Las personas jóvenes que buscan su primer empleo podrían dejar de enfrentar uno de los requisitos más difíciles de cumplir: acreditar experiencia laboral antes de haber recibido una primera oportunidad. Dos iniciativas impulsadas en el Congreso de la Unión plantean modificar la Ley Federal del Trabajo para limitar esa exigencia en vacantes de nivel inicial.

Una de las propuestas busca prohibir que los empleadores soliciten experiencia a jóvenes que intentan incorporarse por primera vez al mercado laboral. También contempla un estímulo fiscal equivalente al 25% del salario pagado durante los dos primeros años de contratación formal.

La segunda iniciativa amplía el planteamiento a personas con discapacidad y propone impedir que la experiencia previa se utilice como una barrera discriminatoria, desproporcionada o injustificada.

La información fue publicada originalmente por El Economista, con base en los proyectos presentados por la senadora Ruth González Silva, del Partido Verde Ecologista de México, y el diputado Eduardo Gaona Domínguez, de Movimiento Ciudadano. Las propuestas todavía no modifican las reglas vigentes de contratación.

¿Qué propone la reforma para quienes buscan su primer empleo?

La iniciativa presentada por la senadora Ruth González Silva plantea prohibir que las empresas soliciten experiencia laboral cuando la persona joven esté buscando su primera oportunidad de trabajo.

El objetivo es evitar que la falta de antecedentes profesionales se convierta, por sí sola, en una razón automática para descartar una candidatura.

De acuerdo con el proyecto referido por El Economista, la reforma busca orientar los procesos de reclutamiento, inspección y conciliación hacia un criterio en el que la experiencia no sea una condición obligatoria para una persona que todavía no ha tenido la oportunidad de adquirirla.

Esto no impediría que las empresas revisen otros elementos relacionados con el puesto, como:

• Estudios terminados.
• Conocimientos técnicos.
• Habilidades digitales.
• Capacidades de comunicación.
• Disponibilidad de horario.
• Certificaciones indispensables.
• Aptitudes para aprender las funciones.

El cambio se concentraría en evitar que una vacante presentada como inicial exija automáticamente uno o varios años de experiencia previa.

¿Las empresas recibirían dinero por contratar jóvenes?

La propuesta no contempla entregar dinero directamente a las empresas, sino crear un estímulo fiscal en la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El beneficio sería equivalente al 25% del salario pagado a una persona joven durante sus primeros dos años de contrato, siempre que se trate de su primer empleo formal.

Para utilizar la deducción, la empresa tendría que cumplir con las obligaciones de seguridad social correspondientes. Esto implicaría registrar a la persona trabajadora y reportar correctamente el salario utilizado para calcular sus aportaciones.

El incentivo busca reducir parte del costo inicial que representa para una empresa contratar y capacitar a una persona sin experiencia.

Sin embargo, el beneficio todavía no está disponible. Antes tendría que ser aprobado por el Congreso y publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

Las reglas finales también tendrían que precisar:

• Qué edad tendrá que tener la persona contratada.
• Cómo se comprobará que se trata de su primer empleo.
• Sobre qué salario se calculará el 25%.
• Qué empresas podrán solicitar la deducción.
• Qué ocurrirá si el contrato termina antes de dos años.
• Cómo se evitará la sustitución constante de trabajadores para obtener el estímulo.

¿Qué papel tendría el Servicio Nacional de Empleo?

La iniciativa de la senadora también plantea ampliar las facultades del Servicio Nacional de Empleo.

El organismo tendría que diseñar programas específicos de formación, capacitación, inclusión laboral y acceso al primer trabajo.

La propuesta busca que la inserción laboral juvenil sea una política pública permanente y no dependa únicamente de las vacantes que cada empresa decida ofrecer.

Los programas podrían servir para vincular a jóvenes con centros de trabajo, ofrecer capacitación previa y facilitar que las empresas identifiquen perfiles adecuados para puestos iniciales.

¿Qué propone la iniciativa para personas con discapacidad?

El diputado Eduardo Gaona Domínguez presentó otra iniciativa para modificar la Ley Federal del Trabajo.

El proyecto busca prohibir que los empleadores soliciten experiencia laboral previa en vacantes de nivel inicial cuando ese requisito constituya una barrera discriminatoria, desproporcionada o injustificada para jóvenes o personas con discapacidad.

Esta formulación no eliminaría la experiencia en todos los puestos. Su intención es impedir que se solicite cuando no existe una relación razonable entre el requisito y las funciones que tendrá la persona contratada.

La iniciativa también propone incorporar nuevas obligaciones patronales:

• Implementar mecanismos para facilitar el acceso, permanencia y desarrollo laboral.
• Utilizar criterios objetivos durante el reclutamiento.
• Hacer accesibles las entrevistas y evaluaciones.
• Colaborar con autoridades laborales y educativas.
• Participar en programas de vinculación, capacitación e inclusión.

Para las personas con discapacidad, los empleadores también tendrían que realizar ajustes razonables que permitan desempeñar el trabajo en igualdad de condiciones.

Estos ajustes podrían relacionarse con accesos físicos, equipos, sistemas de comunicación, herramientas o formas de organizar las actividades, dependiendo de las necesidades de la persona y del puesto.

¿Ya está prohibido pedir experiencia laboral?

No. Las iniciativas todavía deben pasar por el proceso legislativo.

La Ley Federal del Trabajo vigente prohíbe establecer condiciones que impliquen discriminación por motivos como edad, discapacidad, género, origen, condición social, salud o religión. También señala que no se consideran discriminatorias las distinciones sustentadas en las calificaciones particulares que exige una labor.

Esto significa que actualmente una empresa puede pedir experiencia cuando considere que es necesaria para cumplir las funciones del puesto.

El problema que buscan atender las iniciativas aparece cuando una vacante identificada como inicial exige experiencia sin explicar por qué resulta indispensable.

Mientras las reformas no sean aprobadas:

• Los empleadores pueden seguir solicitando experiencia.
• El estímulo fiscal de 25% no puede utilizarse.
• No existen nuevas multas por incluir ese requisito.
• Las personas candidatas conservan las protecciones generales contra la discriminación.

¿Qué se consideraría un empleo de nivel inicial?

La definición deberá precisarse durante la discusión legislativa.

Actualmente, la Ley Federal del Trabajo no establece una categoría general denominada empleo de nivel inicial.

En el mercado laboral, la expresión suele utilizarse para describir puestos destinados a personas que comienzan su trayectoria o que recibirán capacitación después de ser contratadas.

Para evitar confusiones, una reforma tendría que definir si una vacante inicial se determina por:

• El nivel de responsabilidad.
• Las funciones asignadas.
• El salario.
• La experiencia necesaria.
• El nivel educativo.
• La capacitación proporcionada por la empresa.

Esta precisión será necesaria para impedir que una vacante cambie de nombre y conserve requisitos injustificados, pero también para proteger puestos en los que la experiencia sí es indispensable por razones técnicas o de seguridad.

¿Por qué la falta de experiencia afecta más a los jóvenes?

México tenía 30.4 millones de personas de entre 15 y 29 años durante el primer trimestre de 2025. De ellas, 15.9 millones formaban parte de la población económicamente activa, es decir, trabajaban o buscaban empleo.

La tasa de desocupación entre las personas jóvenes fue de 4.8%, frente a 2.5% para la población general. La informalidad laboral alcanzó 58.8% entre quienes tenían entre 15 y 29 años, por encima del 54.3% registrado en el total de la población ocupada.

Los datos muestran que la incorporación al mercado laboral no depende únicamente de encontrar una vacante. También importa que el empleo ofrezca contrato, seguridad social, salario registrado y protección legal.

Según una encuesta de OCC citada por El Economista, 54% de los reclutadores reconoció que la falta de experiencia es el principal reto que enfrentan los jóvenes al buscar trabajo, por encima de la escasez de vacantes o la incompatibilidad de los perfiles.

¿Eliminar la experiencia garantizaría conseguir empleo?

No. La reforma podría permitir que más jóvenes participen en procesos de selección, pero no obligaría a una empresa a contratar a una persona determinada.

Los empleadores podrían seguir comparando conocimientos, preparación, habilidades y aptitudes relacionadas con el puesto.

La eliminación del requisito tampoco resolvería por sí sola otros problemas como:

• Falta de vacantes.
• Salarios bajos.
• Empleos sin prestaciones.
• Horarios incompatibles con los estudios.
• Distancia entre la vivienda y el centro de trabajo.
• Diferencias entre la formación académica y las necesidades de las empresas.

Su efecto principal sería impedir que la experiencia se utilice como un filtro automático en puestos creados para quienes comienzan su trayectoria.

¿Qué falta para que la propuesta entre en vigor?

Las iniciativas tendrán que ser turnadas y analizadas por las comisiones correspondientes del Senado de la República y la Cámara de Diputados.

Durante ese proceso, las y los legisladores pueden modificar el contenido, incorporar límites, cambiar el porcentaje del estímulo o definir con mayor precisión quiénes serán considerados jóvenes.

Para convertirse en ley, las reformas deberán ser aprobadas por ambas cámaras y publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

En caso de aprobarse, también podrían requerirse reglas administrativas del Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Servicio Nacional de Empleo.

Las propuestas buscan romper una contradicción que afecta a quienes intentan comenzar su vida laboral: no pueden adquirir experiencia porque las empresas se la exigen antes de contratarlos.

La iniciativa de Ruth González Silva plantea una prohibición dirigida al primer empleo, acompañada por un estímulo fiscal de 25% para fomentar contratos formales.

El proyecto de Eduardo Gaona Domínguez amplía el enfoque a jóvenes y personas con discapacidad, además de proponer procesos de reclutamiento objetivos y accesibles.

El cambio todavía no es una obligación para las empresas. Su alcance dependerá del texto que apruebe el Congreso y de las reglas que se establezcan para definir qué vacantes serán consideradas de nivel inicial.