El fallo de la Audiencia Provincial de Badajoz sobre el caso que afecta a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intenta marcar una frontera que suele difuminarse en el debate político: la diferencia entre una actuación cuestionable desde el punto de vista ético y una conducta que puede tener consecuencias penales. La sentencia, que condena a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa a David Sánchez y a Luis Carrero como cooperadores necesarios, y considera autor del delito al expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo, entra de lleno en dos conceptos que han protagonizado la causa: nepotismo y absentismo.
Los magistrados no evitan pronunciarse sobre las sombras que han rodeado el procedimiento. La resolución judicial califica el nepotismo como una práctica “poco ética” que perjudica la igualdad de oportunidades en las administraciones públicas, pero advierte de que no todo trato de favor o posible enchufismo constituye automáticamente un delito. Para que exista responsabilidad penal, recuerdan, debe encajar en un tipo concreto recogido por la ley.
Según la Audiencia, el núcleo del caso no está en demostrar una supuesta relación de influencia directa con Pedro Sánchez, sino en determinar si hubo una creación artificial de puestos públicos adaptados a intereses particulares. El tribunal considera probado que las plazas ocupadas por David Sánchez y Luis Carrero no respondían a una necesidad real de la Diputación, sino que fueron diseñadas sin una justificación suficiente y con unas condiciones que permitían desarrollar actividades alejadas de las funciones inicialmente previstas.
La sentencia también aborda uno de los elementos más polémicos durante la investigación: la posibilidad de que el nombramiento de David Sánchez estuviera relacionado con su vínculo familiar con el presidente del Gobierno. Las acusaciones sostuvieron durante el procedimiento que su condición de “hermano de” habría sido determinante, aunque los magistrados descartan condenas por tráfico de influencias al no encontrar pruebas suficientes sobre quién pudo ejercer una influencia concreta ni mediante qué actuaciones.
La hipótesis del favor político y el peso del apellido Sánchez
La sala sí plantea como hipótesis que Miguel Ángel Gallardo pudiera haber buscado un acercamiento político a Pedro Sánchez mediante la creación de estos puestos. El tribunal recuerda que, aunque el actual presidente todavía no había llegado a La Moncloa, ya era una figura relevante dentro del PSOE tras recuperar el liderazgo del partido en las primarias de 2017.
Sin embargo, los jueces insisten en que las sospechas políticas no sustituyen a las pruebas jurídicas. En una causa con enorme repercusión pública, la sentencia rechaza basarse en rumores o interpretaciones no demostradas y recalca que una condena penal requiere hechos concretos y acreditados.
Otro de los capítulos destacados del fallo es el relativo al supuesto absentismo laboral de David Sánchez. Los magistrados valoran sus primeras declaraciones durante la instrucción, cuando reconoció que no sabía exactamente dónde se encontraba físicamente la oficina vinculada a su puesto. Posteriormente explicó que entendía esa oficina como una estructura administrativa y no como un espacio concreto.
La Audiencia considera que David Sánchez incumplió algunas obligaciones asociadas a su cargo, señalando que apenas participó en determinadas funciones previstas, como la dirección de la orquesta, que ejerció en cinco ocasiones. También sostiene que centró su actividad en proyectos relacionados con la ópera, una de sus principales áreas de interés, aunque no fueran el objetivo principal del puesto.
Una conducta criticable, pero fuera del ámbito penal
Pese a estas críticas, el tribunal establece una clara separación: el absentismo laboral no es un delito. La sentencia recuerda que una mala actuación profesional, una falta de dedicación o un incumplimiento laboral pueden tener reproches administrativos o laborales, pero no necesariamente penales.
La clave del caso, según los magistrados, no está en si David Sánchez trabajó más o menos, sino en si la creación de su puesto supuso una alteración arbitraria del funcionamiento de la Administración. Ahí es donde sitúan la existencia de una conducta constitutiva de prevaricación.
La resolución deja así una conclusión más amplia sobre el funcionamiento de las instituciones públicas: no todo comportamiento cuestionable puede llevar a los tribunales penales, pero las decisiones administrativas deben respetar siempre los principios de mérito, capacidad e igualdad. El caso David Sánchez queda marcado por esa tensión entre la percepción pública de privilegio y los límites estrictos que impone el derecho penal. @mundiario