La Audiencia Nacional estrecha el cerco sobre las presuntas maniobras de Ferraz tras citar el juez Santiago Pedraz a la antigua cúpula de la Fiscalía General por el 'caso Leire Díez'. El magistrado interrogará el próximo 15 de julio como testigos a Diego Villafañe, quien fuera mano derecha del exfiscal general, y a la fiscal Beatriz López.

Ambos deberán explicar la naturaleza y el contenido de las dos reuniones secretas que mantuvieron en la sede de la calle Fortuny con el abogado Jacobo Teijelo y la propia “fontanera” socialista. De momento, Pedraz congela la citación del exfiscal general Álvaro García Ortiz, condicionando su comparecencia a lo que revelen sus subordinados sobre este supuesto intento de sabotear las investigaciones que cercaban al PSOE y al Gobierno.

La decisión del magistrado supone un movimiento significativo porque desplaza el foco desde las grabaciones y los mensajes conocidos hasta el funcionamiento interno de la Fiscalía General del Estado. El objetivo ya no es únicamente determinar si existieron contactos entre la trama y miembros de la institución, sino reconstruir qué información circuló dentro de la cúpula fiscal, quién tuvo conocimiento de ella y qué decisiones se adoptaron después.

Los citados para declarar el próximo 15 de julio son Diego Villafañe, entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica y actualmente destinado en la Fiscalía del Tribunal Supremo, y Beatriz López Pesquera, hoy fiscal de la Audiencia Nacional. Ambos participaron en las reuniones celebradas con Jacobo Teijelo, abogado vinculado a la investigación, quien fue acompañado por Leire Díez a las reuniones.

Fue la propia Fiscalía General la que confirmó ante el juez que esas reuniones existieron. Según la versión oficial remitida al procedimiento, el primer encuentro tuvo lugar el 6 de marzo de 2025 y el segundo unas semanas después, entre finales de marzo y principios de abril. En ambos casos, Teijelo expuso a los fiscales hechos que, según sostuvo, podían tener relevancia penal sobre los jueces e investigadores involucrados en las causas contra el Gobierno, mientras que Leire Díez fue presentada como “una compañera de despacho” del abogado y tuvo, según la institución, una “intervención menor”.

Sin embargo, precisamente ese relato oficial es el que las acusaciones populares consideran insuficiente. A su juicio, las explicaciones ofrecidas por la Fiscalía dejan numerosas incógnitas abiertas: qué información concreta se trasladó durante aquellas reuniones, si se aportó documentación, qué valoración realizaron los fiscales presentes y por qué.

Ese es el motivo por el que el juez ha aceptado escuchar primero a los protagonistas directos antes de decidir si resulta necesario ampliar las diligencias. De lo que manifiesten Villafañe y López Pesquera dependerá, en buena medida, el siguiente paso procesal: citar o no al exfiscal general del Estado.

La posición de Álvaro García Ortiz resulta especialmente relevante porque la propia Fiscalía reconoció que él fue informado de ambos encuentros una vez celebrados. Según esa versión, el entonces máximo responsable del Ministerio Público no dio instrucciones sobre ellos y ninguna actuación posterior derivó de aquellas conversaciones.

No obstante, las acusaciones pretenden comprobar si ese conocimiento fue realmente tan limitado como sostiene la institución. Por ello solicitan que el exfiscal general explique “si tuvo conocimiento, directo o indirecto” del contenido de las reuniones, cuándo fue informado y qué instrucciones pudo impartir respecto al tratamiento de la información recibida.

La investigación gira alrededor de una cuestión esencial: si aquellas reuniones fueron simples contactos informativos o formaban parte de una estrategia más amplia para influir y sabotear los procedimientos judiciales sensibles para el entorno socialista.

Según las diligencias de la causa sobre las presuntas cloacas del PSOE, algunas de las iniciativas impulsadas desde la denominada trama de intermediación política pretendían desacreditar o presionar a investigadores, fiscales y jueces que intervenían en procedimientos especialmente delicados para el Gobierno.

Entre ellos figuraban escritos relacionados con el caso Koldo y la denuncia coordinada por la propia exmilitante socialista Leire Díez —quien anotó en su agenda el objetivo explícito de “destruir” el procedimiento en Badajoz—. Esta maniobra fue ejecutada formalmente a través del exjuez Luis José Sáenz de Tejada (expulsado de la carrera judicial tras ser condenado por violencia de género), quien mantenía rencillas personales contra la magistrada Beatriz Biedma. Biedma es la instructora de la causa penal que afecta a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por presunta contratación fraudulenta en la Diputación de Badajoz.

En este contexto, el contenido de las reuniones adquiere un evidente interés procesal. No solo porque pudieron servir para poner en conocimiento de la Fiscalía determinadas denuncias, sino porque permitirán comprobar cuál fue la reacción institucional y si existió algún tratamiento singular respecto a esa información.

Otro elemento que ha llamado la atención durante la instrucción es la ausencia de registros oficiales de visitas en la sede de la Fiscalía General del Estado, situada en la calle Fortuny de Madrid. La propia institución reconoció al juez que no existe un sistema que permita reconstruir documentalmente quién accedió al edificio y cuándo lo hizo.

Precisamente por ello, las acusaciones también solicitaron la declaración del responsable de seguridad de la sede para conocer qué mecanismos de control existían y si podían conservarse registros indirectos de aquellas visitas. Sin embargo, Pedraz ha decidido dejar igualmente esa comparecencia pendiente hasta escuchar primero a los fiscales.

La misma cautela aplica respecto a la fiscal Ana Isabel García León, jefa de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Su declaración en calidad de testigo también había sido solicitada por la acusación popular (liderada por el PP) para aclarar la tramitación que siguieron algunos escritos relacionados con esta investigación.

Sin embargo, los informes policiales de la UCO revelan que la actuación de García León funcionó en realidad como un “muro de contención” institucional. Las intervenciones telefónicas interceptadas a la red reflejan la profunda frustración y enfado de los miembros de la trama de Leire Díez, quienes se quejaban de que la fiscal enviaba directamente “a la papelera” todas las denuncias instrumentales que orquestaban para intentar apartar o recusar a la magistrada Beatriz Biedma.

El magistrado Santiago Pedraz ha decidido posponer y dejar en suspenso la citación de García León, supeditándola estrictamente a lo que revelen en primer lugar los fiscales subordinados citados. @mundiario