolano ha negado estos señalamientos.
Qué denunció el Comité por la Libertad de los Presos Políticos
La activista Andreína Baduel, integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, afirmó que la organización recibió información sobre traslados iniciados alrededor de las 6:00 de la tarde.
“Tenemos información de que a partir de las 6:00 p.m. comenzaron a suscitarse estos traslados, no sabemos a quiénes ni a dónde, pero sí pudimos ver a través de una loma cercana a este centro de torturas que comenzó el traslado de presos políticos”, dijo Baduel.
La denuncia principal es la falta de información. La ONG aseguró que no conoce con precisión cuántas personas fueron trasladadas, a qué centros penitenciarios fueron llevadas ni bajo qué condiciones se realizaron los movimientos.
En casos de personas privadas de la libertad, los traslados sin información a familiares pueden aumentar el riesgo de incomunicación, malos tratos y violaciones al debido proceso.
Por qué hubo tensión desde la mañana
Según Baduel, desde la mañana del miércoles se registró una “situación irregular” en El Helicoide, después de que se difundiera una versión sobre el supuesto cierre del centro de detención.
Esa versión fue desmentida por familiares y organizaciones de derechos humanos, que aseguraron que el lugar seguía funcionando y que todavía había presos políticos en su interior.
“La respuesta del régimen hoy es comenzar un traslado arbitrario, reiterar las violaciones de derechos humanos hacia los presos políticos que están aquí y no darle respuestas oportunas a los familiares, quienes desde esta mañana están tratando de saber qué es lo que ocurre”, añadió la activista.
La falta de información oficial provocó que familiares acudieran o intentaran obtener respuestas sobre el estado de los detenidos.
Qué respondieron los funcionarios del Sebin
De acuerdo con la denuncia de Baduel, los funcionarios del Sebin no ofrecieron detalles sobre los traslados. La única respuesta que recibieron familiares y activistas fue que las visitas estaban suspendidas.
Esa respuesta no aclara si los detenidos siguen en El Helicoide, si fueron llevados a otros centros, si están incomunicados o si podrán recibir visitas en los próximos días.
Para las familias, este tipo de incertidumbre agrava la preocupación, porque impide saber dónde se encuentra una persona privada de la libertad y bajo qué condiciones está recluida.
Qué es El Helicoide y por qué es señalado por ONG
El Helicoide es una estructura ubicada en Caracas que fue concebida en la década de 1950 como un centro comercial. El proyecto quedó inconcluso y, con el paso del tiempo, el edificio fue ocupado por instituciones de seguridad del Estado.
Actualmente es conocido como sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el Sebin, y de la Policía Nacional Bolivariana.
Organizaciones de derechos humanos, opositores y exdetenidos lo han señalado durante años como un centro de reclusión donde se han cometido torturas, malos tratos y detenciones arbitrarias. La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela ha documentado casos de tortura y abusos en instalaciones de inteligencia y seguridad del Estado, incluido El Helicoide.
El Gobierno venezolano ha negado de forma reiterada las acusaciones de tortura y violaciones sistemáticas a derechos humanos.
¡El régimen NO está cerrando El Helicoide, lo está trasladando!
— DDHH Vente Venezuela (@VenteDDHH) June 3, 2026
Este 03 de junio quedará en nuestra historia como otro día gris; rehenes de la tiranía trasladados, madres desesperadas, familias quebradas y periodistas detenidos.
Hoy, quienes están en el poder #SonLosMismos que… pic.twitter.com/WsWNQDnIM2
Por qué se habla del cierre de El Helicoide
El debate sobre el cierre de El Helicoide comenzó después de que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió el 30 de enero convertir el edificio en un centro social y deportivo.
La propuesta fue presentada en medio de una ley de amnistía para presos políticos, aprobada por el Parlamento controlado por el chavismo en febrero.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han advertido que no puede hablarse de cierre real mientras existan personas privadas de la libertad dentro del edificio o mientras no haya información clara sobre el destino de los detenidos.
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Qué dijo Justicia, Encuentro y Perdón
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón denunció el martes que El Helicoide seguía funcionando pese al anuncio de cierre realizado meses atrás.
En una publicación en X, la organización señaló que había al menos 25 presos políticos detenidos en esa sede.
También advirtió que detrás de cada cifra hay familias que esperan respuestas. Por eso, sostuvo que “no es posible considerar clausurado un espacio mientras existan ciudadanos privados de libertad en su interior”.
El planteamiento de la organización busca impedir que el cierre del edificio sea presentado como un hecho consumado si antes no se informa qué ocurrió con todas las personas recluidas.
Qué preocupa de los traslados penitenciarios
Un traslado penitenciario no es ilegal por sí mismo. Las autoridades pueden mover a personas privadas de libertad entre centros de detención por razones administrativas, judiciales o de seguridad.
El problema aparece cuando esos traslados se realizan sin notificar a familiares, abogados o defensores, sin informar el destino y sin garantizar acceso a defensa, salud y comunicación.
En contextos de presos políticos, organizaciones de derechos humanos suelen advertir que los traslados opacos pueden derivar en incomunicación, aislamiento o mayor vulnerabilidad ante abusos.
Por eso, las ONG piden información pública, acceso a familiares y abogados, y verificación independiente sobre el estado físico y jurídico de los detenidos.
Qué se sabe sobre los presos políticos en Venezuela
Las cifras sobre presos políticos en Venezuela varían según la organización que las documenta y el momento del registro.
Tras la ley de amnistía impulsada por Delcy Rodríguez, el Gobierno venezolano afirmó que cientos de personas fueron beneficiadas. Sin embargo, organizaciones como Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón han señalado que todavía quedan personas encarceladas por motivos políticos o vinculadas con causas de persecución.
El debate no se limita al número de detenidos. También incluye condiciones de reclusión, acceso a defensa, estado de salud, contacto con familiares y garantías de no repetición.
Qué papel tiene la ONU en las denuncias sobre El Helicoide
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU para Venezuela ha documentado violaciones graves de derechos humanos en el país, incluidas detenciones arbitrarias, tortura, violencia sexual, desapariciones forzadas y persecución política.
En sus informes, la Misión ha señalado patrones de represión y responsabilidad de estructuras estatales en violaciones cometidas contra personas consideradas opositoras o críticas del gobierno.
Estos antecedentes dan contexto a la preocupación de familiares y ONG cuando se reportan traslados sin información desde un centro señalado históricamente por abusos.
Qué piden los familiares y las ONG
Las organizaciones de derechos humanos piden que el Estado venezolano informe de inmediato cuántas personas fueron trasladadas, quiénes son, a dónde fueron llevadas y en qué condiciones se encuentran.
También exigen que se garantice comunicación con familiares y abogados, acceso a atención médica y respeto al debido proceso.
En términos prácticos, las ONG buscan evitar que los traslados se conviertan en una nueva forma de incomunicación o castigo.
Qué falta por confirmar
Hasta ahora, no hay una lista pública completa de personas trasladadas desde El Helicoide. Tampoco se conoce el número total de detenidos movidos ni los centros a los que habrían sido enviados.
Las autoridades venezolanas no han ofrecido una explicación detallada sobre el operativo ni han precisado si los traslados forman parte del cierre anunciado del edificio.
Por eso, la información debe presentarse con cautela: lo confirmado es la denuncia de las ONG, la suspensión de visitas reportada por familiares y la falta de claridad sobre el paradero de los detenidos.
Qué significa este episodio para Venezuela
La denuncia sobre traslados desde El Helicoide vuelve a colocar el tema de los presos políticos en el centro de la transición venezolana.
Si el Gobierno busca cerrar ese recinto y convertirlo en un espacio social o deportivo, las organizaciones insisten en que primero debe existir verdad, transparencia y respuesta para las víctimas.
El cierre físico de un edificio no resuelve por sí solo las denuncias de tortura, detenciones arbitrarias e incomunicación. Para familiares y defensores de derechos humanos, el punto central es saber dónde están los detenidos, en qué condiciones permanecen y qué garantías tendrán durante el proceso.
Mientras no haya información oficial completa, la preocupación seguirá abierta.