MORELIA, Mich., 25 de marzo de 2026.- La consejera electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Astrid Humphrey Jordan, sostuvo que la educación cívica en México ya no puede entenderse solo como un discurso institucional o como un mecanismo para llevar personas a votar, sino como una política pública activa, territorial, medible y con resultados, centrada en niñas, niños y juventudes.
Lo anterior expuso al impartir la conferencia magistral Políticas públicas en materia de educación cívica, impartida en el marco del Tercer encuentro de buenas prácticas: Hacia una ciudadanía temprana de las infancias y las juventudes, Educar para participar, en Pátzcuaro.
Ante consejeros del Instituto Electoral de Michoacán y estudiosos de la materia electoral, Humphrey sostuvo que el gran reto democrático no está únicamente en que la ciudadanía acuda a las urnas el día de la elección, sino en formar personas que participen de manera activa en su comunidad, que dialoguen, que respeten la diversidad, que resuelvan conflictos de forma pacífica y que asuman una corresponsabilidad social desde edades tempranas.
Desde esa perspectiva, afirmó que formar ciudadanía temprana no implica enseñar conceptos políticos complejos a las infancias, sino desarrollar habilidades humanas fundamentales como el diálogo, el respeto, la escucha activa, la convivencia y la participación, capacidades que, dijo, fortalecen a la democracia en el largo plazo.
La Consejera planteó que uno de los cambios sustantivos en la visión de la educación cívica es dejar de verla exclusivamente desde el ámbito electoral para convertirla en una política pública operativa, con evidencia empírica, metas, indicadores y posibilidad de evaluación.
Enfatizó que hoy ya existen experiencias, datos y resultados medibles que permiten saber qué funciona y qué no en la formación cívica.
Como parte de ese diagnóstico, explicó que la Estrategia Nacional de Educación Cívica, conocida como ENCÍVICA 2024-2026, cierra este año y que ya se construye el modelo que regirá en los próximos años. Indicó que esta estrategia ha pasado de las ideas generales a acciones concretas, como consultas infantiles y juveniles, proyectos educativos, concursos, programas de participación comunitaria, proyectos territoriales y estrategias nacionales con metas e indicadores.
Entre las acciones mencionó ejercicios como consultas infantil y juvenil, proyectos educativos como Árbol Faro Democrático, concursos como Tejiendo Redes Ciudadanas por Juventudes Diversas y Juventud Actúa MX, así como proyectos educativos territoriales y estrategias de participación comunitaria.
Subrayó que esto demuestra que la educación cívica ya no se construye solo a nivel nacional, sino también en los ámbitos estatal, municipal y comunitario.
Humphrey insistió en que la formación ciudadana exige reconocer a las niñas, niños y adolescentes no solamente como beneficiarios de programas educativos, sino como sujetos de derechos, particularmente del derecho a la participación.
Por ello, dijo, ya no basta con diseñar programas para ellos, sino que es indispensable escucharles y ajustar las políticas públicas a partir de la información y los datos que arrojan esos ejercicios.
La consejera sostuvo que el objetivo de estos esfuerzos debe ser la construcción de una ciudadanía integral, es decir, no solo personas capaces de participar en democracia, sino también de transformarla.
En esa lógica, advirtió que las políticas públicas en educación cívica no pueden pensarse solo en términos institucionales, sino también generacionales, porque lo que hoy se haga o deje de hacer con las infancias y juventudes impactará la calidad democrática dentro de 10, 20 o 30 años.
En su exposición propuso tres enfoques para consolidar la educación cívica como política pública.
El primero, la educación cívica vista desde el desarrollo humano, bajo la premisa de que este no depende únicamente del ingreso económico, sino también del acceso a la educación, a la participación y a oportunidades de desarrollo.
El segundo, el enfoque de derechos, para dejar de ver a niñas, niños y juventudes sólo como receptores y colocarlos como personas activas en la vida pública.
El tercero, la educación cívica como política pública medible, es decir, sujeta a indicadores, metas, resultados y evaluación.
Sobre este último punto, destacó que la ENCÍVICA ya cuenta con un sistema formal de evaluación basado en indicadores y resultados, lo que ha obligado a las autoridades electorales a diseñar mejor sus programas.
Señaló que ya no basta con generar proyectos educativos, sino que es indispensable medir si están cumpliendo su propósito, si aumentan la participación, si mejoran el pensamiento crítico y si fortalecen una cultura democrática basada en el respeto y la deliberación.
Como indicadores básicos, propuso medir si las niñas, niños y adolescentes participan más después de los proyectos, si mejoran su capacidad para analizar información y si aprenden a dialogar con respeto, a escuchar y a convivir con quienes piensan distinto. Afirmó que sin esa medición no puede hablarse realmente de políticas públicas en educación cívica.
Humphrey respaldó sus planteamientos con datos de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica y Democracia 2025, ENSIDE, cuyos resultados, dijo, deben servir para rediseñar las políticas educativas y cívicas del país.
Entre los hallazgos que destacó, señaló que 56.7 por ciento de la población considera que México está hoy más polarizado que hace cinco años, lo que refleja un contexto cada vez más adverso para el diálogo democrático, la escucha y la tolerancia.
Añadió que seis de cada 10 personas confían en el Instituto Nacional Electoral, lo que mantiene al órgano electoral como una de las instituciones mejor valoradas del Estado mexicano, pero al mismo tiempo implica que cuatro de cada 10 no confían en él, dato que consideró relevante para repensar el trabajo institucional y la erosión de la credibilidad pública.
Otro foco rojo, expuso, es que nueve de cada 10 personas perciben la compra del voto como una práctica frecuente.
Aunque reconoció que se trata de delitos electorales, subrayó que su alta percepción dentro de la ciudadanía muestra un problema profundo de cultura democrática, de integridad electoral y de confianza en el sistema.
También advirtió sobre la baja participación comunitaria. Señaló que menos de tres de cada 10 personas realizaron trabajo voluntario en su comunidad durante el último año y que apenas 24.7 por ciento ha participado alguna vez en asociaciones de madres y padres de familia.
A su juicio, estod datos confirman que la participación no surge de manera espontánea al llegar a la mayoría de edad, sino que debe aprenderse desde la infancia en el entorno escolar, familiar y comunitario.
Con base en estos resultados, la consejera delineó un modelo práctico de política pública en cuatro etapas.
Primero, un diagnóstico basado en evidencia, con datos sobre polarización, compra de voto y baja participación social.
Segundo, un diseño pedagógico centrado en experiencias, con simulaciones democráticas, proyectos comunitarios, deliberación y aprendizaje ligado a problemas reales.
Tercero, una ejecución territorial en escuelas, comunidades, organizaciones juveniles y espacios digitales. Y cuarto, una evaluación permanente que permita corregir errores y mejorar la implementación.
En este punto dio especial relevancia al entorno digital. Señaló que hoy las infancias y juventudes crecen en medio de algoritmos, desinformación, noticias falsas y herramientas de inteligencia artificial que pueden producir contenidos aparentemente reales.
Frente a ello, consideró indispensable incorporar una alfabetización digital que enseñe a identificar fuentes confiables, contrastar información, verificar contenidos y desarrollar pensamiento crítico.
Afirmó que el reto no es aislar a niñas, niños y jóvenes de la tecnología, sino entrar a los espacios donde ya se mueven, entender cómo buscan información y cómo se comunican, y aprovechar esas mismas plataformas para impulsar valores democráticos, cultura cívica y participación.
Dijo que la inteligencia artificial y las tecnologías digitales no van a desaparecer, por lo que las instituciones deben reaccionar con rapidez y construir también espacios digitales para la ciudadanía.
En ese marco, mencionó que el INE echó a andar el programa Certeza para responder a la desinformación, inicialmente durante procesos electorales, y que ahora la intención es mantener estrategias institucionales más permanentes para ofrecer información clara, concisa y oportuna y para desmentir con rapidez contenidos falsos que abran vacíos informativos.
Humphrey subrayó además que la educación cívica necesita presupuesto para convertirse realmente en política pública. Sostuvo que sin recursos, cualquier diseño institucional se queda en el texto.
En esa línea, expresó su preocupación por la reducción presupuestal que ha enfrentado el INE y cuestionó propuestas de reforma que planteaban retirar a las autoridades electorales la atribución en materia de educación cívica.
Afirmó que, desde su perspectiva, habría sido un error excluir al INE y a los órganos electorales de esta tarea sin crear al mismo tiempo una política pública clara desde otras instancias del Estado, particularmente desde el sistema educativo.
Por ello, dijo que una de las razones por las que vio positivamente que esa parte de la reforma no avanzara es que la educación cívica habría quedado sin una ruta institucional definida.
Como ejemplo de participación temprana, destacó las consultas infantiles y juveniles que realiza el INE desde 1997. Refirió que la última, celebrada en noviembre de 2024, tuvo cerca de 11 millones de participaciones y se desarrolló mediante boleta digital y la instalación de casi 65 mil casillas en todo el país.
Consideró que estos ejercicios son fundamentales porque ofrecen información valiosa sobre las preocupaciones y formas de participación de personas de entre tres y 17 años.
Asimismo, explicó que el levantamiento de las encuestas más recientes comenzó el 5 de diciembre de 2025, bajo supervisión territorial y en lad 32 entidades federativas, con participación de órganos desconcentrados del Instituto, lo que, a su juicio, demuestra que la educación cívica se implementa como una política pública territorial, con atención a contextos específicos, incluidos los retos de zonas rurales, urbanas y mixtas.
En el cierre de su participación, la consejera insistió en que México ya puede afirmar que cuenta con una política pública de educación cívica basada en datos, territorial, evaluable, medible y con resultados, pero advirtió que el país aún enfrenta una responsabilidad enorme: formar ciudadanía desde la infancia.
A su juicio, el objetivo ya no debe ser solo aumentar el conocimiento político o llevar más personas a las urnas, sino construir personas capaces de convivir, dialogar, participar, pedir cuentas y defender una democracia incluyente.
“Las y los niños no son el futuro, son el presente”, remarcó al señalar que la responsabilidad ética de las autoridades, de las instituciones académicas y de la sociedad es no desmotivar a las infancias y juventudes, sino abrirles vías reales de participación.
La conferencia concluyó con una idea central que atravesó toda su disertación: la democracia no se aprende leyéndola, sino viviéndola. Y esa experiencia, sostuvo, debe comenzar desde la niñez.
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