MORELIA, Mich., 27 de marzo de 2026.- Un adolescente que comete un delito, por grave que este sea, no puede ser juzgado como adulto, ya que la Constitución, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y los tratados internacionales lo prohíben, afirmó el abogado Antonio Miguel Cano, exdirector de la Unidad Especializada en Adolescentes y Adultos Jóvenes del Sistema Penitenciario de Michoacán.

En entrevista para Quadratín, al referirse al caso del menor que presuntamente asesinó a dos maestras en el municipio de Lázaro Cárdenas, el especialista subrayó que ninguna autoridad local puede modificar este marco legal, por lo que resulta improcedente exigir que el joven sea procesado como un adulto.

“El hecho de que haya cometido una conducta grave no cambia su condición jurídica. Se trata de una persona en desarrollo y el sistema está diseñado precisamente para atender esa condición”, explicó.

Cano destacó que, más allá del delito, es fundamental analizar el entorno en el que se desarrolla el adolescente, ya que factores familiares, sociales y económicos pueden influir en su conducta. En ese sentido, insistió en que el Estado está obligado a investigar las causas que llevaron al menor a delinquir.

Asimismo, advirtió que el adolescente también cuenta con derechos, como la privacidad y la confidencialidad de su identidad, los cuales, dijo, han sido vulnerados en este caso. Esta exposición pública, agregó, puede generar un efecto contrario al proceso de reinserción social.

“Se le está causando un daño adicional. Se está pasando de verlo como victimario a convertirlo también en víctima, al exhibirlo y estigmatizarlo ante la sociedad”, señaló.

El especialista recordó que, conforme a la legislación vigente, las sanciones para adolescentes son distintas a las de los adultos y priorizan la reintegración social. Indicó que la pena máxima de privación de la libertad es de hasta cinco años y únicamente en ciertos delitos específicos, entre los cuales no se encuentra el feminicidio.

Por ello, explicó que incluso en casos de alta gravedad, el margen de sanción está limitado por la ley y debe aplicarse bajo criterios especializados, considerando la edad del menor y privilegiando siempre su desarrollo integral.

Además, criticó que las autoridades suelen restar importancia a esta problemática.

“Lamentablemente, los gobiernos minimizan el tema de los adolescentes en conflicto con la ley porque consideran que no les reditúa nada, ni en lo económico ni en lo político. Solo voltean a ver el problema cuando ocurre un caso de alto impacto”, señaló.

Finalmente, Cano fue enfático al señalar que el problema no radica en las leyes, sino en su correcta aplicación.

“La ley está bien diseñada. El problema son los operadores. Se necesita personal capacitado y con vocación para atender a adolescentes en conflicto con la ley, entendiendo que son personas en proceso de formación”, concluyó.

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