PUEBLA, Pue., 25 de marzo de 2026.– La propuesta de reforma electoral conocida como “Plan B” abrió un nuevo frente de debate en el Cabildo de Puebla, donde regidores expresaron posturas encontradas sobre sus alcances, particularmente en lo referente a la reducción del número de integrantes en los ayuntamientos.
El coordinador de regidores de Morena, Gabriel Biestro Medinilla, defendió la iniciativa al señalar que responde a la demanda ciudadana de contar con gobiernos austeros. Afirmó que disminuir el número de regidores y el gasto en instituciones electorales permitiría redirigir recursos a rubros prioritarios como infraestructura, alumbrado y servicios básicos.
“Es hacerle caso a la gente, al pueblo, en el sentido de hacer los gobiernos más ligeros, más económicos, sin que pierdan su esencia”, sostuvo el funcionario al hablar sobre el impacto del Plan B reforma electoral Puebla. Además, consideró que la reforma no pone en riesgo la representatividad y abre la puerta a modernizar procesos electorales con herramientas tecnológicas.
En la misma línea, la regidora Georgina Ruiz Toledo respaldó la propuesta al considerar que la reducción de estructuras no afectará la paridad de género ni la inclusión política. Por el contrario, afirmó que permitirá una representación más focalizada y eficiente, traduciéndose en mayores recursos para programas sociales y obra pública.
En contraste, el regidor panista Carlos Montiel Solana cuestionó la narrativa de ahorro que impulsa la reforma política, al advertir que reducir el número de regidores no necesariamente implica beneficios económicos ni administrativos para los municipios poblanos.
Señaló que la eficiencia del Cabildo depende del desempeño de sus integrantes y no de su cantidad, por lo que eliminar perfiles productivos podría generar más costos que ahorros. Asimismo, manifestó preocupación por la falta de claridad en la representación proporcional, lo que, dijo, podría debilitar a las minorías y afectar el equilibrio democrático.
“Deshacerse de un regidor productivo puede generar más gasto que ahorro (…) además, no está garantizada la representatividad de quienes no ganaron la elección”, advirtió Montiel.
El llamado “Plan B” plantea una reconfiguración del sistema bajo el principio de austeridad republicana, con medidas como la reducción del financiamiento a partidos, la reorganización del INE y la disminución de regidurías. Mientras sus defensores lo ven como una oportunidad para eficientar el gasto público, críticos alertan sobre posibles riesgos para la pluralidad política en la entidad.
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