Pedro Sánchez llegó al Consejo Europeo de Bruselas preparado para defender su política migratoria y salió de la cumbre reivindicando a España como un “alumno aventajado” en la lucha contra la inmigración irregular. El presidente del Gobierno ha respondido así a la ofensiva de varios socios europeos contra la regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada por su Ejecutivo, en un debate que ha vuelto a evidenciar la profunda división entre los Veintisiete sobre cómo gestionar los flujos migratorios.
Sánchez ha rechazado que la política española esté generando un “efecto llamada” y ha contrapuesto los reproches políticos con las cifras que, según ha defendido, muestran una evolución diferente. “Una cosa es el discurso, el bla, bla, bla, y otra cosa es la realidad de los datos”, ha señalado tras la reunión. Según sus datos, España ha reducido en más de un 70 % las entradas irregulares por la costa atlántica durante los últimos tres años y se encuentra entre los países europeos con mejores resultados en retornos, rechazos en frontera y aplicación de las obligaciones derivadas del Reglamento de Dublín.
El jefe del Ejecutivo ha añadido que España está “a la cabeza” en el desarrollo y aplicación de los controles biométricos. Con ese balance, Sánchez ha defendido una política que define como “responsable”, tanto en la lucha contra la inmigración irregular como en la gestión de los flujos regulares. El líder del PSOE también ha pedido separar el control de las fronteras de la regularización de inmigrantes que ya se encuentran establecidos en territorio europeo.
La respuesta de Sánchez se produce después de una presión creciente de varios gobiernos europeos. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y la italiana, Giorgia Meloni, han encabezado el frente unitario de críticas a la regularización española. Frederiksen ha reclamado incluso que la Comisión Europea examine si la medida adoptada por España es compatible con la política migratoria común y ha cuestionado que un Estado miembro pueda adoptar decisiones que, en su opinión, tengan efectos sobre el conjunto de la Unión.
Meloni y Frederiksen encabezan los reproches
El canciller austríaco, Christian Stocker, también ha considerado que la regularización española puede enviar una “mala señal” en un momento en el que la UE intenta reforzar los mecanismos contra la inmigración irregular. Otros gobiernos han expresado preocupaciones similares, vinculándolas políticamente con el debate abierto tras la llegada masiva de migrantes a Ceuta a finales de julio.
DIRECTO 📺 #Canal24horas | Pedro Sánchez, sobre el debate acerca de la migración que ha tenido lugar en Bruselas: "Hemos llegado a un acuerdo en torno al texto sobre la inmigración. Ha habido mucho debate, hay posiciones muy diferentes, pero hemos logrado una solución de compromiso"
— RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 16, 2026
Sánchez ha evitado entrar en una confrontación directa con cada uno de sus críticos, pero sí ha marcado diferencias con Frederiksen, quien pertenece a la familia socialdemócrata, pero cuyo Gobierno ha dejado su estampa en una de las políticas migratorias más restrictivas de la UE. El presidente español ha señalado que su discrepancia con la primera ministra danesa reside, entre otras cuestiones, en que “ella considera que aquellas personas que estén en el país no deben reconocérsele derechos”. La tesis de Moncloa pasa por que reconocer esos derechos puede favorecer la integración y el arraigo.
“Yo creo que sí, es más, creo que reconociendo esos derechos lo que se hace es anclar a esos migrantes a ese país que lo reconocen”, dijo el líder de los socialistas españoles, para después lanzar un dardo a Meloni por su gestión migratoria, a la que el Gobierno ha recurrido en medio de su crisis diplomática por la suspensión de la libre circulación en el espacio Schengen para viajeros provenientes de ambos países. Sánchez ha dicho que el reconocimiento de esos derechos es “algo que hacen hasta incluso algunos de esos países que están apoyando estas visiones pero que expiden permisos de trabajo en su propio país”.
El choque se produce además en un momento en el que varios gobiernos europeos están endureciendo sus políticas migratorias y explorando nuevas fórmulas para aumentar los retornos. El Consejo de la UE aprobó a comienzos de octubre nuevas normas destinadas a facilitar el retorno de personas que no tienen derecho a permanecer en territorio comunitario, incluyendo la posibilidad de establecer centros de retorno en terceros países mediante acuerdos que respeten el Derecho internacional y el principio de no devolución.
📺 TV en DIRECTO | Sánchez, sobre las críticas a su política migratoria: "La primera ministra danesa considera que a aquellas personas que estén en cualquiera de los países no se les deben reconocer derechos y yo creo que sí" https://t.co/Vge3OzPQT6 https://t.co/u5b4YITOl1
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Una UE dividida sobre la regularización
La discusión migratoria del Consejo Europeo no ha desembocado en una nueva medida concreta. Los Veintisiete se han limitado a constatar que mantuvieron un “debate estratégico” sobre el enfoque global de la Unión y acogieron favorablemente la intención de la Comisión de trabajar con los Estados miembros en un marco de emergencia y frente a las distintas formas de instrumentalización de la migración.
La falta de un acuerdo más ambicioso refleja las diferencias entre los Estados miembros. España y Francia han defendido una aproximación que combine control fronterizo, cooperación con terceros países, integración y vías legales de migración. Otros gobiernos presionan por reforzar las expulsiones, restringir el acceso al territorio y crear mecanismos que permitan gestionar los retornos fuera de la UE.
En este contexto, Sánchez ha reivindicado precisamente el Pacto Europeo de Migración y Asilo, aprobado durante la presidencia española del Consejo de la UE y plenamente operativo desde junio. El presidente del Gobierno español considera que su aplicación está ofreciendo resultados y ha reclamado a los demás Estados miembros que cumplan las obligaciones asumidas.
La propia agenda del Consejo refleja que el debate europeo está evolucionando hacia una combinación de control de fronteras, retornos y mecanismos de emergencia. Los líderes europeos han señalado también la necesidad de reforzar la respuesta ante situaciones de instrumentalización de los flujos migratorios.
Ceuta vuelve al centro de la UE
La crisis migratoria de Ceuta ha sobrevolado toda la discusión. Las acusaciones sobre un supuesto efecto llamada derivado de la regularización española han adquirido una dimensión política mayor después de la entrada masiva de migrantes registrada en la ciudad autónoma durante el verano. La Comisión Europea ha señalado que no existe una relación directa demostrada entre la regularización española y aquella crisis, pero varios gobiernos han utilizado el episodio para cuestionar la estrategia de Madrid.
Sánchez, por su parte, ha llegado a Bruselas con el argumento de que los datos de entradas irregulares no respaldan la tesis de que la política española esté provocando un aumento generalizado de los flujos. Su defensa se apoya especialmente en la evolución de la ruta atlántica y en la cooperación con países de origen y tránsito.
Ese planteamiento ya había formado parte de la estrategia migratoria defendida por La Moncloa. El Gobierno ha destacado la cooperación con Marruecos, Mauritania, Senegal y otros países para contener las salidas, al tiempo que reivindica las vías regulares y la integración de los inmigrantes que ya viven en España.
La disputa migratoria llega, además, en un momento especialmente sensible para la política europea. España afrontará sus elecciones generales el 29 de noviembre, mientras que en 2027 están previstas citas electorales relevantes en varios grandes Estados miembros, como Francia, Italia y Polonia. La inmigración se ha convertido en uno de los asuntos centrales del debate político europeo y ha contribuido a endurecer el discurso de numerosos gobiernos. @mundiario
