Guanajuato. La Secretaría de Obra Pública (SOP) y la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso coincidieron en que no es viable la iniciativa de Movimiento Ciudadano de crear un fondo para transporte público urbano y suburbano, por razones económicas y jurídicas.
Este fondo fue propuesto para subsidiar las tarifas del transporte público el 19 de febrero pasado, por el diputado local Rodrigo González Zaragoza, ante el Congreso del Estado.
En la iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad del Estado, que contempla más puntos, se propuso crear el Fondo de Subsidio para el Transporte Público Urbano y Suburbano para compensar incrementos tarifarios necesarios, garantizar accesibilidad económica y financiar tarifas preferenciales.
Durante la mesa de trabajo de la Comisión de Movilidad del Congreso, Enrique Orozco, de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas, dio una explicación en la que detalló que de los 140 mil 300 millones de pesos que integran el Presupuesto de Egresos del Estado, todos tienen un destino asignado.
Y que los recursos federales recibidos son para los municipios. Y en otras palabras dio a entender que no hay dinero de donde tomar para formar el fondo propuesto. Además de que, según la iniciativa, el fondo tendría que actualizarse, por lo cual tendría que aumentar cada vez, lo que lo hace menos factible.
“No es jurídicamente viable”
El representante de la Secretaría de Obra Pública (SOP) expresó: “Se considera que la propuesta no es jurídicamente viable porque la Constitución Política del Estado establece que es competencia municipal regular el transporte público urbano y suburbano”.
Además de que crear este fondo implicaría realizar un estudio previo de factibilidad y establecer la fuente de financiamiento.
La legisladora Sandra Alicia Pedroza Orozco comentó que lo que se pretende es reconfigurar el transporte urbano y suburbano en Guanajuato para que deje de caer la obligación solo en los municipios y transitar a un modelo en que ese servicio se opere de manera conjunta entre el Estado y los municipios, fortaleciendo la rectoría estatal sobre la planeación, regulación, operación y financiamiento del servicio, que sea más accesible y menos dependiente en aumentos de tarifas.
María José Espinoza Ortega, de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, señaló que la iniciativa analizada no se considera viable, debido a que la propuesta no es acorde con el marco jurídico del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 117 de la Constitución local.
Otro de los asistentes a la mesa de trabajo señaló que no es congruente quitarles atribuciones a los municipios en la Constitución y agregarles otras en la Ley de Movilidad, que como está redactado deja la posibilidad de que año con año aumente la tarifa de transporte, entre otras cosas.
AM