La investigación judicial sobre la presunta trama destinada a neutralizar las causas penales que afectan al PSOE y al Gobierno ha incorporado este martes una de las declaraciones más esperadas. Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García durante el denominado caso mascarillas, compareció como investigada ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz para responder a las acusaciones formuladas por la empresaria Carmen Pano.
De la Hoz sostuvo que nunca cobró del PSOE por defender a García, nunca trabajó para el partido y jamás intentó comprar el silencio o modificar el testimonio de la empresaria que aseguró haber llevado 90.000 euros en efectivo a la sede socialista de la calle Ferraz. La declaración supone un choque frontal con la versión sostenida tanto por Pano en sede judicial como por los informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Uno de los aspectos más sensibles de la comparecencia giró en torno a la financiación de la defensa judicial del asesor ministerial. Según fuentes jurídicas, De la Hoz negó de forma categórica que el PSOE sufragara sus honorarios, tanto de manera directa como indirecta.
La letrada tampoco admitió mantener ninguna relación profesional con el partido, aunque evitó precisar quién abonó efectivamente los servicios jurídicos prestados a su cliente, alegando el deber de secreto profesional. Ese extremo había adquirido relevancia dentro de la investigación porque las acusaciones apuntaban a una posible conexión orgánica entre la defensa de Koldo y la estructura socialista.
El otro gran eje de la declaración fue la supuesta oferta económica realizada a Carmen Pano. La empresaria mantiene que la abogada le ofreció entre 50.000 y 250.000 euros —las cantidades han variado según sus distintas declaraciones— para que negara ante los tribunales haber entregado bolsas con dinero en efectivo en la sede nacional del PSOE.
La acusación de soborno a Pano
Según el relato de Pano, la propuesta habría llegado “de parte de gente del PSOE” con el objetivo de proteger al exsecretario general y exministro de Transportes José Luis Ábalos y a Koldo García. La UCO recogió esos testimonios y afirmó haber localizado indicios de que De la Hoz participó en varias reuniones destinadas a convencer tanto a Pano como a su chófer, Álvaro Gallego, para modificar sus futuras declaraciones judiciales.
La versión ofrecida este martes por De la Hoz contrasta por completo con ese relato. La abogada sostuvo que las reuniones existieron, pero obedecían exclusivamente a contactos empresariales relacionados con la posible venta de varias operadoras del sector de hidrocarburos. Según explicó, fue precisamente su despacho quien rechazó intervenir al detectar presuntas irregularidades fiscales en una de esas sociedades.
Lejos de ofrecer dinero, aseguró que fueron Pano y Gallego quienes solicitaron una comisión anticipada de 10.000 euros para facilitar la operación. En esa línea, atribuyó toda la acusación a un ánimo de represalia por el fracaso de aquel negocio y acusó directamente a la empresaria de “mentir”, “tergiversar la realidad” y actuar movida por la “venganza”.
Una conversación telefónica bajo sospecha
Otro de los episodios investigados hace referencia a una llamada telefónica descrita por Carmen Pano. La empresaria declaró que durante una de las reuniones De la Hoz abandonó momentáneamente la sala y regresó hablando por teléfono con un hombre al que puso en manos libres, pidiendo a los presentes que permanecieran en silencio.
Según la versión ofrecida ahora ante el juez, aquella conversación no tenía ninguna relación con el PSOE ni con las declaraciones judiciales. La letrada afirmó que el interlocutor era el director del despacho profesional donde trabaja y que la conversación trataba sobre cuestiones relacionadas con un servicio jurídico cuya facturación debía ajustarse a las obligaciones tributarias.
La declaración de Leticia de la Hoz llega después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara formalmente su imputación. El Ministerio Público sostiene que existen elementos suficientes para investigar si pudo inducir a Pano y a Gallego a cometer un delito de falso testimonio mediante una contraprestación económica. Los informes de la Guardia Civil consideran que existen indicios que justifican profundizar en esa línea de investigación, aunque todavía deberán ser contrastados con el resto de pruebas y con las declaraciones practicadas durante la instrucción. @mundiario