La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este jueves que las autoridades mexicanas no cuentan con pruebas que acrediten los presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa de empresas sancionadas por Estados Unidos, entre ellas Inteliproof Efficient, compañía que recibió más de 200 millones de pesos en contratos de la Fiscalía General del Estado de Baja California.
La declaración ocurre después de que el Departamento del Tesoro estadounidense incluyera a 21 personas y 25 empresas en una lista de sanciones el pasado 29 de septiembre. Entre las compañías señaladas figura Inteliproof Efficient, que suministró equipos y tecnología de seguridad a instituciones públicas de Baja California.
México reconoce irregularidades, pero no vínculos criminales
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, analizó operaciones de los sancionados y encontró irregularidades en algunos casos.
Sin embargo, señaló que esos hallazgos no son suficientes para establecer vínculos con organizaciones delictivas, como sostiene la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
La mandataria también aseguró que las autoridades mexicanas no han recibido información estadounidense que permita acreditar esas acusaciones.
La postura contrasta con el comunicado del Departamento del Tesoro, que identificó a Marco Antonio Moreno Gómez Santelices como integrante de una presunta red de apoyo financiero al Cártel de Sinaloa y señaló a Inteliproof Efficient entre las empresas vinculadas con ese empresario.
Empresa sancionada recibió contratos para tecnología de seguridad
Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló que Inteliproof Efficient obtuvo contratos por más de 200 millones de pesos de la Fiscalía de Baja California entre 2022 y 2025.
Los servicios y suministros incluyeron uniformes, equipamiento táctico y un sistema de reconocimiento facial.
La compañía también mantuvo relaciones comerciales con otras instituciones de seguridad estatales, lo que abrió interrogantes sobre los controles aplicados a proveedores de tecnología utilizada por las autoridades.
Sobre posibles riesgos para la información gubernamental, Sheinbaum indicó que el Gabinete de Seguridad no ha identificado evidencia de que la empresa haya comprometido datos sensibles de las instituciones.
Aristegui Noticias
¿Por qué México congeló las cuentas?
Pese a que el gobierno mexicano sostiene que no cuenta con pruebas suficientes sobre los presuntos vínculos criminales, la UIF incorporó a los 46 sujetos sancionados a su Lista de Personas Bloqueadas.
En su comunicado del 29 de septiembre, la dependencia explicó que detectó operaciones financieras de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones bancarias.
La medida es preventiva y administrativa; no representa una sentencia ni acredita responsabilidad penal.
Mientras Estados Unidos mantiene las sanciones, queda pendiente esclarecer si la información financiera disponible permitirá sustentar investigaciones penales en México y qué revisiones realizarán las autoridades sobre los contratos públicos relacionados con las compañías señaladas.
