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Mundiario 13 Aug, 2026 20:44

Varapalo a Trump: un juez frena su millonaria cruzada contra Harvard por antisemitismo

La ofensiva legal de la Administración de Donald Trump contra las universidades de la Ivy League sufrió un revés definitivo en los tribunales. El juez federal Richard G. Stearns desestimó la demanda civil presentada por el Departamento de Justicia de EE UU contra la Universidad de Harvard, en la que se acusaba a la institución de "indiferencia deliberada" y de tolerar un entorno hostil para los estudiantes judíos tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

En su resolución de cuatro páginas, Stearns determinó que las pruebas aportadas por el gobierno —centradas casi en su totalidad en el periodo escolar 2023-2024— eran "aisladas y episódicas", por lo que no fundamentan un incumplimiento sistémico y actual de la ley federal de derechos civiles. El fallo bloquea la agresiva intención del Ejecutivo de obligar a Harvard a devolver cerca de 1.000 millones de dólares en subsidios federales ya otorgados, aunque la fiscal general adjunta de Derechos Civiles, Harmeet K. Dhillon, ya manifestó su disconformidad y adelantó que evalúan apelar la medida.

La resolución no determina que los episodios denunciados no ocurrieran ni elimina el problema del antisemitismo en los campus estadounidenses. Lo que establece es algo más concreto y jurídicamente decisivo: el Gobierno no consiguió demostrar que Harvard estuviera incurriendo en una violación continuada de la legislación federal sobre derechos civiles. Para Stearns, los hechos aportados resultaban "demasiado aislados y episódicos" para acreditar una situación persistente.

La demanda formaba parte de la ofensiva emprendida por Trump contra algunas de las grandes universidades estadounidenses, con Harvard convertida en uno de los principales objetivos políticos y jurídicos de la Administración. El argumento del Ejecutivo era que Harvard habría permitido un ambiente de discriminación contra estudiantes judíos e israelíes y, por tanto, habría incumplido las obligaciones derivadas del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación por motivos de raza, color u origen nacional en programas que reciben financiación federal.

Sobre esa base, el Gobierno pretendía recuperar miles de millones de dólares concedidos a Harvard para investigación y abrir la puerta a nuevas restricciones sobre la financiación pública. La demanda reclamaba incluso recuperar cantidades ya concedidas desde octubre de 2023.

Harvard obtiene oxígeno, pero no una absolución política

La decisión supone una victoria procesal para Harvard, aunque sería excesivo interpretarla como una certificación judicial de que la universidad ha resuelto todos sus problemas. El presidente de Harvard, Alan M. Garber, señaló que la institución había creado un grupo de trabajo específico, incorporado nuevos responsables académicos y modificado sus procedimientos disciplinarios para hacerlos más coherentes y eficaces.

Harvard también ha sostenido que condena el antisemitismo y que los estudiantes judíos e israelíes deben poder participar plenamente en la vida universitaria sin sufrir acoso o exclusión. El juez ha rechazado la vía concreta utilizada por el Gobierno, pero no ha convertido a Harvard en un modelo de gestión del conflicto universitario.

Harvard es una de las grandes instituciones de investigación del mundo y mantiene una relación sustancial con el Gobierno federal a través de subvenciones y contratos. La Administración Trump ha intentado utilizar esa dependencia como una de sus principales palancas de presión.

La Casa Blanca sostiene que el dinero de los contribuyentes no debería financiar instituciones que, a su juicio, toleren discriminación o incumplan sus obligaciones legales.

En otro litigio, un juez federal ordenó al Gobierno restaurar más de 2.600 millones de dólares en financiación que había sido recortada a Harvard. Aquella resolución concluyó que la Administración había impuesto condiciones inconstitucionales y describió el uso del antisemitismo como una "cortina de humo para un ataque selectivo, motivado ideológicamente" contra universidades.

 

?Desestimada la demanda de Trump contra la universidad de Harvard por antisemitismo

??El juez afirma que "si hubo casos, fueron muy aislados" y que "de ninguna forma se puede hablar de acoso institucionalizado a los judíos"

??@SAlonsoEsparza, enviada especial a Washington pic.twitter.com/XIBjg6JF4d

— 24 horas de RNE (@24horas_rne) August 13, 2026

Trump no pierde la guerra contra Harvard, pero sí una batalla importante

La Administración todavía dispone de margen para continuar su ofensiva. El Departamento de Justicia ya ha indicado que discrepa de la decisión y está estudiando los siguientes pasos, por lo que el litigio podría continuar mediante una apelación. Además, la Casa Blanca ha utilizado otras vías para presionar a Harvard.

Ha intentado recortar su financiación científica, ha tratado de limitar su capacidad para admitir estudiantes extranjeros y ha llevado a los tribunales otras medidas relacionadas con la universidad. Algunas de esas iniciativas también han encontrado resistencia judicial. Un juez federal bloqueó el intento de revocar la capacidad de Harvard para matricular estudiantes internacionales. 

Trump conserva capacidad política para mantener el pulso. Harvard continúa sometida a una presión extraordinaria. Pero los tribunales están actuando como un límite cuando la Administración intenta convertir una controversia política en una consecuencia jurídica o financiera sin acreditar suficientemente los hechos.

El presidente sostiene que determinadas instituciones académicas se han alejado de los valores que deberían proteger y que el Gobierno federal tiene derecho a exigir responsabilidades cuando reciben dinero público. Harvard, por su parte, ha interpretado varias de las exigencias presidenciales como un intento de interferir en su autonomía y en su gobierno interno.

Entre ambas posiciones existe un terreno especialmente delicado: la obligación de combatir el antisemitismo no elimina las garantías jurídicas de las universidades, del mismo modo que la defensa de la libertad académica no exime a una institución de cumplir las leyes contra la discriminación. @mundiario

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