La retórica del victimismo político constituye una de las herramientas más sofisticadas y recurrentes en la comunicación pública contemporánea, especialmente cuando es empleada por liderazgos de marcado perfil populista o de fuerte confrontación polarizadora.
El caso reciente de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en torno a la polémica adquisición de un ático de lujo en Chamberí por parte de una empresa pública autonómica, ilustra a la perfección esta paradoja estratégica. Ante las críticas de la oposición y el escrutinio de los medios de comunicación por el desvío de fondos públicos hacia un inmueble de características residenciales exclusivas en mitad de una crisis ambiental provocada por devastadores incendios forestales, la mandataria optó por presentarse ante la opinión pública como el objetivo directo de una supuesta «campaña de desprestigio» orquestada con «mala fe».
Esta postura genera una legítima perplejidad ciudadana y analítica: ¿cómo puede declararse víctima de una persecución política quien, de manera sistemática, ha fundamentado su hegemonía electoral en la agitación constante, la construcción de adversarios ficticios y la instrumentalización de la confrontación institucional?
Para comprender esta dinámica, es necesario desarmar el mecanismo de la proyección discursiva. En la política de bloques, el contraataque preventivo a través de la victimización cumple una doble función defensiva y ofensiva. En primer lugar, actúa como un potente cortafuegos cognitivo para sus bases electorales. Al enmarcar la fiscalización periodística o judicial no como una exigencia democrática de transparencia, sino como un ataque personal motivado por el rencor partidista, se consigue desviar la atención sobre el fondo del asunto.
El debate deja de centrarse de inmediato en los criterios técnicos de la compra del ático por Planifica Madrid, en el precio de mercado, en la legalidad urbanística de instalar oficinas en plantas elevadas o en la opacidad presupuestaria de la operación. En su lugar, el foco se traslada al terreno de las intenciones de quienes denuncian el hecho. Así, la discusión pública se desplaza de la gestión de los recursos públicos al terreno puramente emocional de las lealtades identitarias. Quien cuestiona el gasto público ya no es un ciudadano o un diputado ejerciendo su labor de control, sino un engranaje más de una maquinaria destinada a derribar a la lideresa regional.
Esta estrategia resulta especialmente llamativa porque es la propia presidenta quien ha erigido su carrera sobre la base de un conflicto permanente con el Gobierno central y las fuerzas de la izquierda. Su manual de comunicación se sostiene sobre la premisa de que Madrid es un bastión de libertad asediado por fuerzas hostiles que buscan doblegar su autonomía.
Bajo este prisma, cualquier fiscalización a sus decisiones es interpretada, por defecto, como una agresión externa ilegítima. Por lo tanto, cuando Ayuso afirma que sus críticos «están para ver si se me echa la gente encima», no está sufriendo una persecución pasiva, sino ejecutando una pirueta retórica muy ensayada: la transformación del opresor o del responsable de una gestión controvertida en el sujeto desvalido que resiste los embates del poder. Es una inversión de los roles de responsabilidad.
La presidenta esquiva tener que precisar las cifras del desembolso o detallar el uso institucional definitivo del inmueble mediante la denuncia del momento elegido para publicar la noticia, sugiriendo una coordinación maliciosa orientada a debilitarla políticamente mientras la sierra madrileña arde con fuerza.
Asimismo, esta valoración de la «víctima por diseño» se alimenta de la polarización que ella misma ha contribuido a consolidar en el ecosistema mediático nacional. Al alimentar diariamente la confrontación, se genera un clima social donde la verdad fáctica importa menos que la adscripción al bando propio. Para sus partidarios, la denuncia sobre el ático de Chamberí no es más que otra confirmación de que la izquierda utiliza todos los resortes disponibles para desgastarla, legitimando así su respuesta defensiva y su negativa a rendir cuentas detalladas de manera transparente. Para sus detractores, representa la enésima muestra de impunidad y soberbia institucional que caracteriza su mandato.
El éxito de esta táctica radica en que anula el espacio intermedio del debate razonado. Al presentarse como una víctima propiciatoria de los incendios y de la mala fe periodística, Ayuso consigue blindar su liderazgo frente a la autocrítica, cohesionar a su electorado en torno a un sentimiento de agravio compartido y convertir un potentísimo escándalo de malversación o mala praxis administrativa en una épica batalla por la supervivencia política individual.
En definitiva, no estamos ante una contradicción involuntaria, sino ante un diseño estratégico plenamente consciente donde el papel de víctima es el escudo definitivo para eludir la fiscalización democrática habitual en cualquier sistema parlamentario moderno que aspire a la transparencia real frente a los ciudadanos. Este fenómeno distorsiona la rendición de cuentas, transformando la supervisión del dinero público en un mero espectáculo de trincheras ideológicas donde los datos se diluyen frente a los relatos emocionales preconcebidos. Por consiguiente, analizar críticamente este tipo de estrategias comunicativas es crucial para fortalecer la calidad institucional de nuestra democracia. @mundiario