Trump quiere expulsar a millones de los Estados Unidos. Su administración, muchas veces acompañada por la mayoría conservadora de 6-3 en la Suprema Corte, está levantando una arquitectura legal y metalegal para hacer más difícil llegar, entrar, quedarse, estudiar, trabajar, pedir asilo o volverse ciudadano.
Trump siempre estira la liga y muchas veces no le importa que esta se rompa. La Corte Suprema le ha cumplido muchos caprichos; sin embargo, le acaba de marcar un límite al rechazar su intento de eliminar la ciudadanía por nacimiento, reconocida por la Decimocuarta Enmienda desde hace más de 150 años.
Trump quería llevar la expulsión hasta la sala de parto. Su decreto buscaba condicionar la ciudadanía de niños nacidos en Estados Unidos cuando sus padres fueran indocumentados o tuvieran estatus temporal. Así buscaba redefinir quién puede ser considerado parte de la nación desde el primer día de vida.
Este límite no borra el resto de la ofensiva encabezada por Trump y su racista en jefe Stephen Miller. El efecto práctico de muchas medidas se concentra en personas de América Latina, el Caribe, África, Medio Oriente y Asia: migrantes de países mayoritariamente no blancos.
Las tarjetas rojas se buscan por todas partes.
Ataque al derecho de asilo: con el regreso del “metering”, los solicitantes pueden ser bloqueados antes de cruzar formalmente la puerta. El derecho existe en el papel, pero se vuelve casi imposible ejercerlo.
Quienes huyen de violencia, persecución o colapso institucional quedan esperando del lado mexicano, atrapados entre burocracia, miedo y vulnerabilidad.
Desmontaje de protecciones humanitarias: destruye el Estatus de Protección Temporal, que ha permitido a haitianos, sirios y otros grupos vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos mientras sus países enfrentan crisis graves; queda anulado.
Lo mismo ocurre con el parole humanitario para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Personas que entraron por una vía autorizada pueden dejar de estar protegidas y en claro riesgo de deportación.
Deportación rápida: La expansión del expedited removal reduce tiempos, audiencias y oportunidades reales de defensa. Convierte decisiones de enorme impacto humano en procedimientos veloces y opacos.
Para un migrante pobre, sin abogado, sin inglés y sin redes, la diferencia entre justicia y expulsión puede ser cuestión de horas.
Alien Enemies Act: una ley de 1798 pensada para contextos de guerra, como herramienta migratoria. Convertir al migrante en “enemigo” no sólo acelera expulsiones, sino que también cambia la visión.
Ya no se trata de administrar flujos migratorios, sino de tratar por su origen a ciertas personas como amenaza de seguridad nacional.
Dilución del refugio: el programa de admisión de refugiados se suspende, se reduce o se reorienta según criterios políticos.
El mensaje es duro: ya no basta con huir de una guerra, una dictadura o una persecución; también hay que pasar por el filtro ideológico y racial de una administración que sesgadamente decide quién merece compasión.
Restricciones por nacionalidad: nuevas prohibiciones de viaje y filtros de entrada afectan sobre todo a países de mayoría musulmana, africana, árabe o pobre.
Se presentan bajo el disfraz de criterios de seguridad, pero funcionan como un mapa de sospecha: ciertos pasaportes pesan más, ciertos nombres levantan más alertas, ciertos rostros parecen entrar siempre con presunción de culpa.
Revocación de visas a estudiantes y activistas. Quitar visas a estudiantes extranjeros por expresiones políticas —particularmente en torno a Palestina— introduce una advertencia brutal: puedes ir a estudiar, pero no necesariamente decirlo fuerte y claro.
La universidad americana, uno de los grandes imanes del planeta, se vuelve espacio condicionado por vigilancia migratoria e intimidación política.
Medidas tecnológicas: Cuerpos estatales como ICE y CBP amplían reconocimiento facial, drones, bases de datos, inteligencia artificial y herramientas de vigilancia.
La migración deja de ser sólo una fila en la frontera; se convierte en un sistema permanente de rastreo. La persona migrante no sólo debe probar que merece entrar: debe vivir bajo sospecha.
El maltrato como política. Qué malos anfitriones. El Mundial lo mostró con claridad. Mientras México ha recibido visitantes con ruido, caos, fiesta, comida, hospitalidad y abrazos, Estados Unidos convirtió el torneo en extensión de su paranoia problanca.
Al equipo de Irán le complicó la vida sacándolo a Tijuana, entrada con retrasos y bloqueos de visas para miembros de su delegación. Y a un árbitro somalí se le impidió entrar por razones de “seguridad nacional”. La FIFA decía que todos serían bienvenidos. La realidad no fue así.
Lo absurdo es que, mientras Trump cierra puertas, empresas, fabricantes, agricultores y empleadores advierten que necesitan más migración, no menos. Estados Unidos rechaza migrantes con una mano y los necesita con la otra.
La actuación arbitral es clara: convertir la llegada y permanencia de extranjeros en un sistema de filtros, sospechas, castigos y expulsiones. Si Trump fuera árbitro, no tendría manos suficientes para sacar todas las tarjetas rojas que su proyecto implica.
