Suiza ha rechazado en referéndum una de las propuestas más controvertidas de los últimos años: incorporar a la Constitución un límite máximo de 10 millones de habitantes de cara a 2050. La iniciativa, impulsada por el Partido Popular Suizo (SVP/UDC), pretendía frenar el crecimiento poblacional mediante un endurecimiento de la política migratoria y, en última instancia, cuestionaba uno de los pilares de la relación entre Berna y Bruselas: la libre circulación de personas.
El resultado final ha sido más ajustado de lo que muchos esperaban. Un 54,8% de los ciudadanos votó en contra de la medida, mientras que un significativo 45,2% la apoyó. El proyecto no prosperará, pero el elevado respaldo obtenido por sus defensores ha puesto de manifiesto que el debate sobre inmigración y capacidad de acogida seguirá ocupando un lugar central en la política suiza.
Transformación demográfica
El país alpino ha experimentado una transformación demográfica sin precedentes. En apenas dos décadas, su población ha pasado de 7,5 a 9,1 millones de habitantes. Buena parte de ese incremento se explica por la llegada de trabajadores procedentes de la Unión Europea gracias a los acuerdos bilaterales suscritos con Bruselas.
Actualmente, más de una cuarta parte de quienes viven en Suiza son extranjeros y, dentro de ese grupo, la mayoría procede de países comunitarios. Esta realidad ha contribuido a sostener una economía altamente especializada y necesitada de profesionales cualificados, pero también ha alimentado inquietudes entre una parte de la ciudadanía.
Los impulsores del referéndum centraron su campaña en problemas muy concretos y visibles para la población. El encarecimiento de la vivienda, la saturación del transporte público, los atascos o la percepción de que el desarrollo urbanístico amenaza los espacios naturales fueron algunos de los argumentos utilizados para defender la necesidad de poner límites al crecimiento.
Control migratorio y protección del entorno
Bajo el nombre de "iniciativa de la sostenibilidad", la propuesta trató de vincular el control migratorio con la protección del entorno y la calidad de vida. Sin embargo, el debate acabó polarizándose. Mientras los críticos acusaban al partido de recurrir a mensajes xenófobos y de alimentar el miedo hacia refugiados e inmigrantes, sus promotores insistían en que ignorar el malestar ciudadano supondría agravar los problemas existentes.
La victoria del "no" ha sido recibida con alivio por el Gobierno federal, el tejido empresarial, los sindicatos y la mayoría de fuerzas políticas. Todos ellos advirtieron durante la campaña de que imponer un techo constitucional a la población podía desencadenar consecuencias económicas y diplomáticas de gran alcance.
Suiza depende en gran medida del talento extranjero para mantener el funcionamiento de sectores estratégicos. Actividades como la sanidad, la hostelería o los cuidados presentan una fuerte presencia de trabajadores llegados del exterior. En un país con una natalidad en mínimos históricos y una población cada vez más envejecida, cerrar el acceso a nuevos profesionales habría supuesto un desafío añadido para cubrir puestos esenciales.
A ello se suma el delicado equilibrio que mantiene Berna con la Unión Europea. Aunque Suiza no forma parte del bloque comunitario, disfruta de acceso al mercado único gracias a una compleja red de acuerdos bilaterales. La libre circulación constituye una pieza fundamental de ese entramado y su ruptura podría haber puesto en peligro unas relaciones comerciales de enorme importancia para la economía helvética.
La UE es el principal socio comercial del país y absorbe aproximadamente la mitad de sus exportaciones. En un contexto internacional marcado por la incertidumbre geopolítica y las tensiones comerciales, muchos votantes interpretaron que asumir ese riesgo podía resultar contraproducente.
Advertencia para las instituciones
No obstante, el resultado también encierra una advertencia para las instituciones. Casi uno de cada dos suizos considera que el actual ritmo de crecimiento demográfico genera tensiones que requieren respuestas políticas más ambiciosas.
El propio Ejecutivo ha reconocido que el mensaje lanzado desde las urnas no puede ignorarse. El responsable de Justicia, Beat Jans, aseguró que el Gobierno toma en serio las preocupaciones expresadas por quienes respaldaron la iniciativa y recordó que ya se están impulsando medidas relacionadas con la vivienda y las infraestructuras para adaptarse a la nueva realidad del país.
El rechazo al límite poblacional evita un cambio constitucional sin precedentes y preserva, por ahora, el modelo que ha convertido a Suiza en una de las economías más competitivas del mundo. Sin embargo, también evidencia que la inmigración seguirá siendo uno de los asuntos más sensibles del debate público.
La consulta ha dejado una conclusión clara: la mayoría de los suizos continúa viendo en la apertura y la cooperación con Europa una garantía de estabilidad y prosperidad. Pero el elevado apoyo obtenido por la propuesta demuestra que el equilibrio entre crecimiento económico, cohesión social y capacidad de acogida será uno de los grandes desafíos que el país deberá afrontar en los próximos años. @mundiario