A la administración de Gustavo Petro le quedan 46 días y, desde ya, salen a la luz algunos retos fiscales que tendrá que enfrentar el próximo gobierno encabezado por el presidente electo Abelardo De La Espriella. De acuerdo con el último informe del think tank Anif, el equipo económico del abogado tendrá que establecer consensos entre los diferentes actores económicos para ejecutar ajustes que permitan sanear las finanzas públicas.

Esto se debe a que, según explicó el centro de pensamiento, el escenario planteado por el Ejecutivo en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, Mfmp, dependerá en gran medida de la ejecución del presupuesto. Solo entre enero y mayo de este año, los recursos comprometidos del Presupuesto General de la Nación han subido 18.1% en términos nominales: de mantenerse esa senda y no rezagar el gasto para la siguiente vigencia, Anif advirtió que el déficit primario podría superar 4% del PIB.

“Por el contrario, si el Gobierno quiere cumplir con la desviación permitida por el Confis bajo la cláusula de escape de la regla fiscal, que permite máximo un déficit primario de 2.1% del PIB, se deberían rezagar al menos 63 billones de pesos colombianos, los cuales se tendrían que pagar en el 2027, heredando el problema a la nueva administración”, agregó.

A este factor de riesgo se suman las operaciones de deuda con las que el Ejecutivo buscaría reducir hasta un punto del PIB en ahorro de intereses. Frente a este factor, el centro de pensamiento advirtió que existe un gran riesgo de que esto no se pueda efectuar por las dificultades de caja que enfrenta la Nación, con lo cual el pago de intereses subiría hasta 4.2% del PIB frente a 3.2% del PIB estimado por el Gobierno. De esta forma, el déficit fiscal alcanzaría 7.2% del PIB.

Este conjunto de factores pone al país en una “disyuntiva compleja en cuanto a asumir los costos del ajuste fiscal este año o trasladar la carga para 2027 (...) con el riesgo de que las medidas requeridas en el futuro sean aún más exigentes”, dijo Anif.

Pese a que el Ejecutivo propone ajustar el déficit con una nueva reforma tributaria de 30.2 billones de pesos, el centro de pensamiento advirtió que las medidas de menor éxito son las de menor gasto, objetivo hacia el que debe trabajar la siguiente administración.

En detalle, postuló enviar señales contundentes sobre los compromisos del Gobierno por la austeridad y sostenibilidad de las finanzas públicos, lo que “puede tener efectos positivos en los costos de la deuda, apreciación del tipo de cambio y mejoras en la calificación crediticia”.

Anif enfatizó en que se necesita hacer un ajuste fiscal principalmente con recortes en gasto público y, aunque hay bastante inflexibilidad por cuenta de que 81% de los rubros son de transferencias corrientes de orden legal, el Gobierno aún tiene espacio para restar desde otras orillas. “Es importante que el Gobierno entrante comience desde este año a ejecutar medidas de ajuste fiscal, de manera que logre retomar la regla fiscal como lo exige la ley y recupere credibilidad fiscal que le permita al país recuperar el grado de inversión”.

El ajuste fiscal estimado a ejecutar en los próximos años es de 53 billones de pesos, equivalentes a 3 puntos del PIB, para lo cual se requiere una combinación de austeridad, reforma al gasto y políticas para reactivar la inversión y la productividad. Anif propuso racionalizar el gasto de funcionamiento, mediante la reducción de la nómina pública congelando y eliminando cargos y la revisión de bonificaciones y esquemas de contratación; así como reducir los rubros discrecionales con el recorte de contratos por prestación de servicios y la eliminación gradual de subsidios a los combustibles.

“También se enfatiza la necesidad de revisar la estructura de subsidios y mejorar la focalización del gasto social mediante cruces de bases de datos. El impacto de estas medidas de ajuste podría ascender los 0.7 puntos del PIB (14 billones pesos)”, apuntó.

Con respecto al gasto de inversión, estableció que se requieren medidas para mejorar la eficiencia, teniendo en cuenta que no todo lo que se destina actualmente es Capex: de cada 100 pesos comprometidos en inversión, solo 35 son para inversión productiva”. Por eso, se requiere evaluar los programas con baja ejecución y recordar la inversión no comprometida en aras de eliminar duplicidades.

Anif agregó que “dada la magnitud del ajuste fiscal requerido, una vez se realicen ajustes significativos en el gasto, se debe considerar una reforma tributaria estructural enfocada en ampliar la base tributaria y reducir la evasión”. Entre las posibilidades para alcanzar este fin se encuentran la disminución del umbral para declarar renta de personas naturales, la racionalización de beneficios y rentas exentas y la eliminación de tratamientos tributarios preferenciales, así como el aumento de la progresividad de la tributación de pensiones. De hacerlo, se ajustarían cerca de 12 billones de pesos.

Desafíos

Y es que el siguiente gobierno recibirá una economía que mantiene señales de crecimiento, pero enfrenta importantes retos en materia fiscal, inflación, inversión e informalidad.

La actividad económica creció 2.2% en el primer trimestre, impulsada principalmente por la administración pública, el comercio y las actividades de entretenimiento. Sin embargo, sectores como la construcción, las actividades extractivas y el agro muestran un menor dinamismo, mientras la inversión registra niveles mínimos de las últimas dos décadas.

Uno de los principales desafíos será controlar la inflación. El indicador anual llegó a 5.68% en abril y los analistas proyectan que cierre el año en 6.45%, lejos de la meta del Banco de la República.

Ante este panorama, el Emisor elevó su tasa de interés de 9.25% a 11.25%, en un intento por contener las presiones inflacionarias y moderar el consumo. El nuevo mandatario también tendrá el reto de recomponer la relación entre el Ejecutivo y el banco central tras las tensiones registradas durante los últimos años.

En materia fiscal, el panorama es aún más complejo. El déficit cerró 2025 en 6.4% del PIB, uno de los niveles más altos de la historia reciente, mientras la deuda externa continúa por encima de 50% del tamaño de la economía.

Los expertos coinciden en que será necesario revisar el gasto público y mejorar la eficiencia estatal para recuperar el equilibrio de las finanzas públicas.