El 26 de septiembre del 2014 es un día que vivirá en la infamia. Cuarenta y tres estudiantes normalistas de Ayotzinapa fueron presuntamente secuestrados y asesinados por una mezcla barbárica de cárteles y autoridades protectoras (y posiblemente militares); posteriormente al asesinato masivo y desaparición de los jóvenes, se destruyó evidencia e inventó (vía el exprocurador Murillo Karam) una “verdad histórica” falsa, permitiendo que un crimen de Estado quedara -esencialmente- impune.
En 2022, el entonces Presidente, hoy el Ayatola de “La Chingada”, interviene personalmente en el expediente, hace un champurrado de mentiras y medias verdades y se enfoca en desligar al Ejército, la Marina y otros mandos de haber participado en la operación pre y post Iguala/Ayotzinapa, forzando la renuncia de varios integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y ordenando después la detención de Jesús Murillo Karam.
Así, como afirman los especialistas en el asunto, pasamos de la “verdad histórica” de Ayotzinapa a la “verdad histérica” de López Obrador.
En esta segunda investigación jamás se mencionó videoevidencia alguna que involucrara al entonces Gobernador perredista de Guerrero, Ángel Aguirre. Más aún, nunca se habló de participación local en la desaparición más arriba del nivel municipal.
Ahora, en 2026, una docena de años después de un suceso en el que se alteraron los hechos, sale la FGR de la Dra. Ernestina Godoy con una orden de arresto en contra del ex Gobernador Aguirre, quesque por ocultar/destruir pruebas.
En el espacio de tres semanas, dos exgobernadores “de oposición” son detenidos por la FGR morenista acusados de graves delitos, basados en elementos pequeños, tanto que escasamente se les puede llamar “pruebas”.
Dicen que hay testigos que afirman que Aguirre ordenó la destrucción de evidencia; cuando acusan a Rocha Moya de haber recibido dinero del narco para su campaña -según testigos ante Fiscales norteamericanos- las pruebas no valen, afirma nuestra FGR/Gobierno, pero cuando se trata de los opositores de Morena, entonces sí valen.
Más débil aún el caso de Ernesto Ruffo, exgobernador panista de Baja California: su “delito” es ser socio minoritario de una agencia empleada por maleantes para contrabandear.
Mayores elementos hay en la “Madre de Todas las Estafas”, que es el caso de los 31 buques-tanque del huachicol fiscal que entraron por Tampico y Altamira con la complicidad de marinos, y es fecha que ningún mando, que ningún funcionario -fuera de los Almirantes Farías Laguna, que de alguien recibían órdenes- ha sido procesado.
Recordemos que su tío era el Secretario de Marina en ese entonces y que ese mismo tío era el encargado en el 2014 de la Octava Región Naval responsable de la zona de Iguala, de donde desaparecieron no sólo los 43 normalistas, sino evidencia crucial del basurero de Cocula donde se encontraron algunos restos de los propios jóvenes.
Aparenta que la vara con que mide los delitos la señora Godoy es telescópica: muy larga para medir a los cuatroteros, pero sumamente corta para los rivales políticos de Morena.
Los “narcogobernadores, narcoalcaldes y narcosenadores” actuales que acusa Estados Unidos, de acuerdo con nuestra Fiscalía/Gobierno, son inocentes.
Pero más que culpables lo son para ellos dos exmandatarios de oposición apresados con dureza extrema en una aplicación de la ley inusitada por tardada y por la escasez de pruebas fehacientes.
En contraste éstas con las que sí hay en contra de los morenarcos demandados por la justicia norteamericana.
Si fuese uno malpensado, pudiera hasta decir que el Gobierno cuatrotero, vía su FGR, pretende distraer la atención, politizar la justicia y atiborrar de delitos a sus opositores mientras tiende un grueso manto de impunidad sobre los suyos.
Pudiera pensarse, de ser suspicaz, que el régimen está envuelto en una operación de simulación: aparentar que es muy justiciero y estricto con funcionarios públicos cuando en realidad hace justicia… ¡pero en los bueyes de su compadre perredista!