La política española vive instalada en un vodevil permanente donde los grandes conceptos —prioridad nacional, integridad territorial, unidad de destino en lo universal y demás reliquias retóricas— sirven como telón de fondo para ocultar lo que realmente importa: la economía, esa señora antipática que nunca sonríe, que siempre pide cuentas y que, para colmo, no entiende de banderas. En España, el 90 % del arco parlamentario prefiere hablar de símbolos antes que de cifras, de agravios territoriales antes que de desigualdad, de identidades antes que de salarios. Y no porque sean tontos, sino porque saben perfectamente que la realidad económica es un campo minado donde cualquier paso puede volar por los aires su discurso oficial.
La ultraderecha agita la prioridad nacional como si fuera un talismán mágico capaz de resolver todos los problemas del país. La izquierda light, por su parte, se envuelve en la integridad territorial como si fuera una manta de seguridad emocional. Ambos conceptos funcionan como tapaderas ad hoc para que el pueblo llano no mire donde no debe: en el bolsillo, en la nómina, en la deuda, en la precariedad, en la desigualdad rampante. Como diría el Consejo Económico y Social (CES), que lleva años alertando de la fragilidad estructural del mercado laboral español, la política nacional vive en un universo paralelo donde la economía real es un invitado incómodo que se intenta mantener fuera de plano.
Mientras tanto, el españolito medio sigue a lo suyo: llegar a fin de mes con lo justo, vivir en la incertidumbre y consumir bagatelas a troche y moche. ¡Viva la clase media! ¡Vivan las caenas!, como vociferaba la muchedumbre en 1814 para recibir al rey felón y borbónico Fernando VII, aquel campeón del absolutismo que abolió la Constitución de Cádiz con la misma alegría con la que hoy se aprueban reformas laborales y parches económicos alentados por Bruselas y Washington que prometen mucho y cambian poco. La historia, como siempre, no se repite, pero rima con un sarcasmo exquisito.
España, paraíso del capital extranjero
España es muy rentable para el capital extranjero. Mucho. Demasiado. Desde 2022, el Ibex 35 —ese club selecto donde cotizan las principales empresas “españolas”— se ha revalorizado un 145 %. Sí, ciento cuarenta y cinco. Mientras tanto, el salario medio bruto anual apenas ha subido un 10 % en el mismo periodo, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). La moraleja es tan evidente que da risa: hazte especulador en cuanto puedas y deja de trabajar cuanto antes. El trabajo es para pringados; el capital, para los listos.
Rubén Juste, sociólogo y autor de Ibex 35: una historia herética del poder en España, lleva años explicando que el poder económico español está profundamente internacionalizado. Y no porque España sea un país especialmente atractivo, sino porque su estructura empresarial está diseñada para que el capital foráneo entre, salga y haga caja sin demasiadas complicaciones. La Marea, con investigaciones de Dani Domínguez y su equipo, ha documentado repetidamente cómo los grandes fondos de inversión han colonizado sectores estratégicos como la energía, las telecomunicaciones y la banca.
Ahora que tanto se habla de la manida prioridad nacional y de la sacrosanta integridad territorial, salta la noticia —escondida entre la hojarasca de multitud de gilipolleces y nimiedades para distraer a la masa— de que el dinero foráneo controla el 60 % del Ibex 35. Más de 240.000 millones de euros en acciones. Pero tranquilos: la soberanía nacional está a salvo, porque el capital no tiene color, ni bandera, ni himno. Y, por supuesto, no invade las costas españolas. Solo las empresas.
Los grandes inversores son fondos de inversión y fondos soberanos nacionales: BlackRock (más de 40.000 millones), Vanguard (cerca de 23.000 millones) y Norges Bank (más de 15.000 millones). El Estado español mantiene en el Ibex 35 una posición meramente testimonial con algo más del 4 % del capital total. Una presencia simbólica, decorativa, casi protocolaria. Como quien va a una boda y se sienta en la mesa de los niños.
La deuda: la verdadera bandera
Si miramos la denominada deuda pública, la mitad está en manos extranjeras. Más o menos unos 740.000 millones de euros. Nuestros principales acreedores son Francia, Alemania, Estados Unidos, Italia y Luxemburgo, ya sea directamente a través de sus presupuestos estatales o mediante sociedades instrumentales privadas. La Agencia Tributaria y FEDEA llevan años advirtiendo que la dependencia financiera exterior es un factor de vulnerabilidad estructural que condiciona cualquier política económica.
A escala privada, los hogares y las empresas españolas acumulan una deuda superior al billón de euros. Los principales acreedores son Banco Santander, BBVA, CaixaBank y Banc Sabadell, entidades que —oh sorpresa— también tienen capital extranjero en su accionariado. La soberanía económica española es tan sólida como un castillo de arena en la playa de Benidorm.
Juan Torres López y Vicenç Navarro, dos economistas que llevan décadas analizando la estructura del poder económico en España, coinciden en que la deuda es el mecanismo más eficaz para disciplinar a los gobiernos democráticos. Una desinversión estratégica o una subida táctica de intereses puede desestabilizar a cualquier ejecutivo, por mucho apoyo popular que tenga. La democracia, cuando la economía aprieta, se convierte en un ejercicio de funambulismo.
Paraísos fiscales: la verdadera prioridad nacional
El capital español en paraísos fiscales ronda los 200.000 millones de euros en cuentas opacas, sobre todo en Suiza. Ese montante representa alrededor del 13 % de la riqueza nacional. ¿Quiénes exportan su capital a esos paraísos tan exclusivos? No hay registros oficiales, evidentemente. Pero los Papeles de Panamá y los Pandora Papers ofrecen pistas: empresarios, políticos, deportistas, grandes fortunas y sociedades instrumentales diseñadas para ocultar la titularidad real de los activos.
GESTHA, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, lleva años denunciando que el fraude fiscal en España ronda los 50.000 millones de euros anuales. ¿Quiénes son los principales defraudadores? Los que pueden. Es decir, empresas y particulares con acceso a la ingeniería financiera, a asesores especializados y a estructuras societarias complejas. El fraude fiscal no es un deporte de masas; es un deporte de élites.
Mientras tanto, el españolito medio paga religiosamente su IRPF, su IVA, su impuesto de circulación y su cuota de autónomos. La prioridad nacional, al parecer, consiste en que los de abajo sostengan el sistema mientras los de arriba lo esquivan con elegancia.
¿Quién manda realmente en España?
La respuesta es sencilla: el capital foráneo y las entidades que controlan la deuda, tanto privada como pública. La política española es un teatro donde los actores discuten sobre banderas, identidades y agravios territoriales, mientras el guion real lo escriben los mercados financieros. La integridad territorial es un concepto muy útil para distraer al público, pero irrelevante para quienes deciden si España puede financiarse, invertir, crecer o simplemente sobrevivir.
Lo que puede decirse de España es extensible a cualquier país del mundo, especialmente a los más vulnerables o periféricos. La globalidad neoliberal no entiende de fronteras, solo de balances, rentabilidades y oportunidades de negocio.
¿Puede haber democracia real con desigualdad creciente?
La pregunta es incómoda, pero inevitable. ¿Puede haber democracia real con desigualdad creciente y sin un sector público sólido y fuerte? El CES, FEDEA y numerosos economistas coinciden en que la respuesta es no. Una democracia sin igualdad es una democracia de cartón piedra. Una democracia sin capacidad fiscal es una democracia tutelada. Una democracia sin soberanía económica es una democracia condicionada.
¿Quiénes violan realmente la soberanía nacional?
¿Los capitales especulativos y los fondos buitre? ¿O los parias del mundo pobre que vienen al presunto mundo rico a intentar mejorar sus condiciones de vida y recuperar los robos perpetrados por Occidente mediante el esclavismo, el colonialismo y la globalidad neoliberal? La respuesta, aunque duela, es evidente.
La soberanía nacional no la violan quienes llegan en patera, sino quienes llegan en jets privados.
Disculpas encarecidas por hacerles pensar y joderles las vacaciones de este modo tan vil y traicionero. Pero es que estoy depre y tal. @mundiario