Organizaciones civiles que acompañan a los familiares de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 criticaron la atracción que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para revisar la legalidad de una Comisión de la Verdad, pues acusaron que esto retrasará todavía más el cumplimiento de una sentencia y contraviene el principio de seguridad jurídica.
Los centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y De la Montaña Tlachinollan, Servicios y Asesoría para la Paz y Fundar, Centro de Análisis e Investigación criticaron, además, que la Consejería Jurídica de la Presidenta Claudia Sheinbaum haya hecho suyas cuatro revisiones extraordinarias promovidas por el Gobierno del ex Presidente Enrique Peña Nieto para impugnar la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Décimo Noveno Circuito que ordenó la creación de la "Comisión para la Investigación y la Verdad en el Caso Iguala" en 2018, con lo cual la SCJN aceptó revisar el caso.
"La decisión de la Suprema Corte difícilmente contribuirá a acelerar el acceso a la verdad y la justicia; por el contrario, prolonga la incertidumbre jurídica sobre una resolución relevante para el caso, a la vez que los obstáculos identificados en la investigación persisten, como la opacidad de las Fuerzas Armadas ante la negativa a entregar la información de inteligencia faltante y los pendientes en las extradiciones prioritarias, en particular la del entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC)", indicaron en un comunicado.
Las organizaciones aseguraron que este criterio avala una revisión sin un fundamento legal, lo que podría generar incertidumbre sobre la firmeza de las sentencias definitivas.
"Más allá de este caso, la decisión de atraer estos asuntos plantea serios cuestionamientos en materia de seguridad jurídica y cosa juzgada, pues permite revisar una sentencia definitiva dictada hace ocho años. Esta revisión extraordinaria no está prevista expresamente en la Constitución ni en la Ley de Amparo y, en los hechos, implica una revisión de una sentencia firme emitida en un amparo en revisión. Ello genera incertidumbre sobre la firmeza de las resoluciones judiciales y debilita la certeza que deben brindar las sentencias definitivas", agregaron.
A solicitud de la Presidencia y sin discusión, la Corte avaló por unanimidad de ocho Ministros, menos la Ministra Sara Irene Herrerías que se declaró impedida de votar, atraer a revisión si debe o no instalarse la Comisión para la Verdad del Caso Ayotzinapa, cuya creación es considerada por la Fiscalía General de la República (FGR) como un "atentado al debido proceso".
Dicha comisión fue ordenada el 4 de junio de 2018 cuando el Primer Tribunal Colegiado con sede en Reynosa, Tamaulipas, concluyó que se debería reponer la investigación del caso Ayotzinapa ante las graves irregularidades detectadas, ordenando ya que la investigación presentada como la "verdad histórica" por parte de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.
La comisión estaría integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación, pero sólo las dos primeras decidirán las líneas de investigación y las pruebas que deberán desahogarse, de acuerdo con el fallo judicial.
"Debido a que en México, lamentablemente no contamos con una Fiscalía independiente, se considera que el mecanismo a implementar en el caso concreto, a fin de contrarrestar y superar los defectos en la investigación", indicó el fallo del Tribunal Colegiado.
El 26 de enero pasado, en cumplimiento a esa sentencia de amparo, el Tribunal Colegiado de Apelación de Tamaulipas requirió a Ernestina Godoy, titular de la nueva FGR, y a los padres de los 43 normalistas, para que nombren a sus representantes ante el nuevo organismo, pero la Fiscalía manifestó que existe la imposibilidad jurídica de designar a su representante en la nueva comisión y solicitó a la Corte ejercer su facultad de atracción para resolver este asunto en forma inapelable.
La Fiscalía sostiene que designar agentes a fin de que integren la Comisión "implicaría un rompimiento de la unidad ministerial para ejercer facultades no previstas en la Constitución General y las leyes que rigen el actuar del Ministerio Público de la Federación".
Las organizaciones civiles, en cambio, criticaron el nuevo retraso que supone la revisión que hará la Corte, así como la afectación al principio de seguridad jurídica al revisar una sentencia de un tribunal federal en un caso que está por cumplir ya 12 años sin ser resuelto.
"Esta decisión permite reabrir la discusión sobre el alcance de una resolución firme que no sólo desmontó la versión de la llamada 'verdad histórica' en sede judicial nacional, sino que abrió la oportunidad de crear un mecanismo de investigación extraordinario, con la participación de la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las víctimas", acusaron.