La relación entre EE UU y Brasil atraviesa su momento de mayor tensión comercial en años. La decisión de la Administración de Donald Trump de aplicar un nuevo arancel del 25 % a la mayoría de los productos brasileños supone un salto cualitativo en una disputa que ya había ido escalando durante los últimos meses y que ahora amenaza con afectar a uno de los principales flujos comerciales del continente americano.

La medida, que entrará en vigor el próximo 22 de julio, llega tras una investigación abierta por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) al amparo de la Sección 301 de la Ley de Comercio estadounidense, el mismo instrumento utilizado históricamente para justificar represalias comerciales contra China y otros socios estratégicos.

El secretario de Estado, Marco Rubio, fue especialmente duro al explicar los motivos de la decisión. Según sostuvo, el problema no radica únicamente en las diferencias comerciales, sino en la actitud del Ejecutivo brasileño.

“Lula y su Gobierno no han negociado de buena fe con Estados Unidos”, afirmó Rubio, responsabilizando directamente al presidente brasileño del fracaso de las conversaciones mantenidas durante el último año.

Washington amplía el conflicto comercial

La nueva batería arancelaria afectará a miles de productos brasileños que exportan regularmente al mercado estadounidense. Entre los sectores alcanzados figuran el azúcar, el acero, la maquinaria agrícola e industrial, los equipos eléctricos, el papel, los textiles, los vehículos y determinados productos industriales.

Aunque Washington ha decidido excluir algunos bienes considerados estratégicos —como aeronaves civiles, componentes aeronáuticos, determinados productos farmacéuticos, café, carne de vacuno, minerales críticos, tierras raras y productos energéticos—, el impacto económico será notable sobre buena parte del tejido exportador brasileño.

El Gobierno estadounidense sostiene que Brasil mantiene prácticas que perjudican a las empresas norteamericanas en ámbitos muy diversos. Entre las principales acusaciones figuran:

• Favorecer el sistema de pagos Pix frente a operadores estadounidenses.
• Imponer barreras digitales.
• Debilitar la protección de la propiedad intelectual;
• Ofrecer ventajas comerciales consideradas discriminatorias;
• Permitir actividades vinculadas a la deforestación ilegal que generarían competencia desleal.
• Obstaculizar el acceso estadounidense al mercado del etanol.

Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, defendió que las negociaciones mantenidas con Brasil durante el último año “no han resuelto estos problemas”, aunque aseguró que Washington mantiene abierta la puerta a futuras conversaciones.

Brasil denuncia una decisión política

El presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva calificó la decisión de completamente injustificada y anunció que el Gobierno activará todos los mecanismos previstos por la denominada Ley de Reciprocidad Económica  para responder a las medidas estadounidenses. Al mismo tiempo, Brasil volverá a llevar el conflicto ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), denunciando que Washington está actuando al margen de las normas multilaterales.

En un comunicado especialmente duro, la Presidencia brasileña sostiene que las acusaciones estadounidenses “carecen de cualquier fundamento económico”. Brasilia recuerda que durante los últimos quince años Estados Unidos ha acumulado un superávit comercial superior a los 424.000 millones de dólares en el intercambio bilateral de bienes y servicios, un dato que, a juicio del Ejecutivo brasileño, desmonta cualquier argumento sobre un supuesto perjuicio para la economía estadounidense.

El Gobierno también subraya que más de tres cuartas partes de las importaciones procedentes de Estados Unidos entran actualmente en Brasil libres de aranceles y que el gravamen medio aplicado a los productos estadounidenses apenas supera el 3 %.

El caso Pix, uno de los principales focos de fricción

Uno de los elementos que más irrita a Washington es el éxito del sistema brasileño de pagos instantáneos Pix. Impulsado por el Banco Central de Brasil, Pix se ha convertido en pocos años en uno de los sistemas de pago electrónico más utilizados del mundo y ha reducido notablemente la presencia de operadores privados internacionales. EE UU considera que este sistema favorece de forma artificial a una infraestructura pública frente a empresas tecnológicas estadounidenses.

Brasil rechaza esa acusación de plano. El Gobierno de Lula sostiene que Pix constituye un activo estratégico nacional, convertido en referencia internacional para la digitalización financiera y plenamente compatible con las normas internacionales de competencia.

Aunque el conflicto comercial se presenta oficialmente como una disputa económica, el trasfondo político resulta cada vez más evidente. Desde Brasil se interpreta que parte de la presión estadounidense está relacionada con la condena del expresidente Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado.

El comunicado oficial brasileño acusa incluso a la familia Bolsonaro de colaborar activamente en una campaña internacional destinada a perjudicar la economía del país con fines políticos y electorales. La referencia evidencia hasta qué punto las tensiones entre ambos gobiernos han trascendido el ámbito estrictamente comercial. @mundiario