León.- La directora de Obra Pública (OP) de León, Laura Becerra García, argumentó la legalidad de la contratación de dos proyectos con la Constructora Noardiq, S.A. de C.V., que fueron señalados por el regidor morenista Guillermo Medina Plascencia por posibles irregularidades.
La titular de la dependencia indicó que no permitiría que levanten “falsas acusaciones” en su contra y reveló que comenzará un proceso legal en contra del edil, en entrevista con AM este 27 de marzo.
“Cada contrato que se ha firmado está con base a la normativa aplicable. No hay contratos que estén asignados directamente sin haber pasado por un proceso de licitación”, dijo.
Un día antes, “Guillo” Medina expuso en la sesión de Ayuntamiento que no se han deslindado responsabilidades sobre la denuncia que presentó ante la Contraloría Municipal en diciembre del 2025 por una licitación pública de un contrato de más de 7 millones de pesos.
A su vez, cuestionó la adjudicación directa de otro contrato de más 10 millones de pesos con la misma constructora, cuya dueña es una consejera municipal. En ambos casos acusó directamente a Becerra García como titular de OP.
Al respecto, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos explicó en la sesión que se llevó a cabo el 26 de marzo, que existe una investigación en curso, pero que deberá concluir para hacer juicios.
“Una vez que termine la auditoría, suponiendo sin conceder que hubiera algo, se toman las medidas pertinentes porque nunca hemos sido tapaderas absolutamente de nadie. Es muy delicado que antes de que termine una investigación ya se esté señalando”, le respondió al regidor morenista.
Constructora Noardiq está a nombre de Norma Araceli Díaz Quintanar, presidenta del Consejo Directivo del Sistema Integral de Aseo Público (SIAP) de León, e integrante del Comité de Obra.
AM buscó a la consejera para conocer su postura respecto a lo expuesto por el regidor morenista, pero no ha respondió a los mensajes que se le enviaron por WhatsApp ni las llamadas telefónicas.
Las contrataciones bajo lupa
El caso que está siendo investigado en Contraloría Municipal es la licitación pública D/018/2025 en la que concursó y ganó Noardiq para un contrato de construcción del parque público en la colonia Jardines de Santa Julia por un monto de $7,032,538.67.
El regidor expuso en una denuncia formal que la irregularidad que se trató fue que la empresa presentó el 5 de agosto del 2025, documentación complementaria para “acreditar el cumplimiento de liquidez solicitada”, lo cual era un requisito financiero para participar.
Agregó que en el fallo de otra licitación (D/014/2025) que se dio el 1 de agosto del 2025, en la que también participó la empresa, no logró acreditar el tema de la liquidez requerida por Obra Pública para concursar.
Explican que las bases contenidas en la convocatoria D/018, “no contemplan declaraciones complementarias, en ese sentido, resulta ilegal y viciado el fallo y procedimiento mediante el cual la empresa Constructora Noardiq S.A. de C.V., es dictaminada como ganadora”, se lee en la denuncia.
“Esta empresa presentó documentos no válidos fuera de las bases y reglas de dicha licitación, debió haber sido descalificada y el personal de obra pública los aceptó”, aseguró “Guillo” Medina ante el Ayuntamiento el 26 de marzo.
En la misma sesión, el morenista cuestionó la adjudicación directa de un contrato de más de 10 millones de pesos para la Constructora Noardiq, debido a que la obra supera el monto máximo para elegir este proceso de contratación.
“No tenían las facultades para firmar dicho contrato, cosa que en nuestro reglamento no existen las adjudicaciones directas de esos montos”, apuntó.
El contrato en cuestión es “NÚM. G-5011-K100350-62201-E/0498/2025”, el cual se firmó el 20 de noviembre del 2025 por un monto de $10,730,090, de los cuales se financiaron con la mitad de recursos estatales y la otra mitad de municipales.
Esto con la finalidad de construir el parque público en la colonia Villas del Country, en un terreno entre la calle Villa Piamonte y bulevar Malaquita.
Directora aclara legalidad
“Todas las acusaciones que se han levantado por parte del regidor se han levantado sin argumentos y sin elementos”, enfatizó la directora de Obra Pública, Laura Becerra.
Explicó las diferentes etapas que tuvo la licitación D/018/2025 e aclaró la legalidad de que la información que presentó la contratista como soporte documental se dio tres días antes del 8 de agosto, cuando es el acto de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas.
“Es previo a la entrega de sus propuestas. Aquí no hay de que se presentó después, porque todo eso se hace en un sobre cerrado donde está en presencia la Contraloría”, dijo.
Explicó que cada empresa está en su derecho de hacer modificaciones fiscales en el momento que lo crea conveniente y que por eso no tiene relación la licitación previa a la que ganaron, en la que se detectó que no tenían la liquidez requerida.
“Se descartó porque no cumplió con la liquidez del capital, pero ya aquí es donde esta empresa se da cuenta que a lo mejor necesita hacer una modificación a través del SAT y pues lo que presentó en una licitación anterior a lo que presentó en una licitación posterior, pues ya fue otra documentación que ellos dan o modifican”, detalló.
Adjudicación directa fue conforme a normativa
En el otro caso, la titular de Obra Pública también indicó que el proceso de adjudicación directa que señalan estuvo conforme a la normativa, ya que después de lanzarse una licitación simplificada se declaró desierta y por los tiempos necesitaban ejercer el recurso.
Esto debido a que la obra contó con un 50 % de recursos estatales y otro 50 % de recursos municipales. “Habiendo un peso del Estado ya se aplica la normativa estatal”, dijo.
Relató que se dio se descartaron a los contratistas que se inscribieron en el proceso de licitación, lo que derivó en declararla desierta, lo que por ley le permite a la dirección realizar una adjudicación directa o abrir otra convocatoria.
“¿Por qué no lo sometimos a una segunda licitación? Este recurso viene convenido con Gobierno del Estado…al momento de dar el fallo ya fue en el mes de noviembre, lo cual ya no nos daba tiempo para nosotros poderle comprobar al estado el recurso que se comprometió”, detalló.
Ante la imposibilidad de realizar una contratación acorde a los términos del Estado, se determinó asignarle el proyecto a “Noardiq”, quien había participado previamente.
“Se le asignó a la propuesta, la más baja y que cumple. Y que prácticamente el error que tuvo fue un tema en cuanto a cómo presentó un salario real de una de sus tarjetas”, apuntó.
Laura Becerra aseguró que empezó un proceso en contra del regidor Medina Plascencia por las acusaciones en su contra.
“Haré lo propio con las instancias que tenga que hacerlo. Aquí está el primer documento, no voy a permitir que se levanten falsos de una trayectoria que he construido durante más 15 años”, comentó a través de una videollamada con AM.
Investigación en curso
La Contraloría Municipal de León abrió un expediente de investigación sobre la empresa Constructora Noardiq SA de CV, la cual inició el 24 de octubre de 2025 por petición del regidor Guillermo Medina Plascencia (Morena), pero hubo una ampliación de la denuncia (a solicitud de dicho regidor) el 19 de diciembre y a la fecha se encuentra en trámite.
Así lo confirmó Viridiana Margarita Márquez Moreno, titular de dicha dependencia.
A pregunta expresa de AM sobre la fecha estimada de cierre de investigaciones, la contralora afirmó que aún no la hay.
“La Ley de Responsabilidades no establece un periodo determinado para llevar las investigaciones, lo único que establece es que yo, como autoridad investigadora o el área correspondiente, tiene la obligación de realizar las investigaciones bajo el principio de legalidad, congruencia, exhaustividad, verdad material y respeto a los derechos humanos”.
Añadió que bajo estas directrices, se buscan o se solicitan a las diferentes dependencias los distintos hechos de prueba y posteriormente, se hacen las determinaciones (sanciones) que correspondan.
Viridiana Márquez comentó que de momento la denuncia iniciada por el regidor es la única contra dicha constructora, pero que en caso de haber más, se sumarían al mismo expediente en trámite.
Morena denuncia conflicto de interés en adjudicación directa a consejera de León
El partido Morena en León interpuso una denuncia ante la Contraloría Municipal para investigar un contrato otorgado mediante adjudicación directa. La acusación señala que la empresa beneficiada pertenece a una consejera ciudadana con cargo activo en la administración.
Los denunciantes califican el acto como un presunto conflicto de interés que vulnera la transparencia en México. Buscan esclarecer la legalidad del proceso de asignación de recursos públicos en el estado de Guanajuato.
La denuncia detalla que el contrato en León contempla el pago de servicios profesionales por una suma millonaria. Según Morena, la posición de la consejera en organismos municipales le habría otorgado una ventaja indebida en México.
El gobierno de León respondió que todas las contrataciones de la actual administración se ajustan a la Ley de Contrataciones Públicas de Guanajuato. Afirmaron que el expediente está disponible para cualquier auditoría estatal o federal en México.
Por su parte, la Contraloría Municipal de León confirmó la recepción del documento e inició la etapa de investigación preliminar. El objetivo es determinar si la consejera participó directamente en la aprobación de su propio contrato en Guanajuato.
La oposición en México ha solicitado que, como medida cautelar, se frenen las erogaciones hacia la empresa señalada en León. Consideran que mantener el flujo de pagos podría entorpecer la recuperación de fondos en caso de comprobarse una falta en Guanajuato.
Representantes sociales de León han pedido que las consejerías ciudadanas sean revisadas para evitar que se conviertan en espacios de beneficio personal. Este caso pone bajo la lupa la ética de los órganos auxiliares de gobierno en México.
Se espera que en las próximas semanas se emita un dictamen sobre la existencia o no de responsabilidades administrativas en León. La transparencia en el manejo del presupuesto sigue siendo un tema prioritario en la agenda política de Guanajuato y todo México.