El conflicto por la regularización de terrenos en el poblado La Grullita continúa agravándose y ya representa un problema social para cientos de familias, principalmente adultos mayores y personas de escasos recursos, quienes enfrentan incertidumbre sobre la situación jurídica de sus viviendas.
La activista social Petra Santos Ortiz informó que cada vez son más los habitantes que solicitan asesoría luego de recibir notificaciones de cancelación de contratos de ocupación temporal, incrementos en el costo de sus terrenos y nuevos requerimientos de pago para avanzar en el proceso de titulación.
Explicó que algunos pobladores aseguran haber adquirido sus lotes hace varios años; sin embargo, ahora les exigen cubrir diferencias económicas bajo el argumento de que los predios incrementaron su valor o que hubo una actualización de precios, además de otros cobros relacionados con la escrituración.
Santos Ortiz señaló que muchas de estas familias han vivido durante años en esos terrenos, donde construyeron sus viviendas e incluso cuentan con algunos servicios básicos, por lo que consideran injusto tener que enfrentar nuevas cargas económicas que, en algunos casos, rebasan sus posibilidades.
Denuncian amenazas de cancelación y desalojo
La profesora también indicó que algunos vecinos han recibido avisos de cancelación de contratos o advertencias de desalojo, pese a que continúan ocupando los predios.
Ante esta situación, sostuvo que cualquier controversia relacionada con contratos agrarios debe resolverse mediante los procedimientos legales establecidos ante el Tribunal Unitario Agrario y no únicamente mediante notificaciones administrativas.
También enfrentan problemas con los servicios
Además del conflicto por la tenencia de la tierra, los habitantes han reportado dificultades para acceder de manera regular a servicios básicos.
Santos Ortiz señaló que recientemente varias familias permanecieron sin energía eléctrica, por lo que realizaron gestiones ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para buscar alternativas mientras se revisa la situación jurídica de los asentamientos.
Brindarán acompañamiento legal
La activista informó que, en coordinación con la presidenta del Colegio de Licenciadas en Derecho, Paz Cortés, se ofrecerá asesoría jurídica a los habitantes de La Grullita.
Explicó que actualmente se integra la documentación de cada caso para orientar a las familias y gestionar reuniones con autoridades agrarias.
Asimismo, adelantó que buscarán presentar un escrito ante instancias federales para solicitar una revisión de los procesos de regularización, con el objetivo de que las familias puedan acceder a la titulación de sus predios mediante mecanismos que consideren justos y acordes con su situación económica.
Finalmente, hizo un llamado a que el conflicto sea atendido como un problema de carácter social, al señalar que involucra a numerosas familias que durante años han construido su patrimonio en esa comunidad y que hoy enfrentan incertidumbre sobre la seguridad jurídica de sus viviendas.