La última sesión plenaria antes del parón estival dejó una reforma parlamentaria de gran alcance institucional que, aunque ha pasado más desapercibida que otras votaciones económicas de la jornada, puede alterar significativamente el funcionamiento del Congreso durante la próxima legislatura.
La Cámara Baja aprobó este jueves la modificación de su Reglamento para flexibilizar las condiciones exigidas a los partidos que aspiren a constituir grupo parlamentario propio, una decisión que beneficiará especialmente a las formaciones nacionalistas, regionalistas y a otros partidos minoritarios con implantación territorial.
La iniciativa prosperó gracias a la mayoría de investidura, con 178 votos favorables frente a 169 en contra y una abstención, y ahora continuará su tramitación en el Senado antes de su aprobación definitiva. Hasta ahora, el Reglamento del Congreso contemplaba dos vías para crear grupo parlamentario. La primera permanece inalterada, obtener al menos quince diputados. La segunda, utilizada habitualmente por los partidos nacionalistas y regionalistas, exigía disponer de un mínimo de cinco escaños y haber obtenido el 15 % de los votos en cada una de las circunscripciones donde concurrían o el 5 % del voto nacional.
La reforma modifica sustancialmente esta segunda posibilidad. A partir de ahora bastará con alcanzar el 10 % de los votos en el conjunto de las circunscripciones donde se haya obtenido representación parlamentaria o el 3 % del voto nacional, manteniéndose la exigencia mínima de cinco diputados. Además, desaparece uno de los requisitos más discutidos durante los últimos años, ya no será necesario superar ese porcentaje provincia por provincia, sino que bastará con que la media de las circunscripciones en las que se consiga representación alcance el nuevo umbral. Con ello se incorpora al Reglamento una interpretación que la Mesa del Congreso ya había aplicado durante la actual legislatura para permitir que algunas formaciones constituyeran grupo propio.
Una reforma pensada para evitar el “cajón de sastre” del Grupo Mixto
Los promotores de la iniciativa sostienen que el objetivo consiste en adaptar las normas parlamentarias a la creciente fragmentación política y evitar que el Grupo Mixto siga concentrando partidos con intereses y realidades completamente distintas. Actualmente ese grupo reúne representantes de formaciones tan diversas como Podemos, BNG, Compromís, Coalición Canaria, UPN y Javier Ortega Smith, que abandonó el grupo de Vox después de ser purgado por la cúpula de Santiago Abascal. Por allí también pasó el exministro de Transportes José Luis Ábalos, después de que estallara el caso Koldo y se viera expulsado por el PSOE.
Los impulsores consideran que esta situación dificulta el trabajo parlamentario y limita la capacidad de representación de las fuerzas minoritarias. La reforma fue registrada inicialmente por ERC, Junts, Podemos, Compromís y BNG, aunque posteriormente recibió el respaldo del PSOE, Sumar, PNV y EH Bildu, conformando la mayoría suficiente para sacarla adelante.
El Reglamento otorga importantes ventajas políticas, económicas y organizativas. Los grupos parlamentarios cuentan con presencia permanente en la Junta de Portavoces, órgano encargado de ordenar la actividad del Congreso; disponen de representación propia en todas las comisiones; pueden formular preguntas al Gobierno en cada sesión de control y participan con tiempos garantizados en todos los grandes debates parlamentarios.
A ello se suma una financiación específica. Cada grupo recibe una subvención fija superior a 30.000 euros mensuales que reparten entre todos, además de una cantidad adicional por diputado, recursos destinados al funcionamiento interno, contratación de asesores y estructura parlamentaria. Precisamente estas ventajas explican la importancia que adquiere cada legislatura la negociación sobre la constitución de grupos.
El PP denuncia un “regalo” a los socios del Gobierno
La reforma llega después de varios episodios controvertidos durante la actual legislatura. Tras las elecciones generales de 2023, Junts y ERC no cumplían estrictamente los requisitos entonces vigentes para constituir grupo propio. La Mesa del Congreso realizó una interpretación flexible del Reglamento y permitió que ambos partidos dispusieran de grupo, computando el porcentaje medio de voto en lugar de exigir el 15 % en cada circunscripción.
Además, el PSC integrado en la bancada del PSOE cedió temporalmente diputados a Junts para que alcanzara el mínimo de parlamentarios exigido. Con la modificación aprobada este jueves, ese criterio deja de depender de interpretaciones jurídicas y pasa a incorporarse expresamente al texto reglamentario.
La oposición rechazó frontalmente la reforma. El Partido Popular, Vox y UPN votaron en contra al considerar que responde exclusivamente a los intereses parlamentarios de los socios nacionalistas del Ejecutivo. Desde el PP se defendió que quien aspire a disponer de grupo parlamentario debe conseguirlo exclusivamente mediante el respaldo de los ciudadanos en las urnas y no gracias a cambios normativos impulsados durante la legislatura.
Los populares interpretaron además la reforma como una señal política de que el Gobierno ya da prácticamente por terminada la legislatura y busca dejar resuelta una reivindicación histórica de sus aliados antes de una eventual convocatoria electoral. La formación de Abascal fue aún más contundente al calificar la modificación como una “rebaja” diseñada exclusivamente para favorecer a los partidos independentistas.
La modificación no tendrá consecuencias inmediatas sobre la composición actual del Congreso, pero sí condicionará el reparto del poder parlamentario tras las próximas elecciones generales. Si el Senado ratifica el texto, las formaciones territoriales dispondrán de un acceso más sencillo a los grupos propios, reduciendo la necesidad de préstamos de diputados entre partidos y evitando interpretaciones flexibles de la Mesa del Congreso. @mundiario