Tijuana, BC.- Las irregularidades detectadas en la asignación y ejecución del Malecón de Playas de Tijuana motivaron resoluciones administrativas y el turno de expedientes a la Fiscalía Especializada Anticorrupción contra funcionarios y empresas involucradas, informó la síndica procuradora del 25 Ayuntamiento de Tijuana.
Foto: Michelle CastilloTeresita de Jesús Balderas Beltrán explicó que la sindicatura emitió resoluciones administrativas contra servidores públicos del 24 Ayuntamiento, luego de integrar investigaciones por fallas en la autorización, supervisión y ejecución de la obra en zona federal.
Los procedimientos se enfocaron en titulares de dependencias, entre ellos responsables de obras, normatividad y desarrollo urbano, detalló que las decisiones y validaciones del proyecto recaen en los mandos superiores.
Foto: Michelle CastilloConforme a los procesos administrativos, las sanciones incluyen inhabilitaciones, aunque los funcionarios involucrados cuentan con el derecho de recurrir a mecanismos legales como el amparo, mencionó.
Foto: Border ZoomAdjudicación directa y contratos bajo revisión
Balderas Beltrán indicó que la obra del malecón tuvo un costo aproximado de 200 millones de pesos y fue asignada a cuatro empresas sin llevar a cabo un proceso de licitación pública, mediante un esquema de adjudicación directa.
Señaló que cada una de las empresas recibió montos cercanos a 50 millones de pesos, lo que forma parte de los elementos que actualmente son analizados dentro de las investigaciones en curso.
Este mecanismo de contratación dijo que constituye una falta administrativa, al no haberse permitido la participación de otras empresas en condiciones de competencia para la ejecución del proyecto.
Foto: Michelle CastilloLa sindicatura ha turnado alrededor de 12 expedientes a la Fiscalía Especializada Anticorrupción, instancia que ya desarrolla audiencias y procedimientos relacionados con estos casos, enfatizó.
Balderas Beltrán añadió que la Fiscalía también investiga la participación de las empresas involucradas en la adjudicación, con el objetivo de determinar si existe responsabilidad penal en la ejecución del proyecto.
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Omisiones técnicas y observaciones federales
Expuso que el proyecto presentó diversas deficiencias técnicas, entre ellas sondeos insuficientes, omisiones en estudios de transporte litoral y mareas, así como falta de análisis de salinidad y humedad.
Comentó que se detectaron filtraciones e inestabilidad del terreno, además de inobservancia de normas y de instrumentos de planeación aplicables a este tipo de obras en zonas costeras.
Estas omisiones eran relevantes debido al estado que el área del malecón podía presentar como fallas geológicas y procesos erosivos constantes, lo que requería estudios técnicos y evaluaciones ambientales previas, agregó.
Balderas Beltrán sostuvo que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) realizó inspecciones en el sitio, donde se detectaron actividades como excavaciones y movimientos de tierra que no correspondían a las obras autorizadas.
Foto: Border ZoomMultas, investigación y posible resarcimiento
Detalló que derivado de estas irregularidades, se impusieron dos multas por parte de la PROFEPA, una por 79 mil pesos y otra por 226 mil pesos.
Precisó que estas sanciones fueron cubiertas por el actual Ayuntamiento en 2025, tras haberse determinado la reincidencia y la omisión en el cumplimiento de las observaciones realizadas previamente.
Señaló que la Fiscalía Especializada Anticorrupción es la instancia encargada de determinar las responsabilidades penales tanto de funcionarios como de las empresas participantes en el proyecto.
Foto: Michelle CastilloBalderas Beltrán compartió que actualmente el proyecto del malecón se encuentra en espera de la resolución del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) que será enviado a instancias federales, el cual ahora contempla obras de mitigación de riesgo debido a las condiciones en que quedó el sitio tras las intervenciones realizadas.