Una deuda que nació con un banco puede terminar años después en manos de una empresa con la que el consumidor nunca ha tenido relación. No es algo excepcional. Las entidades financieras venden con frecuencia carteras de créditos impagados a fondos de inversión y otras compañías especializadas en la gestión y recuperación de deuda.

A estas entidades se las conoce habitualmente como fondos buitre, aunque el término no constituye una categoría jurídica. Su negocio consiste, de forma simplificada, en adquirir créditos por un importe inferior a su valor nominal e intentar posteriormente recuperar la mayor cantidad posible.

Para el deudor, el cambio puede resultar desconcertante. De repente recibe cartas, llamadas o incluso una reclamación judicial de una empresa que no reconoce, reclamándole una deuda que quizá procede de un préstamo, una tarjeta o una financiación contratada muchos años atrás.

La primera reacción no debería ser ignorarla. Pero tampoco asumir que, porque alguien reclame una determinada cantidad, esa cantidad sea necesariamente correcta y exigible en los términos planteados.

¿Puede un banco vender una deuda sin permiso del cliente?

Con carácter general, sí.

El Código Civil permite la cesión de créditos y no exige que el deudor autorice previamente la operación. Esto significa que una entidad financiera puede transmitir a un tercero el derecho a cobrar una deuda.

La consecuencia práctica es importante: el hecho de que el consumidor nunca haya firmado un contrato con el nuevo acreedor no invalida por sí mismo la reclamación.

Otra cuestión distinta es que quien reclama deba poder justificar adecuadamente su posición cuando sea necesario.

La documentación cobra aquí especial importancia. Hay que poder identificar de dónde procede la deuda, quién era el acreedor original, cómo se ha producido la transmisión y qué cantidad se reclama realmente.

El artículo 1527 del Código Civil establece además una protección concreta para el deudor: si este paga al antiguo acreedor antes de tener conocimiento de la cesión, ese pago puede tener efectos liberatorios.

Por tanto, una cosa es que para realizar la cesión no sea necesario pedir permiso al consumidor y otra muy distinta que el cambio de acreedor carezca de consecuencias jurídicas.

Comprar una deuda no significa poder reclamar cualquier cantidad

Cuando un crédito cambia de manos, el nuevo acreedor adquiere el derecho que existía previamente. La cesión no debería convertir por sí sola una deuda en algo diferente de lo que era.

Esto resulta especialmente relevante en créditos procedentes de contratos bancarios o de financiación al consumo.

Puede haber, por ejemplo, discrepancias sobre:

• el capital realmente pendiente;
• los intereses aplicados;
• comisiones incorporadas a la deuda;
• gastos derivados de impagos;
• cantidades ya abonadas;
• la existencia de cláusulas que deban ser examinadas;
• o incluso la propia prescripción de la acción para reclamar.

Por eso, ante una reclamación, el importe que aparece en una carta o demanda no debería analizarse de manera aislada. Hay que reconstruir cómo se ha llegado hasta esa cifra.

En ocasiones la deuda ha pasado además por varias entidades o gestoras de cobro, algo que puede hacer todavía más difícil para el consumidor identificar su origen.

El paso de los años también importa

Una deuda no puede analizarse sin tener en cuenta el tiempo transcurrido.

Los derechos de crédito están sujetos a plazos de prescripción y determinar si una reclamación se encuentra o no dentro del plazo exige conocer las circunstancias concretas del caso.

No basta con mirar la fecha en la que se firmó el contrato.

Hay que estudiar, entre otras cuestiones, cuándo resultó exigible la deuda y si posteriormente se produjeron actuaciones capaces de interrumpir la prescripción.

La prescripción puede interrumpirse, entre otros supuestos, por una reclamación extrajudicial del acreedor o por un acto de reconocimiento de la deuda por parte del deudor. Por eso, para determinar si una acción está prescrita no basta con contar los años transcurridos desde la contratación: hay que reconstruir qué ha ocurrido durante ese periodo.

Por eso resulta arriesgado aplicar reglas generales del tipo “si han pasado cinco años, la deuda ya no existe”. La prescripción requiere analizar la cronología completa de la relación.

¿Qué ocurre si el fondo acude a los tribunales?

Una de las vías utilizadas para reclamar determinadas deudas es el procedimiento monitorio.

Este procedimiento permite reclamar judicialmente deudas dinerarias cuando concurren los requisitos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil y se aporta la documentación correspondiente.

Para el consumidor, recibir una comunicación del juzgado cambia radicalmente el escenario.

Ya no estamos ante una carta comercial que puede dejarse para otro momento. Existen plazos procesales y no reaccionar puede tener consecuencias importantes.

La estrategia dependerá de cada asunto. Puede ser necesario comprobar la documentación aportada por el reclamante, la cuantía, el origen del crédito, la cadena de transmisión, las condiciones del contrato original o la existencia de posibles motivos de oposición.

En el ámbito bancario, además, el contrato del que nació la deuda puede ser tan importante como la propia cesión.

Una tarjeta, un préstamo personal o una financiación pueden contener condiciones cuya validez o aplicación deba estudiarse antes de aceptar como correcta la cantidad reclamada.

Quien reclama debe poder acreditar su derecho

El consumidor puede encontrarse con nombres empresariales que nunca había visto.

Eso no significa automáticamente que la reclamación sea irregular, pero sí hace razonable preguntarse quién está reclamando y con qué título lo hace.

Cuando el asunto llega a los tribunales, la legitimación del acreedor es una cuestión relevante.

No basta con que una empresa afirme que ha comprado una determinada cartera de deuda. En función del procedimiento y de las circunstancias concretas, deberá aportarse la documentación necesaria para sostener la reclamación y vincular el crédito reclamado con la transmisión realizada.

Es especialmente importante cuando se trata de ventas masivas de carteras en las que se transmiten miles de créditos de una sola vez.

La defensa no consiste necesariamente en negar que haya existido una deuda, sino en comprobar que la persona o entidad que reclama puede hacerlo y que reclama exactamente lo que corresponde.

¿Puede el consumidor comprar su propia deuda por el mismo precio?

Esta es probablemente una de las preguntas que más se repiten cuando se habla de fondos buitre.

Si un fondo ha adquirido una deuda con un descuento importante respecto de su importe nominal, resulta lógico que el deudor se pregunte por qué no puede pagar simplemente la cantidad que el fondo desembolsó por ella.

Con carácter general, la venta del crédito por debajo de su valor nominal no implica que el deudor pueda extinguir automáticamente la deuda pagando ese mismo precio.

El Código Civil sí contempla una figura específica para determinados créditos litigiosos en su artículo 1535. En esos casos, el deudor puede llegar a extinguir el crédito reembolsando al cesionario el precio pagado, las costas y los intereses correspondientes, pero se trata de un derecho sometido a requisitos y plazos muy concretos.

A estos efectos, el propio Código Civil considera litigioso el crédito desde que se contesta a la demanda relativa al mismo. Además, el Tribunal Supremo ha delimitado el alcance de esta figura y ha considerado que no resulta aplicable, por ejemplo, en determinados supuestos de venta en bloque de carteras de créditos. Por eso, no puede asumirse que cualquier deuda cedida a un fondo permita al consumidor extinguirla pagando simplemente el precio por el que fue adquirida.

Por eso, las posibilidades de actuación deben estudiarse en función de la situación real de cada expediente y no a partir únicamente del precio por el que se haya vendido una cartera.

Negociar también puede ser una opción

Defenderse frente a una reclamación no significa necesariamente que todos los asuntos tengan que acabar en una sentencia.

La adquisición de deuda con descuento puede dejar cierto margen para alcanzar acuerdos, aunque dependerá de la política del acreedor, de la situación económica del deudor y de la fortaleza jurídica de las posiciones de cada parte.

En algunos casos puede plantearse una reducción de la cantidad reclamada, un calendario de pagos o un acuerdo para cerrar definitivamente la deuda.

Pero antes de negociar es conveniente saber qué se está negociando.

Aceptar precipitadamente una cantidad o reconocer una deuda sin haber revisado previamente el expediente puede tener consecuencias jurídicas. Una negociación tiene más sentido cuando se conoce la documentación, la posible prescripción, las condiciones del contrato y las opciones existentes si el asunto continúa por vía judicial.

Revisar antes de pagar o reconocer la deuda

La llegada de una reclamación de un fondo de inversión no significa que el consumidor deba asumir automáticamente todo lo que se le exige.

Tampoco significa lo contrario: que la deuda desaparezca porque haya sido vendida.

Entre ambos extremos existe un análisis jurídico que resulta especialmente importante cuando se reclaman cantidades elevadas o cuando ya existe un procedimiento judicial.

En este tipo de situaciones, Rigor Legal trabaja la defensa frente a reclamaciones de fondos buitre desde el ámbito del Derecho Bancario, revisando tanto la documentación que acredita la deuda como su cuantía, la posible prescripción, el contrato de origen y la legitimación de quien reclama.

La recomendación básica para cualquier consumidor es sencilla: no ignorar una reclamación, pero tampoco pagar o reconocer una deuda sin entender antes de dónde procede y cómo se ha calculado.

Cuando un crédito ha cambiado varias veces de manos, reconstruir esa historia puede ser precisamente lo que determine si la reclamación debe pagarse, discutirse, negociarse o, llegado el caso, combatirse ante los tribunales.