MORELIA, Mich., 3 de abril de 2026.- El Congreso de Michoacán analiza una iniciativa que plantea abrir las instalaciones escolares fuera del horario lectivo para promover la actividad física comunitaria, en un contexto donde más de la mitad de la población adulta no alcanza niveles suficientes de ejercicio y en el que niñas, niños y adolescentes presentan aún mayores rezagos.
La propuesta, que se revisa en comisiones, parte del reconocimiento de la actividad física como un derecho humano vinculado a la salud, la prevención de enfermedades crónicas y el bienestar integral, conforme a lo establecido en la Ley de Cultura Física y Deporte del estado. Sin embargo, advierte que en la práctica estos principios no se traducen en hábitos sostenidos entre la población.
El diagnóstico expuesto señala que uno de los principales obstáculos es la falta de acceso cercano a espacios seguros y organizados para ejercitarse, particularmente en zonas con alta marginación, densidad poblacional o problemas de seguridad. A ello se suma el deterioro de espacios públicos por falta de iluminación y mantenimiento, lo que limita su uso como centros de convivencia.
En este escenario, la iniciativa propone aprovechar la infraestructura escolar, que actualmente permanece subutilizada fuera del horario de clases, para ampliar la oferta de actividades físicas y recreativas.
Su apertura organizada permitiría fortalecer la convivencia social y contribuir a generar entornos más seguros mediante el uso positivo de estos espacios.
Además, plantea implementar estrategias permanentes de activación física en parques, plazas y espacios públicos, priorizando las zonas con mayores rezagos sociales.
También contempla la firma de convenios con instituciones de educación superior para incorporar instructores en formación, así como la participación de comités vecinales para el cuidado y uso adecuado de los espacios.
El planteamiento busca alinear la legislación estatal con prácticas internacionales que combinan el aprovechamiento de infraestructura existente, la participación comunitaria y la coordinación interinstitucional, con el objetivo de consolidar una política pública preventiva con impacto en salud, seguridad y cohesión social.
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