Voces del gremio periodístico en Puebla advierten que una nueva legislación bajo el argumento de proteger a menores podría derivar en censura y criminalización de la crítica.
PUEBLA, Pue., 16 de abril de 2026.- La reciente invalidación del delito de ciberasedio por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha reactivado las alarmas entre el gremio periodístico poblano. Comunicadores y activistas advierten que, si bien la Corte puso fin a una norma ambigua, la intención del Congreso local de redactar una nueva figura penal representa un riesgo potencial para la libertad de expresión.
Patricia Méndez, vocera de la Red Puebla de Periodistas, y el periodista independiente Ernesto Aroche, señalaron que la resolución del máximo tribunal confirma lo que diversos sectores señalaron desde la creación del delito: que la redacción era imprecisa y permitía interpretaciones discrecionales.
El riesgo de la "protección" a menores
Méndez expresó su preocupación ante la posibilidad de que el Poder Legislativo utilice la protección de las infancias como "bandera" para justificar una nueva regulación. Según la vocera, los delitos contra menores ya están contemplados en el marco jurídico actual, por lo que una nueva ley podría ser redundante y peligrosa.
- Criminalización de la opinión: Advirtió que términos vagos podrían usarse para perseguir a quienes emitan posturas críticas contra políticas públicas.
- Vigilancia gremial: La Red Puebla de Periodistas se mantendrá en alerta y exige foros públicos para discutir cualquier propuesta que pretenda regular el espacio digital.
Un contexto de confrontación digital
Por su parte, Ernesto Aroche recordó que la propuesta original de ciberasedio nació en un ambiente de tensión entre el poder político y usuarios críticos en redes sociales, especialmente en la plataforma X.
“Ese entorno permitió interpretar que la iniciativa no solo buscaba atender el ciberacoso, sino también contener el flujo de críticas en el espacio digital”, explicó Aroche, calificando el fallo de la SCJN como una medida "sana" para evitar que herramientas jurídicas inhiban el escrutinio ciudadano.
Conclusión del gremio
Ambos periodistas coincidieron en que el ejercicio de la investigación y la difusión de información de interés público se ve directamente beneficiado con la anulación de esta ley. El llamado a las autoridades es claro: cualquier ajuste legal debe garantizar que la lucha contra el acoso digital no se convierta en un mecanismo de censura encubierto.
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