Durante más de una década, las comunidades autónomas han acumulado una pesada carga financiera que limita su capacidad para invertir, afrontar nuevos servicios públicos y responder ante futuras crisis. Ahora, un escenario planteado por S&P Global Ratings apunta a un posible giro de calado: la combinación de una condonación parcial de la deuda autonómica y una reforma del sistema de financiación permitiría reducir hasta en un tercio el peso de los pasivos regionales sobre sus ingresos.
El cambio no sería menor. Las autonomías más endeudadas pasarían de convivir con niveles de deuda considerados difíciles de sostener a disponer de un margen presupuestario mucho mayor. Según las estimaciones de la agencia, si ambas medidas se aplicaran, el endeudamiento de las comunidades podría situarse por debajo del 90% de sus ingresos operativos anuales en 2028, frente a ratios que en algunos territorios superarían ampliamente el 140% si todo continúa como hasta ahora.
La diferencia entre ambos escenarios refleja hasta qué punto las decisiones políticas que se adopten en los próximos meses pueden marcar la salud financiera de las administraciones regionales durante la próxima década. Sin reformas, las comunidades apenas ganarían capacidad para generar ahorro y seguirían dependiendo de una deuda creciente para mantener sus políticas públicas. Con cambios estructurales, podrían recuperar parte del margen perdido.
La Comunidad Valenciana y Cataluña, en el centro del debate financiero
La situación afecta especialmente a las autonomías con mayores necesidades de financiación. La Comunidad Valenciana y Cataluña concentran casi la mitad de las necesidades financieras del conjunto regional, con aproximadamente el 27% y el 21%, respectivamente. La Comunidad Valenciana y Murcia también aparecen entre los territorios donde más ha aumentado la deuda en los últimos años, con incrementos del 26% y del 37% en el último lustro.
La eventual condonación impulsada por el Ministerio de Hacienda supondría que el Estado asumiera más de 80.000 millones de euros de deuda acumulada por las comunidades de régimen común. La medida busca compensar parte del endeudamiento extraordinario generado durante la crisis económica de 2009 a 2013, cuando la caída de ingresos llevó a muchas autonomías a recurrir a mecanismos estatales de liquidez.
Pero la propuesta se ha convertido en uno de los grandes focos de disputa política. Las comunidades gobernadas por el Partido Popular rechazan la quita porque consideran que beneficia especialmente a Cataluña y la vinculan a los acuerdos políticos que permitieron la formación del actual Gobierno. Esa oposición complica una reforma que requiere una mayoría absoluta en el Congreso para modificar la normativa de financiación autonómica.
Un nuevo modelo para repartir más recursos
La segunda gran pieza del cambio sería la reforma del sistema de financiación autonómica, pendiente desde 2014. El planteamiento del Ministerio de Hacienda contempla aumentar los recursos disponibles para las comunidades con una inyección adicional de 21.000 millones de euros anuales.
El nuevo modelo elevaría la financiación repartida entre las autonomías hasta 224.507 millones de euros en 2027 y reforzaría su autonomía fiscal. Entre otras medidas, aumentaría su participación en la recaudación del IRPF y del IVA, además de ampliar los ingresos procedentes de determinados impuestos cuya gestión pasaría a tener mayor peso regional.
Para S&P, el impacto de estas reformas dependerá de cómo utilicen las comunidades ese nuevo margen financiero. El alivio de la deuda no garantizaría por sí solo unas cuentas más saneadas: si los nuevos recursos se destinan completamente a aumentar el gasto corriente, el efecto sobre la solvencia sería mucho menor.
El posible cambio de escenario llega además en un momento de transición para las finanzas autonómicas. La desaparición del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea obligará a las comunidades a ajustar su ritmo inversor. Algunas aún mantienen niveles de ejecución reducidos de los fondos asignados, lo que aumenta la presión para acelerar proyectos antes del cierre del programa.
A partir de 2027, la menor llegada de fondos europeos podría moderar la inversión pública y contribuir a reducir los déficits regionales, aunque también limitará la capacidad de las autonomías para mantener el actual ritmo de gasto inversor con recursos propios.
En definitiva, el análisis de S&P dibuja una posible salida para uno de los problemas estructurales de la economía española: el elevado endeudamiento autonómico. La quita y la reforma de la financiación podrían transformar la posición financiera de muchas comunidades, pero el desenlace dependerá de una variable que hasta ahora ha sido la más difícil de resolver: el acuerdo político. @mundiario