Mientras los estadounidenses celebran los 250 años de la fundación de la república, el Tribunal Supremo reafirmó el principio de la ciudadanía por nacimiento frente al intento del presidente Donald Trump de cambiarlo mediante una orden ejecutiva.
Con una votación de 6 a 3, el alto tribunal anuló la orden ejecutiva de Trump que pretendía negar la ciudadanía estadounidense a los hijos nacidos en Estados Unidos de personas que se encuentran en el país de manera ilegal o con visas temporales. La mayoría de los magistrados determinó que la orden ejecutiva era incompatible con la Decimocuarta Enmienda y con la interpretación que durante más de un siglo han mantenido los tribunales federales.
Un pilar del orden constitucional
La Decimocuarta Enmienda, que se ratificó en 1868, tres años después de la Guerra Civil, estableció claramente que toda persona nacida en territorio estadounidense, salvo contadas excepciones reconocidas por la ley, es ciudadana de Estados Unidos. Los tribunales han respaldado ese criterio desde entonces, y la enmienda constituye uno de los pilares del orden constitucional estadounidense.
La Decimocuarta Enmienda se creó específicamente para proteger a los esclavos liberados y a sus hijos después de la Guerra Civil, garantizando que cualquier persona nacida en Estados Unidos fuera ciudadana de manera automática, lo que se conoce como ciudadanía por nacimiento. De esa manera, la enmienda revocó una decisión del Tribunal Supremo de 1857, según la cual los afroamericanos no podían ser ciudadanos.
Además, la enmienda de 1868 prohibió a los estados privar a cualquier persona de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal. Y aseguró que los estados no pudieran crear leyes que limitaran los derechos de los nuevos ciudadanos libres y de sus descendientes.
La Decimocuarta Enmienda es el fundamento jurídico de los derechos civiles modernos en Estados Unidos. Con su Cláusula de Protección Igualitaria, los tribunales extendieron sus garantías originales de los afroamericanos a otras minorías.
Entre sus efectos beneficiosos están, por ejemplo, el dictamen de que los estados no pueden negar la educación pública gratuita a los niños inmigrantes indocumentados. También se invocó en 2015 para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, declarando que prohibir esa unión violaba la igualdad ante la ley. La Decimocuarta Enmienda se usó asimismo para anular leyes que trataban a las mujeres de forma distinta a los hombres en ámbitos como el empleo y las herencias, y fue esencial para desmantelar la segregación racial en las escuelas públicas, y para legalizar los matrimonios interraciales.
El deseo de Trump de eliminar el principio de la ciudadanía por nacimiento, garantizado por la Decimocuarta Enmienda, forma parte de su política contra la inmigración, una política que tiene un fuerte componente racista.
Trump sostiene que los hijos de inmigrantes que permanecen ilegalmente en el país o que se encuentran con visas temporales no deberían beneficiarse de la ciudadanía por nacimiento. Sus argumentos encuentran respaldo entre quienes desean que la inmigración irregular se combata con mayor firmeza. Muchos de estos individuos que se oponen a la inmigración suscriben postulados racistas y xenófobos que ignoran que los cambios demográficos no responden a un complot deliberado, sino a dinámicas complejas, como el envejecimiento de la población y la globalización.
La necesidad de la inmigración
Sin la inmigración, las sociedades que afrontan un declive del índice de natalidad entrarían en una crisis aguda. No tendrían suficientes personas para cubrir puestos laborales vacantes, para atender a enfermos y ancianos, para aportar con su trabajo y sus impuestos los fondos necesarios para mantener programas sociales. Pero Trump y su base MAGA (Hacer a Estados Unidos grande de nuevo) tienen sus propias convicciones sobre la inmigración, alejadas de la realidad.
No obstante, una convicción política, por fuerte que sea, no basta para modificar un mandato constitucional. Ahí radica la importancia de la reciente decisión de la Corte Suprema. La decisión no resuelve el problema migratorio ni pretende hacerlo. Lo que establece es que en la democracia estadounidense hay límites que ningún presidente puede pasar por alto.
Los que deseen eliminar o restringir la ciudadanía por nacimiento disponen de mecanismos democráticos para intentarlo. Pueden promover una reforma constitucional. Pero lo que no pueden hacer es utilizar una orden ejecutiva para anular un derecho recogido en una enmienda, la decimocuarta, cuya interpretación ha permanecido estable durante más de un siglo. @mundiario
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