CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) ordenó suspender y comenzar el cierre definitivo de las escuelas privadas que operen en México bajo denominaciones como “militarizadas”, “militares”, “castrenses” o similares, una medida que importa porque afecta a estudiantes inscritos en estos planteles antes del ciclo escolar 2026-2027. Según la instrucción difundida por la dependencia y reportada por Reforma, las autoridades estatales deberán revisar cada escuela, facilitar el traslado de los alumnos y exigir la devolución de documentos y pagos anticipados; todavía no se ha informado cuántos centros serán clausurados ni cuántos estudiantes deberán ser reubicados.

La decisión se conoce después de la muerte de Dafne Zapata, una adolescente de 13 años que participaba en un campamento de una academia militarizada en Ciudad Madero, Tamaulipas. Días antes, la SEP había condenado que una supuesta formación militar fuera utilizada para justificar actos de violencia, abuso o maltrato contra menores de edad.

¿Qué escuelas militarizadas deberán cerrar?

La orden está dirigida a instituciones privadas que presten servicios educativos utilizando nombres, programas o métodos que simulen una instrucción militar.

La SEP pidió a las secretarías de Educación de las 32 entidades revisar:

• Autorizaciones para impartir educación básica.
• Permisos estatales o federales.
• Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios, conocidos como RVOE.
• Nombres, publicidad y programas académicos.
• Actividades disciplinarias presentadas como entrenamiento militar.
• Condiciones en las que permanecen los alumnos.

Cuando las autoridades detecten que una institución opera bajo estas modalidades, deberán ordenar la suspensión de actividades e iniciar el procedimiento administrativo para su clausura definitiva.

Esto significa que el cierre no depende únicamente de que una escuela incluya la palabra “militarizada” en su nombre. La revisión también deberá determinar si el plantel utiliza prácticas, uniformes, jerarquías o métodos que pretendan reproducir una formación castrense.

¿Por qué la SEP considera que estas escuelas no pueden operar?

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, explicó que la formación militar está reservada para las instituciones encargadas de preparar al personal de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional.

“La prestación de servicios educativos bajo denominaciones o modalidades de carácter militar resulta incompatible con los fines y principios del Sistema Educativo Nacional”, señaló la dependencia, de acuerdo con la instrucción difundida a las autoridades estatales.

La SEP sostiene que la educación para niñas, niños y adolescentes debe estar basada en:

• El respeto a los derechos humanos.
• La protección de la integridad física y emocional.
• El interés superior de la niñez.
• La inclusión.
• La formación integral.
• La cultura de paz.

El 24 de julio, la dependencia ya había advertido que resultaba inadmisible que una supuesta educación militar fuera utilizada para “justificar, normalizar u ocultar actos de abuso, violencia, maltrato o prácticas que atenten contra la integridad física, psicológica o emocional” de menores de edad.

¿Qué pasará con los alumnos inscritos?

Las escuelas que sean suspendidas deberán entregar de manera inmediata la documentación necesaria para que los estudiantes puedan continuar sus estudios en otro plantel.

Entre los documentos que deberán devolver se encuentran:

• Expedientes académicos.
• Boletas de calificaciones.
• Certificados parciales o completos.
• Constancias de estudios.
• Actas y documentos personales entregados durante la inscripción.
• Cualquier comprobante necesario para acreditar el grado cursado.

Las autoridades educativas estatales deberán ayudar a las familias a incorporar a los alumnos a escuelas públicas o privadas que formen parte del sistema educativo regular.

La medida busca impedir que el cierre de los planteles provoque la pérdida del ciclo escolar o que una familia quede imposibilitada para inscribir a un menor por falta de documentos.

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¿Las escuelas tendrán que devolver colegiaturas y reinscripciones?

La instrucción establece que las autoridades deberán exigir el reembolso de los pagos efectuados por servicios que ya no serán proporcionados debido al cierre.

Las devoluciones pueden incluir:

• Reinscripciones pagadas por anticipado.
• Colegiaturas correspondientes a periodos no cursados.
• Uniformes que no hayan sido entregados o utilizados.
• Útiles y materiales cobrados por el plantel.
• Campamentos o actividades canceladas.
• Otros servicios pendientes.

No se ha detallado un procedimiento nacional único para solicitar los reembolsos. Por ello, las familias deberán conservar contratos, recibos, transferencias, comprobantes de inscripción y comunicaciones con la escuela.

La orden no implica necesariamente la devolución de todos los pagos realizados durante ciclos anteriores. El reintegro se concentra en conceptos cobrados anticipadamente y servicios que no hayan sido prestados.

¿Qué ocurrió con Dafne Zapata en Tamaulipas?

Dafne Zapata, de 13 años, murió el 16 de julio mientras se encontraba en un campamento organizado por la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero.

La Fiscalía de Tamaulipas investiga el caso y detuvo al director del establecimiento y a dos mujeres vinculadas con el cuidado y la instrucción de las participantes. La indagatoria continúa y será la autoridad ministerial la que determine las responsabilidades penales.

La Secretaría de la Defensa Nacional también se deslindó de la academia y negó que el establecimiento perteneciera o estuviera vinculado formalmente con las Fuerzas Armadas.

Los señalamientos de la familia sobre presunto maltrato forman parte de la investigación. Aunque medios han reportado que la necropsia identificó asfixia por sumersión como causa de muerte, las circunstancias completas del fallecimiento todavía deben ser esclarecidas por la Fiscalía y los tribunales.

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¿La medida también responde a denuncias en Chiapas?

La decisión ocurre además en un contexto de denuncias de padres de familia por prácticas de violencia y castigos contra estudiantes en Chiapas.

Al menos 50 familias denunciaron presuntas “novatadas” en la Escuela Normal Rural Mactumatzá, en Tuxtla Gutiérrez. Entre las prácticas señaladas se encuentran ejercicios extremos, restricciones de alimentos y agua, ayunos prolongados y obstáculos para utilizar sanitarios.

Sin embargo, ese caso debe distinguirse de las academias privadas militarizadas: la Normal Rural Mactumatzá pertenece a otra modalidad educativa y las denuncias están relacionadas con actividades de inducción. La revisión y las posibles sanciones deberán seguir procedimientos independientes.

¿Cómo saber si una escuela tiene autorización o RVOE?

El RVOE permite comprobar que un programa de estudios impartido por una institución privada cuenta con reconocimiento oficial. No obstante, tener un RVOE no autoriza prácticas de maltrato ni garantiza por sí solo que todas las actividades adicionales del plantel estén avaladas por la SEP.

Antes de realizar una inscripción, las familias pueden:

• Solicitar por escrito el número de autorización o RVOE.
• Comprobar a qué programa y domicilio corresponde.
• Verificar qué autoridad lo expidió.
• Revisar que el nombre registrado coincida con el del plantel.
• Preguntar quién supervisa las actividades extracurriculares.
• Evitar entregar documentos originales sin recibir comprobante.
• Conservar contratos, reglamentos y recibos de pago.

Las familias también pueden consultar a la secretaría de Educación de su estado para saber si una escuela está incorporada y si existe algún procedimiento de suspensión o retiro de reconocimiento.

¿Qué deben hacer las familias afectadas por el cierre?

Quienes tengan hijos inscritos en una escuela militarizada deberán esperar la notificación formal de la autoridad educativa estatal, pero pueden comenzar a reunir los documentos relacionados con la inscripción.

Es recomendable conservar:

• Contrato de prestación de servicios educativos.
• Recibos y comprobantes bancarios.
• Reglamento escolar.
• Boletas y constancias.
• Número de RVOE o autorización.
• Mensajes enviados por directivos.
• Fotografías de documentos entregados.
• Comprobantes de uniformes, materiales y actividades.

Si la escuela retiene expedientes o se niega a devolver pagos por servicios no proporcionados, las familias pueden acudir a la autoridad educativa local. Las controversias de consumo también pueden ser presentadas ante la Procuraduría Federal del Consumidor, según las características del contrato y del servicio reclamado.

La SEP deberá coordinar con los gobiernos estatales la revisión de los planteles antes del inicio del ciclo escolar previsto para el 31 de agosto de 2026. Mientras avanza el proceso, las autoridades aún deben informar cuántas instituciones operan bajo este esquema, en qué estados se encuentran y cuántos estudiantes necesitarán una nueva escuela.

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