España es uno de los escasos países del mundo donde un acto ilegal genera derechos, como lo vemos a diario en el caso de ocupaciones, usurpaciones y otros actos. Hasta de llega al caso de cuestionar o limitar el propio Derecho de Defensa como hemos visto en casos de la invasión del hogar de personas ancianas por delincuentes comunes extranjeros, de largos antecedentes, y que se defendieron como pudieron. Nadie podría, como se puede aquí, invocar derechos, luego de cometer un acto ilegal, contra los principios: “Ex injuria jus non oritur” (del fraude o la ilegalidad no nace derecho) y “Nemo auditur propiam turpitudinem allegans” (Nadie puede ser escuchado en juicio cuando alega su propia torpeza). Pero como vemos, los inmigrantes ilegales que entran en masa en territorio nacional, violentando las fronteras y arrollando a sus custodios, sí adquieren derechos inmediatos. Y ¡ojo!, que no estamos cuestionando los Derechos Humanos, sino otra clase de derechos positivos, vinculados al respeto al orden jurídico vigente.
De cuantos análisis hemos escuchado estos días sobre la invasión de Ceuta, uno de los más ponderados ha sido el del dirigente del PNV Aitor Esteban, quien ha dicho: “La migración debe ser gestionada, no improvisada. Y las fronteras de Europa están para ser respetadas. La gestión del Gobierno español en Ceuta es nefasta. A nosotros no nos van a arrastrar ni al buenismo simplón de unos ni a la demagogia racista y xenófoba de otros". Porque como si los vecinos de Ceuta no tuvieran derechos, derechos humanos, una serie de demagogos populistas de salón inundan las redes sociales con afirmaciones que lo ignoran.
Todos los países disponen de normativas que establece las bases para el control y regulación de sus fronteras para garantizar la seguridad y el orden en los límites territoriales, así como regular el tráfico de personas, mercancías y vehículos. También establece los criterios que se deben seguir para determinar la gravedad de los delitos cometidos en la frontera, así como el cálculo de la pena correspondiente. ¿Entonces, ¿qué pasa cuando se violenta el propio resguardo de esa frontera? Y el debate se centra en considerar si se debe establecer diferencia entre el concepto de “ilegal” o “irregular”, En la mayoría de los países los migrantes irregulares están sujetos a detención administrativa ya que han violado las normas de inmigración, lo que no se considera propiamente un delito en determinados casos. ¿Y cuando se producen una entrada masiva arrollando a los custodios de la frontera sigue siendo una infracción administrativa?
Falta fuerza y firmeza
Aitor Esteban ha señalado la clave del asunto. Si el Gobierno de España no muestra fuerza y firmeza y cumple el propio anuncio reiterado por sus ministros de Exteriores Interior de que nadie que haya entrada en Ceuta, como lo hicieron los miles de inmigrantes que quedan en la ciudad va a permanecer allí o será trasladado a la península, será cuestión de tiempo de que una nueva invasión se produjo, como ya ocurriera en 2021. ¿Quién garantiza que no se producirá un nuevo efecto llamada si los magrebíes, sobre todo, que deambulan en Ceuta logran su objetivo? Los efectos de las regulaciones extraordinarias masivas llevadas a cabo por Pedro Sánchez han tenido un efecto indudable, al ser garantía de que, entres como entres en España, antes o después, tienes muchas posibilidades de quedarte aquí o usar como trampolín para alcanzar otras metas en Europa. Sin olvidar, por cierto, que Francia devuelve a España de modo sistemático a todos los irregulares que pretenden entrar allí desde este lado de la frontera.
El artículo 23 del Reglamento de Extranjería establece modos y los principios que rigen las devoluciones. No será necesario un expediente de expulsión para la devolución en el caso de las personas extranjeras que ya hayan sido expulsadas y contravengan la prohibición de entrada en España y en el caso de las personas extranjeras que pretendan entrar irregularmente en el país. Entre las personas que siguen en Ceuta ya se han manifestado marroquíes que en su día fueron expulsados de España por la comisión de delitos comunes. Según este reglamento las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado encargadas de la custodia de costas y fronteras los tienen que conducir a comisaría para que pueda procederse a su identificación y, en su caso, a su devolución a las personas que hayan entrado ilegalmente en España. Y eso, disponiendo de los medios necesarios, pudo llevarse a cabo mucho antes. Conviene recordar este párrafo de la vigente Ley de Emigración: “España forma parte de la Unión Europea y de su Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. Participa, pues, en el diseño de las políticas de migración y asilo junto con las instituciones europeas, en la elaboración de normativa de la Unión. Dentro de ese marco europeo, la situación geográfica y estratégica de España es un elemento capital que debe tenerse en cuenta a la hora de diseñar una política migratoria estable, planificada y capaz de responder a los desafíos migratorios a medio y largo plazo”.@Mundiario