Un juez federal en Boston desestimó este jueves una demanda del gobierno del presidente Donald Trump que acusaba a la Universidad de Harvard de hacer la vista gorda ante el supuesto acoso contra estudiantes judíos.
La decisión del juez de distrito Richard G. Stearns indicó que el gobierno no logró demostrar una violación vigente de las leyes federales de derechos civiles. El magistrado señaló que la demanda, presentada en marzo, se centra en su mayoría en incidentes ocurridos durante el año académico 2023-2024 y en algunos casos de marzo de 2025.
Los casos eran “demasiado aislados y episódicos” para probar una violación persistente de los derechos civiles en el campus de Cambridge, Massachusetts, afirmó el juez.
Ni Harvard ni el Departamento de Justicia comentaron sobre la decisión.
¿Cómo inició el conflicto entre Trump y Harvard?
La demanda acusaba a Harvard de no proteger a estudiantes judíos durante las manifestaciones propalestinas que sacudieron el campus tras los ataques de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023.
El gobierno de Trump sostuvo que las autoridades de Harvard no hicieron nada mientras estudiantes judíos eran “acosados, agredidos físicamente, perseguidos y les escupían”.
En un comunicado posterior a la presentación de la demanda, Harvard dijo que “se preocupa profundamente por los miembros de nuestra comunidad judía e israelí y sigue comprometida a garantizar que sean acogidos, respetados y puedan prosperar en nuestro campus”.
El presidente de Harvard, Alan M. Garber, afirmó que la universidad formó un grupo de trabajo para combatir el antisemitismo. La universidad también contrató a un nuevo jefe académico y nuevos decanos, además de reformar sus políticas disciplinarias para hacerlas “más coherentes, justas y eficaces”, manifestó Garber.
El caso del gobierno buscaba recuperar miles de millones de dólares en subvenciones federales para investigación otorgadas a Harvard desde octubre de 2023. Funcionarios de Trump argumentaron que tenían derecho a recuperar el dinero en virtud del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, una ley federal que prohíbe la discriminación por motivos de raza u origen nacional.
La demanda figura entre varias acciones que el gobierno emprendió contra Harvard desde que la prestigiosa universidad rechazó una lista de exigencias formuladas por la Casa Blanca después de que Trump, republicano, regresó al cargo el año pasado. Por separado, las autoridades intentaron recortar el financiamiento de Harvard para la investigación y limitar su capacidad para matricular a estudiantes extranjeros y a integrantes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
En otro caso legal el año pasado, un juez federal ordenó al gobierno de Trump revertir más de 2 mil 600 millones de dólares en recortes de financiamiento federal a Harvard. Esa decisión concluyó que la Casa Blanca impuso condiciones inconstitucionales al financiamiento federal y utilizó el antisemitismo como una “cortina de humo para un ataque selectivo, motivado ideológicamente” contra las universidades.
Pese a su amarga disputa, Harvard y el gobierno actual mantuvieron algunas negociaciones, y el propio Trump dijo que ambas partes estuvieron cerca de alcanzar un acuerdo. Sin embargo, cuando el Departamento de Justicia presentó esta demanda por derechos civiles en marzo, el caso apuntó a un estancamiento extraordinario. Cuando se determina que las universidades infringen la ley federal de derechos civiles, casi siempre alcanzan el cumplimiento mediante acuerdos voluntarios.
