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Noroeste 12 Jun, 2026 05:01

Rendición de cuentas del Mundial: que no nos metan gol

El Mundial de Futbol comenzó y se celebra en un contexto político y geopolítico complejo, marcado por las tensiones entre México y Estados Unidos, la revisión del T-MEC, los conflictos entre Estados Unidos e Irán y desafíos sanitarios internacionales como los brotes de ébola en algunos países africanos. El torneo más grande del mundo también se da en un contexto en el cual existen señalamientos importantes tanto a la FIFA como al gobierno mexicano. Al primero, por los precios exorbitantes de los partidos. Al segundo, por buscar ser sede de un evento para el cual se requiere de una gran inversión cuando en el país hay muchas necesidades sociales que son apremiantes.

En ese sentido, el Gobierno federal otorgó más de 4 mil 500 millones de pesos a la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León para el desarrollo de la Copa Mundial cuya información pública disponible es limitada. Ante este escenario, la transparencia y la rendición de cuentas sobre los recursos públicos destinados al Mundial 2026 adquieren una importancia central. Más allá de la celebración deportiva, la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se ejercen los recursos públicos, cuáles son los costos reales del evento y qué beneficios concretos generará para el país.

El futbol es un deporte sumamente popular con reglas claras y sencillas, lamentablemente no ocurre igual con la rendición de cuentas de lo invertido para desarrollar esta copa del mundo. La Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León impulsaron fideicomisos para financiar la renovación de instalaciones públicas, mejorar el transporte y obras viales para el Mundial 2026; sin embargo, no existe información pública suficiente sobre los contratos, proveedores o el uso de recursos, lo que representa un obstáculo que favorece la cultura de la opacidad.

Por ejemplo, la Ciudad de México dispersa recursos para el Mundial a través del Fondo Mixto de Promoción Turística, que fue modificado con el fin de poder emitir certificados fiduciarios que posibilitan que haya inversión en infraestructura pública mediante recursos de privados, para que con ello se evite incurrir en deuda pública.

El problema de este tipo de mecanismos en los que participan entes privados, aun cuando un porcentaje de recursos sea público, es que existen riesgos de opacidad en el ejercicio de recursos públicos por figuras como el secreto fiduciario, una obligación legal de mantener en secreto toda la información, datos y operaciones relativas a los fideicomisos que administran, en razón de que están involucrados recursos privados.

Desde las organizaciones de la sociedad civil hemos insistido desde hace décadas en que la opacidad genera condiciones favorables para que ocurran actos de corrupción. Con opacidad no podremos saber si los recursos invertidos se destinaron a proyectos realmente necesarios. Pero no solo eso, los fideicomisos del Mundial permiten que actores privados tomen decisiones sobre recursos públicos sin claridad sobre quiénes participan, cómo se invierte el dinero y qué proyectos se financian.

Mientras tanto, muchas interrogantes en la sociedad mexicana han surgido a propósito de este magno evento que continúan sin responderse, ¿por qué no se había invertido antes en mejorar el Metro de la Ciudad de México? ¿Por qué se pintaron las vialidades de morado y después de amarillo y quién tomó esa decisión y asumirá la responsabilidad del doble gasto? ¿Cuánto costó que lo anterior sucediera? ¿Será permanente la inversión en obras de infraestructura para la movilidad?

Al igual que la Selección Mexicana, el gobierno muchas veces le ha quedado a deber a México; sin embargo, la afición no falla, es sumamente comprometida y sigue presente. De hecho, si existiera una competencia de aficiones nuestro país sería de los primeros lugares por su entusiasmo, alegría y tesón. Igualmente, la afición ha mostrado estar vigilante de cómo se gastan los recursos públicos en este tipo de eventos para que México no pierda el Mundial, pero de la rendición de cuentas de sus autoridades.

La autora es Anaid García Tobón, investigadora en el Programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar México.

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