El Reino Unido afronta este lunes en Cardiff una de las fotografías políticas más significativas de los últimos años. Los líderes de los partidos independentistas que gobiernan Escocia, Gales e Irlanda del Norte se reunirán para firmar un memorando de entendimiento destinado a reclamar el derecho de sus respectivos territorios a decidir mediante referéndum su futuro constitucional. El documento no equivale a una declaración de independencia ni pone en marcha jurídicamente la desintegración del Estado británico, pero sí representa un intento de coordinar tres movimientos nacionalistas que, hasta ahora, habían desarrollado sus estrategias por separado.
La cumbre tendrá como anfitrión al líder de Plaid Cymru y primer ministro galés, Rhun ap Iorwerth, y contará con John Swinney, líder del Partido Nacional Escocés (SNP), y Michelle O'Neill, vicepresidenta del Sinn Féin. Mary Lou McDonald, presidenta del Sinn Féin y líder de la oposición en Irlanda, también está previsto que participe. La clave política del encuentro reside precisamente en que los protagonistas acuden fundamentalmente como dirigentes de partidos independentistas, no como si dispusieran de autoridad unilateral para iniciar la separación de sus territorios del Reino Unido.
El memorando pretende fijar una posición común en torno a la autodeterminación y reclamar mecanismos democráticos para que Escocia, Gales e Irlanda del Norte puedan decidir su futuro. Las conversaciones abarcan además economía, energía, relaciones con Europa y cooperación internacional. Las tres formaciones comparten la aspiración de abandonar el marco constitucional británico, aunque sus situaciones jurídicas y políticas son diferentes y, por tanto, no existe un único camino hacia la independencia.
Escocia es el caso más avanzado en términos de experiencia electoral. En 2014 celebró un referéndum pactado con Londres en el que el 55,3% de los votantes rechazó la independencia frente al 44,7% que la respaldó, con una participación del 84,6%. Desde entonces, el SNP ha defendido la celebración de una nueva consulta, mientras los sucesivos gobiernos británicos han rechazado concederla.
La situación ha cambiado parcialmente después de que el primer ministro británico, Andy Burnham, afirmara en la Cámara de los Comunes que podría existir una vía para un nuevo referéndum si hubiera un "claro consenso" en Escocia. El Gobierno escocés ha interpretado esas palabras como un reconocimiento del principio de que los escoceses deben poder decidir. Swinney ha pedido convertir esa afirmación política en un mecanismo jurídico concreto.
Pero Londres ha introducido inmediatamente un matiz decisivo. La posición posterior de Downing Street mantiene que no existe actualmente un consenso suficiente para convocar la consulta y que, por tanto, un nuevo referéndum sigue fuera de la agenda. El enfrentamiento se sitúa así menos en el terreno de la legitimidad política del debate que en el de quién determina cuándo existe ese supuesto consenso y bajo qué procedimiento puede comprobarse.
Gales presenta una situación diferente. El nacionalismo galés nunca ha dispuesto del mismo peso electoral que el escocés, pero la llegada de Plaid Cymru al Gobierno ha convertido la independencia en una cuestión institucional y no únicamente partidista. Ap Iorwerth ha insistido en que la reunión de Cardiff debe servir también para explorar aquello que las tres naciones tienen en común, desde la financiación hasta las competencias transferidas por Westminster, sin ocultar las diferencias existentes entre ellas.
Irlanda del Norte constituye el tercer y más complejo frente. Michelle O'Neill pertenece al Sinn Féin, partido históricamente comprometido con la reunificación de Irlanda, pero el marco constitucional norirlandés no funciona igual que el escocés o el galés. El Acuerdo de Viernes Santo de 1998 establece el principio de consentimiento: el territorio seguirá formando parte del Reino Unido mientras así lo quiera la mayoría de su población. El acuerdo también contempla la posibilidad de un referéndum sobre la reunificación cuando las circunstancias previstas por la legislación hagan probable que una mayoría respaldaría ese cambio.
Ese elemento adquiere especial relevancia después de la visita de Donald Trump a Irlanda. El presidente estadounidense afirmó que le "encantaría" ver una Irlanda unida y dijo que la reunificación sería "fantástico" y que "va a ocurrir tarde o temprano". Posteriormente volvió a defender esa posibilidad durante su visita. Sus palabras rompieron con la tradicional cautela de Washington respecto al estatus constitucional de Irlanda del Norte y provocaron críticas entre sectores unionistas y políticos británicos.
El Gobierno irlandés ha tratado de encuadrar el asunto dentro del Acuerdo de Viernes Santo, mientras Londres sostiene que no existen actualmente las condiciones para convocar una consulta. El primer ministro Micheál Martin ha reclamado, no obstante, mayor claridad sobre los criterios y procedimientos que deberían utilizarse si en el futuro se planteara una votación. La decisión de convocarla corresponde actualmente al secretario de Estado británico para Irlanda del Norte.
El verdadero alcance de la cumbre de Cardiff está, por tanto, en la coordinación política. Escocia necesita una vía para volver a plantear su referéndum; Gales busca reforzar su autonomía y colocar la independencia en el centro del debate constitucional; Irlanda del Norte tiene un procedimiento específico vinculado al principio de consentimiento. Un memorando firmado por los tres partidos no puede sustituir ninguno de esos mecanismos legales, pero sí puede convertir las demandas dispersas en una agenda conjunta frente a Westminster.
Los tres movimientos independentistas vinculan su proyecto con una relación diferente con la Unión Europea: Escocia y Gales tendrían que negociar su eventual incorporación como nuevos Estados, mientras que una Irlanda del Norte integrada en la República de Irlanda quedaría dentro de la UE a través del Estado irlandés. Pero esa perspectiva pertenece a una fase posterior y plantea cuestiones sobre ciudadanía, comercio, moneda, deuda, fronteras, defensa, reparto de activos y obligaciones internacionales que no resuelve ningún memorando político.
Por eso la imagen de Cardiff puede resultar más contundente que sus consecuencias jurídicas inmediatas. No se está firmando la disolución del Reino Unido, sino una declaración coordinada para reclamar el derecho a decidir. La diferencia es fundamental. El valor del documento estará en comprobar si consigue transformar tres proyectos nacionales diferentes en una presión política sostenida sobre Westminster.
El momento tampoco es casual. La cumbre coincide con una etapa de tensión entre Londres, Washington y Dublín y con la intervención pública de Trump sobre la reunificación irlandesa. La coincidencia ha permitido que cuestiones hasta ahora separadas —la independencia escocesa, el nacionalismo galés y la reunificación de Irlanda— aparezcan dentro de un mismo debate sobre el futuro constitucional británico. @mundiario