El Plan México cumplirá, en febrero de 2027, dos años de existencia. Su meta emblemática es que la inversión represente un 25% del PIB a lo largo de 2026. Los datos del Banco de México, correspondientes al primer trimestre de este año, ubican ese indicador en 21.2%. La brecha es de 3.8 puntos porcentuales, que en términos monetarios equivalen a aproximadamente 1.35 billones de pesos que tendrían que sumarse a lo invertido en esos tres meses para que la economía siquiera rozara la meta en ese período. Para lograrlo, la inversión tendría que crecer 17.9% adicional sobre lo que efectivamente se registró. El problema es que no se percibe que el ambiente vaya a mejorar de manera diametral de manera tal que se logre un dinamismo de esa magnitud.
La trayectoria es igualmente reveladora. La inversión alcanzó su nivel más elevado en el cuarto trimestre de 2024, cuando representó 24.5% del PIB, impulsada en buena medida por el gasto público de la administración saliente en infraestructura. A partir de ahí, la caída ha sido sostenida. El primer trimestre de 2025 cerró en 22.7%, el segundo en 22.3%, el tercero, ya con el Plan México plenamente operativo, en 22%, y el cuarto trimestre se recuperó mínimamente a 23%, para caer nuevamente en el arranque de 2026 al nivel más bajo desde los trimestres de 2021, cuando la economía todavía absorbía el impacto de la pandemia. La inversión privada, que representa 84.6% del total, retrocedió 5.6% en términos reales anuales entre el primer trimestre de 2025 y el primero de 2026. El sector que tendría que ser el principal motor del Plan México sencillamente está contrayendo sus compromisos de capital.
El gobierno no ha carecido de narrativa. Desde la publicación del plan, en febrero de 2025, la retórica oficial ha dado cuenta de mesas de coordinación, ventanillas de facilitación, compromisos empresariales y una arquitectura institucional que en papel cubre desde la simplificación de trámites hasta los incentivos fiscales para relocalización. Lo que los datos no confirman es que esa maquinaria haya producido el efecto buscado. La inversión se mueve por expectativas, y las expectativas se forman sobre certidumbre institucional, predictibilidad regulatoria y confianza en que las reglas del juego no cambiarán de manera unilateral. En este contexto, no puede dejar de señalarse el enorme daño que ha provocado sobre el ambiente económico, la terquedad de impulsar una reforma judicial que más que un beneficio para la sociedad ha provocado un entorno con elevada incertidumbre, que a su vez se ha traducido en una economía simplemente estancada.
La eliminación del sistema de carrera judicial y la introducción de la elección popular de ministros, magistrados y jueces generaron una ruptura con los estándares internacionales de independencia jurídica que ningún discurso de inversión puede compensar. Los inversionistas nacionales y extranjeros evalúan sus proyectos bajo un horizonte de varios años y con contratos que en algún momento podrían llegar a un tribunal. Cuando el poder arbitral del Estado deja de ser predecible, el costo del riesgo jurídico se incorpora a la tasa de descuento, y los proyectos que antes eran marginalmente viables dejan de serlo. Eso no lo resuelve ningún plan sectorial, por más detallado que sea.
A este diagnóstico se suma una perspectiva a corto plazo que tampoco invita al optimismo. Algunos indicadores de actividad industrial sugieren que abril registró una ligera recuperación respecto a los primeros meses del año. Sin embargo, hay analistas que advierten que mayo volvió a mostrar menor dinamismo, lo que refuerza la idea de que el panorama continúa siendo errático y sin una tendencia clara de aceleración. Si eso se confirma en los datos duros del segundo trimestre, la meta del 25% no solo será difícilmente alcanzable en el promedio del año: será estadísticamente imposible sin un viraje de política que hoy no está sobre la mesa.
Hay una condición necesaria para que cualquier política de inversión funcione en México, y el gobierno se ha negado a reconocerla: la reforma judicial es un factor pernicioso para la actividad económica. No es la única variable, pero es la que ha generado mayor incertidumbre sistémica desde que fue aprobada. Mientras esa premisa no sea asumida con franqueza por la administración, el Plan México seguirá siendo, más que una hoja de ruta, un inventario de metas incumplidas.