Sonia todavía puede escuchar la voz asustada de su hija gritando por el altavoz del celular: “¡¿Qué hago?! ¡¿Qué hago?! ¡¿Abro la ventana?!”

“¡Baje la ventana! ¡Baje la ventana, ahora!”, escuchó gritar a los hombres de fondo. El sonido estruendoso de los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) golpeando con fuerza la ventana del auto de su hija las hizo llorar a ambas.

Fue esa llamada telefónica del 22 de mayo la que lo cambió todo.

Sonia hablaba por teléfono con su hija, Sofía, quien salía de su trabajo durante un descanso de su turno vespertino cuando fue bloqueada por varios vehículos negros con las letras “ICE” en dorado. Rápidamente quedó rodeada por agentes uniformados y con el rostro cubierto que le apuntaban con armas en plena calle, justo afuera de su lugar de trabajo en el Centro de El Paso.

Sonia corrió al lugar. Sofía salió del auto y de inmediato fue esposada. En un momento de gracia en medio del caos, contó Sonia, cuando ella llegó los agentes le permitieron abrazar a su hija antes de llevársela.

“Sentí todas las emociones posibles: coraje, miedo, tristeza, culpa, mucha culpa”, dijo Sonia en español.

Había traído a su hija de Ciudad Juárez a El Paso para salir a pedir dulces en Halloween hace 25 años. Pero tras una emergencia médica familiar, nunca se fueron. “No era nuestra intención quedarnos, pero las cosas pasaron y terminamos construyendo una vida aquí. (Que la arrestaran) no era algo en lo que pensáramos mucho, hasta hace poco, con todo lo que está pasando”.

El Paso Matters accedió a usar seudónimos para las mujeres, quienes temen represalias por contar su historia.

Sofía estuvo entre las casi 3,500 personas detenidas por ICE en la región de El Paso este año hasta el 5 de agosto, una cifra similar a la de todo el 2025, de acuerdo con datos de ICE obtenidos por el Deportation Data Project y analizados por El Paso Matters. El programa, una iniciativa de la Universidad de California en Berkeley, recopila datos federales a través de la Ley de Libertad de Información.

Más de la mitad de esas detenciones ocurrieron en junio y julio, según los datos.

El aumento en los arrestos marca una escalada importante en la aplicación de las leyes migratorias bajo los esfuerzos de detención y deportación masiva del presidente Donald Trump. La administración ha ampliado a quién puede arrestar ICE y en dónde, lo que ha derivado en detenciones más frecuentes y menos dirigidas en retenes de tránsito, centros de trabajo y citas migratorias.

Las tácticas agresivas han generado críticas —y demandas— por parte de expertos en migración, organizaciones de derechos humanos y legisladores que cuestionan su legalidad.

“En este punto, esta aplicación de la ley no se ha dirigido hacia criminales, sino que se ha usado una red amplia, como expediciones de pesca”, dijo Fernando García, cofundador y director de la Border Network for Human Rights, con sede en El Paso. “Yo incluso las llamaría expediciones de cacería”.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) dijo en un comunicado que “quienes están aquí legalmente y no están violando otras leyes no tienen nada que temer”.

En todo el año pasado, se reportaron poco más de 3,800 arrestos migratorios en el condado de El Paso y el sur del condado de Doña Ana. En 2023, se reportaron menos de 800 detenciones en la región, cuando la frontera sur registró un número récord de encuentros con migrantes antes de que terminaran, en mayo de ese año, las restricciones del Título 42 relacionadas con la pandemia de COVID-19. El Título 42 permitía expulsar rápidamente a los migrantes que cruzaban entre puertos de entrada, sin el proceso formal de detención.

Este año, las detenciones en la región de El Paso fueron más altas en junio, con alrededor de 1,030 reportadas, seguido de julio con poco más de 800. Cada uno de esos meses registró más detenciones en la zona que todo el 2023.

A nivel nacional, se han reportado casi 255,000 arrestos de ICE —incluidas transferencias de personas bajo custodia de otras agencias de la ley— hasta el 5 de agosto de este año; más de 63,000 de ellos en Texas, según los datos. Solo en julio, casi 50,000 personas fueron arrestadas por ICE en todo el país.

El DHS, en su comunicado, restó valor a los datos, señalando que ni esa dependencia ni ICE han verificado “la precisión, la metodología o el análisis” de las cifras del Deportation Data Project.

El DHS dejó de reportar en gran medida los datos de aplicación de las leyes migratorias después de que Trump asumiera el cargo en 2025, por lo que organizaciones como el Deportation Data Project han tenido que demandar para obtener información. La organización señala en su sitio web que no todos los datos que recibe son 100% precisos, ya que las agencias federales han publicado múltiples versiones de sus cifras, a menudo con registros faltantes, incorrectos o inconsistentes.

La administración ha sostenido que su estrategia se enfoca en “los peores entre los peores”, y el DHS afirmó en su comunicado que la mayoría de los arrestos de ICE corresponden a extranjeros en situación irregular acusados o condenados por algún delito en Estados Unidos.

Pero de acuerdo con los datos de ICE entregados al Deportation Data Project, la mayoría de las personas detenidas en el área de El Paso este año no tienen antecedentes penales.

La mayoría de las personas detenidas por ICE en la región de El Paso este año —alrededor de seis de cada 10— no tienen antecedentes penales, según los datos. Esto se compara con cerca de cuatro de cada 10 de quienes fueron arrestados en 2025.

Sofía, de 35 años, es indocumentada y está entre quienes no tienen antecedentes penales. No tenía una orden de deportación. El día del arresto de su hija, contó Sonia, los agentes de ICE lo reconocieron así. Le mostraron una orden administrativa para personas sospechosas de violaciones migratorias, emitida por ICE y no por un juez.

“‘No se preocupe’, dijo, ‘ella no tiene nada. No ha hecho nada’”, relató Sonia, contando que un agente le dijo que no se preocupara porque su hija no había hecho nada malo. “Entonces le dije: ‘¿Entonces por qué se la llevan?’ Y él dijo que, a pesar de eso, ella de todas formas tenía que presentarse ante un juez”.

Sofía pasó poco más de 50 días en el Centro de Procesamiento del Condado de Otero de ICE, en Chaparral, Nuevo México, y fue liberada bajo fianza. Se le ordenó portar un dispositivo de monitoreo GPS y presentarse regularmente ante un oficial de deportación.

Se reunió con su madre y sus dos hijos, de 11 y 16 años. Sonia señala que los niños son ciudadanos estadounidenses, al igual que lo era el esposo de Sofía, quien murió en un accidente automovilístico apenas seis meses antes.

Ahora Sofía tiene una audiencia migratoria el viernes, en la que un juez podría emitir una orden final de deportación.

“Está nerviosa y tiene miedo”, dijo Sonia sobre su hija, quien probablemente no contará con representación legal en su audiencia.

Sonia dijo que la familia no puede costear abogados privados, especialmente después de la muerte del esposo de Sofía, y que las organizaciones de ayuda legal ya no están tomando casos nuevos desde que la administración Trump suspendió el financiamiento federal.

‘Arrestos masivos buscan generar miedo’

Expertos en migración y defensores de derechos humanos dicen que las redadas son indiscriminadas y están diseñadas para generar miedo.

David J. Bier, director de Estudios de Inmigración del Cato Institute, un organismo de investigación de políticas públicas, dijo que la red amplia que se está desplegando tiene como fin aumentar el número de arrestos, más que atrapar criminales.

“Están enfocándose en personas que van a trabajar y que llevan su vida diaria, lo que significa que están dejando pasar oportunidades para rastrear a quienes cometen delitos graves”, dijo Bier. “Así que hay una falta de priorización. Es mucho más fácil conseguir números grandes, así que vamos a un lugar donde hay mucha gente”.

Bier dijo que no cree que las metas de la administración de deportar a 1 millón de personas al año sean realistas, pero que eso no impedirá que continúe con su misión de arrestar, detener y deportar al mayor número posible de personas.

En su comunicado, el DHS dijo que desde que Trump regresó al cargo en enero de 2025, ha arrestado y deportado a casi 1.1 millones de personas.

En la región de El Paso, se reportaron alrededor de 2,030 deportaciones y salidas voluntarias en lo que va del año, en comparación con 3,027 en todo 2025, y 5.5 veces más que en 2024, según cifras del Deportation Data Project analizadas por El Paso Matters.

En un caso, Cristy Maryori Villafranca-Trejo, esposa de un sargento del Ejército destacado en Fort Bliss, fue deportada a su natal Honduras el 24 de agosto, después de ser detenida por ICE en un Walmart de El Paso en julio.

‘Tu mundo se derrumba’

Muchas de las personas arrestadas cuentan con permisos de trabajo válidos mientras esperan la resolución de solicitudes de asilo, o están en proceso de obtener la residencia legal.

“Tu mundo se derrumba en segundos cuando te das cuenta de que no solo te están arrestando, sino que puedes ser deportada y separada de tu familia”, dijo en español una mujer que pidió ser identificada como María.

María, de 39 años, ha vivido en El Paso alrededor de 18 años. Dijo que llegó a Estados Unidos desde Ciudad Juárez con una visa de visitante y se quedó para huir de la violencia y la extorsión por parte de criminales que atacan a profesionales de altos ingresos, como su esposo, un médico mexicano que es ciudadano estadounidense naturalizado.

Durante los últimos siete años ha buscado obtener estatus legal, gastando casi $17,000 dólares en trámites y honorarios legales, dijo. Durante año y medio tuvo que portar un reloj de monitoreo GPS y se sometió a visitas domiciliarias mientras su caso avanzaba en el sistema.

El 9 de septiembre de 2025, dejó a sus hijos en la escuela más temprano para asegurarse de llegar a tiempo a su audiencia migratoria. Las cosas no salieron como esperaba.

María dijo que el juez de inmigración le informó que tenía que ordenar su deportación conforme a la nueva administración. Ella pidió apelar, por lo que su orden de expulsión quedó automáticamente suspendida —o pausada— durante 30 días mientras se presentaba el papeleo.

Pero al salir de la sala, relató, cerca de siete agentes de la ley vestidos de civil y con el rostro cubierto la rodearon, la esposaron y la llevaron al Centro de Servicios de Procesamiento de El Paso. Los agentes, dijo, le explicaron que los inmigrantes que quisieran apelar sus órdenes de deportación debían permanecer detenidos mientras su caso siguiera en el sistema judicial.

Si la detención obligatoria de los inmigrantes mientras litigan sus casos en la corte es legal o no, es algo que actualmente se debate en los tribunales.

María permaneció detenida durante el Día de Acción de Gracias, la Navidad y el Año Nuevo, señala, sin poder pasar esas fechas con su esposo y sus cuatro hijos nacidos en Estados Unidos. Tuvo suerte, dijo, de que su familia vivía a solo minutos del centro de procesamiento y podía visitarla con frecuencia, un lujo que la mayoría de los demás detenidos no tenía.

Fue liberada el 20 de enero con un monitor de tobillo que, dice, ahora es un accesorio diario.

“Yo creía que al salir iba a ser ya mi final. Pero no. Cuando yo salgo, yo empiezo a luchar con mi cabeza porque salí con mucho estrés postraumático. Tuve que tomar terapia familiar. Tuve que llevar a mis hijos a terapia porque estaban sumamente dolidos”, dijo entre lágrimas, con la voz quebrada.

García, de la Border Network for Human Rights, dice que una de las mayores consecuencias de los arrestos de ICE es la separación familiar.

“Las familias están siendo separadas, los niños están quedando atrás”, dijo. “Eso está dejando a las familias traumatizadas, una por una, pero como conjunto, la comunidad está sufriendo”.

También a menores

En algunos casos, también se está deteniendo a menores inmigrantes.

En abril, Jesús Eduardo Reyes Hermes fue arrestado afuera de su casa, en el centro-sur de El Paso, mientras reparaba un auto. Los agentes también detuvieron a su hijo de 11 años, identificado como J.R.C. en documentos judiciales, a pesar de que ambos tenían solicitudes de asilo pendientes.

El niño pidió en julio la deportación voluntaria para reunirse con su madre en Venezuela, tras vivir tres años en El Paso. El menor dijo a El Paso Matters que cree que el arresto de su padre ocurrió después de que un vecino llamara a ICE por una disputa relacionada con el ruido.

García señaló que ha visto más casos de personas arrestadas tras ser denunciadas por vecinos, amigos e incluso familiares, lo que está profundizando una división social.

Aun así, dijo, la estrategia de deportación de la administración se basa en gran medida en el perfilamiento racial.

“Se está abordando a las personas por su apariencia. Hemos visto a ciudadanos estadounidenses siendo cuestionados, detenidos y deportados porque fueron perfilados racialmente”, dijo.

A pesar de un futuro incierto, la esperanza permanece

Sonia, cuya hija fue arrestada en mayo, dijo que no saben qué les depara el futuro.

Saben que su Sofía podría ser deportada. Sus nietos —quienes todavía están de luto por la pérdida de su padre— tienen dificultades para asimilar la idea de ser separados de su madre o de tener que desarraigarse para vivir en un país que apenas conocen, aunque sea solo al otro lado de un puente internacional, dijo.

“Tratamos de no pensar en eso, pero al mismo tiempo tenemos que pensarlo”, dijo Sonia en español. “El hecho de que ella esté afuera ahora, francamente, es un milagro. Tal vez le ayudó que sabía inglés y sabía cómo alzar la voz y defenderse. Tal vez fue voluntad de Dios que pueda quedarse y seguir viviendo su vida aquí”.

‘Seguimos alzando la voz’

María, quien se desempeña como defensora de los derechos de los inmigrantes, dijo que seguirá luchando por ella misma y por otras mujeres que aún están detenidas por ICE.

“Seguimos levantando la voz por ellas”, dijo. “Todo ese miedo que quizás tengamos se convierte en coraje y lucha. … Porque si no hacemos nada por los que están adentro encerrados, ¿cómo vamos a lograr un cambio social?”

Al preguntarle qué le deja su experiencia, María dijo con firmeza, entre lágrimas: “Aprendí a valorar más mi vida, mi familia. Aprendí a valorar mi libertad”.