La mayor presión migratoria registrada en Ceuta desde la crisis de mayo de 2021 ha colocado al Gobierno ante un delicado ejercicio de equilibrio diplomático. Mientras la ciudad autónoma veía desbordada su capacidad de respuesta por la llegada continuada de miles de personas desde Marruecos, el Ejecutivo evitó cualquier acusación pública contra Rabat y centró todo su discurso en un objetivo: preservar una relación bilateral considerada estratégica.
La diferencia con la crisis de hace cinco años resulta significativa. Entonces, el Gobierno denunció abiertamente la actuación marroquí tras la entrada masiva de unas 10.000 personas, episodio que desencadenó la mayor crisis diplomática entre ambos países en décadas. Aquella confrontación terminó modificando profundamente la política española sobre el Sáhara Occidental y dio paso a una nueva etapa de cooperación con el reino alauí. Ahora, la respuesta ha sido exactamente la contraria.
Según las primeras estimaciones de los cuerpos de seguridad, en las últimas 24 horas ingresaron al menos 49.000 personas que han llegado a nado o prácticamente a pie por el espigón del Tarajal, pernoctaron a la intemperie y ahora deambulan por las calles de la ciudad autónoma de 83.000 habitantes. Estos datos suponen el aumento de golpe de cerca del 50 % de la población empadronada en el enclave en la costa de Marruecos, muchos de ellos fatigados, sin alojamiento ni comida. En un Mercadona de la ciudad se agolparon varios inmigrantes intentando entrar, muchos de ellos con tarjetas bancarias y billetes de dirham, hasta que la Policía Nacional se personó para ordenar su ingreso en colas, según la transmisión en directo de Espejo Público, en Antena 3.
Desde las primeras horas de la crisis, los mensajes oficiales siguieron un mismo patrón. Ni el Ministerio del Interior ni el Ministerio de Asuntos Exteriores atribuyeron públicamente la situación a una actuación deliberada de Marruecos. Al contrario, insistieron reiteradamente en la “colaboración ejemplar” de las autoridades marroquíes y en la coordinación permanente entre ambos gobiernos.
El objetivo era impedir que la crisis migratoria derivara también en una crisis diplomática. Mientras sobre el terreno se reforzaban los efectivos de Guardia Civil, Policía Nacional y Fuerzas Armadas para contener la presión fronteriza, políticamente Moncloa evitaba cualquier declaración que pudiera interpretarse como un reproche directo a Rabat.
?? Ceuta sigue registrando una llegada incesante de inmigrantes desde Marruecos, con más de 20.000 entradas a pie y a nado bordeando el espigón del Tarajal desde el pasado jueves
— EL ESPAÑOL (@elespanolcom) July 31, 2026
? Ante esta oleada ininterrumpida, el Ejército ha desplegado tanques en los accesos para redirigir… pic.twitter.com/XSsYJLgOf2
Un relato cuidadosamente construido
La explicación ofrecida por el Ejecutivo desplazó el foco desde Marruecos hacia otro elemento, la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre la prohibición de las devoluciones en caliente de quienes acceden a Ceuta y Melilla a nado.
Según el Gobierno, organizaciones criminales y redes dedicadas al tráfico de personas habrían difundido una interpretación interesada de esa resolución judicial para convencer a numerosos jóvenes marroquíes de que, una vez alcanzado territorio español por vía marítima, no podrían ser objeto de una devolución inmediata. Ese mensaje, difundido ampliamente a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, habría actuado como un potente revulsivo para intentar el cruce. Con este relato, el Ejecutivo desvincula la génesis de la crisis de una hipotética decisión política marroquí y la sitúa en la actuación de las mafias.
Sin embargo, la dimensión de la avalancha vuelve a plantear una cuestión que numerosos especialistas consideran inevitable, que ningún movimiento de estas características resulta posible sin un grado significativo de relajación del control fronterizo en el lado marroquí.
Las autoridades españolas reconocen que durante varias horas desapareció prácticamente la vigilancia habitual en algunos puntos del entorno del Tarajal, circunstancia que permitió el paso continuado de miles de personas. La incógnita reside en determinar si esa ausencia de control obedeció a una coincidencia operativa —el Día del Trono marroquí reducía la actividad institucional y policial— o si respondió a una decisión política. Por ahora, el Gobierno español evita entrar en ese debate.
? Decenas de inmigrantes por las calles de Ceuta tras haber cruzado a nado el espigón del Tarajal pic.twitter.com/RbXQhxBWTH
— THE OBJECTIVE (@TheObjective_es) July 30, 2026
La sombra del Sáhara sigue presente
Resulta imposible entender la prudencia de Moncloa sin recordar lo ocurrido tras la crisis de 2021. La normalización de las relaciones entre ambos países llegó únicamente después del histórico cambio de posición de España respecto al Sáhara Occidental. Pedro Sánchez abandonó la tradicional neutralidad española para respaldar el plan marroquí de autonomía, un giro que permitió restablecer la cooperación bilateral en materia migratoria, comercial y antiterrorista.
Ese nuevo marco constituye hoy uno de los principales pilares de la política exterior española en el Magreb. Abrir una nueva confrontación con Rabat supondría poner en riesgo un equilibrio construido durante los últimos años. España mantiene con Marruecos una de sus asociaciones exteriores más relevantes. No solo se trata del principal socio comercial español fuera de la Unión Europea en el norte de África, sino también de un aliado imprescindible en la lucha contra el terrorismo yihadista, la gestión de los flujos migratorios y la cooperación policial.
A ello se suma un nuevo elemento de interés compartido, la organización conjunta con Portugal del Mundial de Fútbol de 2030. Todo ello explica que el Ejecutivo haya optado por una estrategia de máxima contención política incluso en medio de una crisis de enorme impacto mediático.
Ceuta, el termómetro permanente
La situación vivida en la ciudad autónoma demuestra hasta qué punto Ceuta continúa siendo uno de los principales indicadores del estado real de las relaciones hispano-marroquíes. Cada episodio de presión migratoria pone a prueba la confianza entre ambos gobiernos y reactiva el debate sobre la capacidad de Marruecos para modular los flujos fronterizos.
Aunque oficialmente ambas capitales insistan en la excelente cooperación existente, la rapidez con la que evolucionó la crisis ha vuelto a recordar que esa estabilidad depende de un equilibrio extraordinariamente delicado.
Mientras Sánchez y el ministro Fernando Grande-Marlaska intensifican los contactos con sus homólogos marroquíes para acelerar las devoluciones y restablecer el control fronterizo, el Ejecutivo afronta una espada de Damocles en el reto de contener la presión migratoria que ha desbordado la capacidad operativa de la ciudad autónoma, así como equilibrar la relación con Rabat. @mundiario