La Comunidad de Madrid ha adquirido un ático de 485 metros cuadrados en uno de los enclaves inmobiliarios más exclusivos de la capital para que Isabel Díaz Ayuso pueda utilizarlo como espacio de trabajo temporal mientras se realizan las obras en la Real Casa de Correos. La operación, realizada en abril y conocida ahora tras salir a la luz en el Registro de la Propiedad, ha abierto un debate sobre el coste, la transparencia y la necesidad de esta compra frente a otras alternativas como el alquiler.
El inmueble, según le ha respondido este martes una portavoz a El País, está situado en el paseo del General Martínez Campos, en el distrito de Chamberí, una de las zonas con mayor valor residencial de Madrid. Se trata de una vivienda de grandes dimensiones, con una terraza cercana a los 200 metros cuadrados, cuyas características la sitúan en el segmento de las propiedades de lujo de la capital. Aunque el Ejecutivo autonómico asegura que el objetivo inicial es que la presidenta trabaje allí con un equipo reducido, todavía existen incógnitas sobre el alcance final del uso que tendrá el ático.
La compra fue ejecutada por Planifica Madrid, la empresa pública encargada de gestionar parte del patrimonio inmobiliario de la Comunidad. La adquisición se produjo el 14 de abril, pero no fue comunicada públicamente ni apareció reflejada en la información de transparencia de la compañía. Tampoco estaba contemplada inicialmente en el presupuesto previsto para este ejercicio, un aspecto que ha aumentado las preguntas sobre la gestión de la operación.
Desde el Gobierno madrileño han explicado que el ático servirá como ubicación provisional mientras comienzan los trabajos en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional. Sin embargo, la falta de detalles sobre el coste exacto de la compra, las condiciones de la operación y la planificación futura del inmueble ha generado críticas y ha convertido la vivienda en un nuevo foco de controversia política.
Un ático singular en una de las zonas más caras de Madrid
La vivienda adquirida por la Comunidad se encuentra en un edificio residencial próximo al Museo Sorolla y a pocos minutos del paseo de la Castellana. Sus 485 metros cuadrados incluyen una amplia terraza que, según expertos inmobiliarios consultados, convierte el inmueble en una pieza excepcional dentro del mercado de Chamberí.
Aunque el precio oficial de compra no ha trascendido, distintas estimaciones sitúan su valor alrededor de los seis millones de euros. El cálculo se basa en los precios medios de la zona y en el valor añadido que supone disponer de un ático con una superficie exterior poco habitual. En barrios como Almagro, donde se ubica la vivienda, los precios por metro cuadrado se encuentran entre los más elevados de Madrid.
La vendedora habría sido la economista y escritora Astrid Gil-Casares, exmujer de Rafael del Pino Calvo-Sotelo, presidente de Ferrovial. Hasta la operación, el inmueble estaba ocupado por una pareja en régimen de alquiler, según fuentes conocedoras de la compraventa.
Una compra que abre preguntas sobre la gestión pública
Uno de los elementos que más debate ha generado es que Planifica Madrid no incluyó esta adquisición dentro de sus previsiones presupuestarias para 2026. La empresa pública sí recoge habitualmente otras operaciones inmobiliarias, tanto de venta como de inversión, pero esta compra no figuraba entre las actuaciones anunciadas.
La operación también ha puesto el foco sobre el papel de Planifica Madrid, una sociedad heredera de Arpegio, la antigua empresa pública madrileña vinculada al caso Púnica. Aquella investigación judicial puso bajo sospecha varias actuaciones relacionadas con la gestión del suelo público y contratos de infraestructuras durante anteriores gobiernos del Partido Popular.
Actualmente, Planifica Madrid depende de la Consejería de Presidencia dirigida por Miguel Ángel García Martín y cuenta con una plantilla cercana a los 90 trabajadores. La empresa gestiona distintos inmuebles propiedad de la Comunidad, muchos de ellos edificios históricos utilizados como sedes administrativas.
Más allá de la polémica política, la adquisición plantea un debate sobre el uso del patrimonio público y sobre la conveniencia de comprar un inmueble de alto valor para resolver una necesidad temporal. La Comunidad defiende que se trata de una solución funcional durante la rehabilitación de la sede presidencial, pero sus detractores cuestionan si existían opciones menos costosas y más transparentes.
La incógnita principal ahora gira en torno al futuro del ático. Aunque desde el entorno de Ayuso aseguran que no se convertirá en residencia oficial de la presidenta, todavía no se ha definido completamente cómo se utilizará el inmueble una vez finalicen las obras en la Real Casa de Correos. La compra de esta vivienda de lujo ha transformado una solución administrativa en un asunto de interés público sobre la gestión, la transparencia y el destino de los recursos de la Comunidad de Madrid. @mundiario
