MÉRIDA, Yuc., 14 de marzo de 2026.-Padres de familia de dos exalumnos del colegio The Workshop Instituto de Educación Progresiva, en Mérida, presentaron denuncias ante la Fiscalía General del Estado de Yucatán y quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) por presuntos actos de discriminación, amenazas y violencia psicológica contra menores de edad.
Las familias, acompañadas por el abogado Jorge Ruiz del Ángel, señalaron que el personal directivo del plantel habría incurrido en conductas que vulneran los derechos de niñas, niños y adolescentes, por lo que también interpusieron recursos ante otras instancias, entre ellas la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
De acuerdo con los denunciantes, los hechos involucran a dos estudiantes de secundaria, cuyos nombres se mantendrán en el anonimato para proteger su identidad.
Uno de los casos corresponde a un adolescente de 14 años, quien —según la denuncia presentada por su madre— comenzó a recibir múltiples reportes disciplinarios tras el ingreso del psicólogo clínico Omar Arroyo Hernández como director académico del plantel.
“Entre mayo y noviembre de 2025 el estudiante acumuló más de 150 reportes por distintas conductas, situación que derivó en reuniones con directivos y posteriormente en su suspensión”, señalaron.
Los padres también denunciaron comentarios y actitudes que consideraron intimidatorias durante encuentros con el director. Posteriormente, el menor fue acusado por la escuela de presunto acoso sexual hacia compañeras, lo que derivó en su suspensión presencial y en la indicación de continuar clases a distancia mediante una plataforma educativa.
La familia cuestionó el procedimiento seguido por la institución y señaló que no se les entregó documentación que acreditara las acusaciones ni las sanciones aplicadas.
Otro caso expone presunto patrón de conducta
Una segunda familia denunció situaciones similares relacionadas con su hijo de 13 años, quien cursaba el primer año de secundaria en el mismo colegio.
Según su testimonio, el menor comenzó a recibir reportes disciplinarios constantes y fue señalado como presunto acosador por parte de personal docente, lo que generó un ambiente de intimidación en la escuela.
El estudiante relató que, tras un incidente con un compañero durante un partido de fútbol en el receso escolar, se le prohibió participar en actividades deportivas durante el resto del ciclo escolar y posteriormente fue suspendido.
“Dias después me notificaron verbalmente la expulsión de mi hijo, sin que la escuela entregara un documento oficial que acreditara dicha decisión”, indicó la madre.
Acciones legales y quejas ante autoridades
Ante estas situaciones, las familias presentaron denuncias penales y quejas administrativas ante diversas autoridades, además de promover un amparo para garantizar la continuidad educativa de uno de los menores.
El abogado Ruiz del Ángel sostuvo que las acciones del plantel pudieron constituir “acoso escolar, violencia escolar y señalamientos infundados”, además de un manejo inadecuado de los conflictos dentro de la institución.
“Si los estudiantes actúan mal, las instituciones deben intervenir bajo un enfoque educativo, no punitivo”, señaló.
Finalmente, la Segey informó que el seguimiento del caso fue realizado por el Departamento de Escuelas Particulares y aseguró que las actuaciones se realizaron conforme a los protocolos vigentes.
Asimismo, indicó que los menores “fueron dados de baja de la institución educativa por motivo de traslado a otro plantel a voluntad de sus tutores”.
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