El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dado 48 horas al PSOE para entregar la relación completa de abogados, despachos y consultoras contratados por el partido entre 2021 y 2025, después de que Ferraz no respondiera al primer requerimiento judicial cursado el pasado 6 de octubre. La diligencia busca reconstruir la contratación de servicios profesionales y comprobar qué trabajos fueron realmente encargados y realizados en el periodo que está bajo análisis en el llamado caso Leire Díez.
Pedraz se ha dirigido de nuevo al servicio jurídico del PSOE y reclama información correspondiente tanto a los órganos centrales como a las estructuras territoriales del partido. No se limita a pedir un listado de nombres, sino que el instructor exige también los expedientes internos de contratación, notas de encargo o contratos, las autorizaciones correspondientes y la documentación utilizada para justificar que los servicios contratados fueron efectivamente prestados.
El magistrado fundamenta el nuevo plazo en el tiempo transcurrido desde su primera petición. La providencia señala que, hasta este momento, el órgano judicial no ha recibido “contestación alguna” por parte de la asesoría jurídica socialista. El requerimiento supone, por tanto, una reiteración de una diligencia que el juez considera necesaria para avanzar en la investigación.
La petición tiene, además, límites expresamente establecidos por el propio instructor. La documentación deberá facilitarse respetando el secreto profesional de los abogados y el derecho del PSOE a no aportar aquella información que considere que pueda incriminarle, dentro de las garantías previstas por el Estatuto General de la Abogacía. El requerimiento no equivale, por tanto, a una autorización para acceder indiscriminadamente a todas las comunicaciones entre el partido y sus abogados.
La diligencia se encuadra en una de las líneas centrales del caso Leire determinar cómo se articularon determinados pagos y si algunos contratos profesionales pudieron servir para canalizar fondos hacia la exmilitante socialista Leire Díez. La investigación judicial trata de esclarecer una presunta trama que, según la hipótesis recogida por Pedraz, habría tratado de interferir o desactivar procedimientos judiciales que afectan al PSOE, al Gobierno o a personas de su entorno.
El foco en los contratos bajo sospecha
En este contexto, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha señalado en informes incorporados a la causa el papel que habría desempeñado la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, actualmente investigada. Según la investigación, Fuentes habría intervenido, bajo las directrices del entonces secretario de Organización Santos Cerdán y con la intermediación de Díez, en la formalización de dos notas de encargo que los investigadores consideran presuntamente instrumentales.
Una de esas operaciones estaría relacionada con el despacho vinculado al abogado Ismael Oliver, mientras que la otra correspondería al letrado Jacobo Teijelo, abogado de Cerdán. Ambos figuran como investigados en la causa. La UCO sostiene que las notas de encargo podrían haber servido para simular relaciones profesionales y facilitar pagos desde el partido.
Los investigadores también han puesto el foco en sociedades relacionadas con Oliver y con el exdirigente socialista andaluz Gaspar Zarrías. Según un informe de la UCO, a través de estas sociedades se habrían canalizado pagos a Díez por un total de 43.225 euros. La Guardia Civil considera que determinadas transferencias tuvieron su origen en fondos del PSOE y que las sociedades pudieron actuar como intermediarias.
Una investigación que sigue abierta
El nuevo requerimiento llega pocos días después de que Pedraz rechazara, por el momento, imputar al PSOE como persona jurídica. El magistrado consideró el 9 de octubre que todavía era necesario practicar diligencias para determinar si existe una “conexión objetiva” entre los hechos atribuidos a Cerdán y la actuación del partido. Según el juez, en ese momento no existía todavía un principio de prueba suficiente para sostener razonablemente la imputación de la formación.
La Fiscalía Anticorrupción había considerado previamente que existían indicios que justificaban seguir investigando la posible implicación del PSOE, pero entendió que su imputación era “prematura” antes de completar determinadas diligencias, entre ellas la declaración de Cerdán.
La petición de Pedraz adquiere así una importancia específica dentro de la instrucción. El listado permitirá al juez disponer de una visión más amplia de las relaciones contractuales del PSOE con abogados y consultores durante un periodo de cuatro años y contrastarlas con los pagos y operaciones que ya aparecen en la causa.
El objetivo de la diligencia no es solo conocer quién cobró del PSOE, sino determinar qué servicio se contrató, quién autorizó cada operación, qué documentación respaldó el encargo y qué pruebas existen de que el trabajo fue realmente realizado. Ese cruce documental puede resultar relevante para comprobar si las operaciones investigadas fueron contratos ordinarios de servicios jurídicos o si, por el contrario, alguno de ellos pudo utilizarse con una finalidad distinta.
Por ahora, el PSOE no está formalmente imputado en la causa y el juez mantiene abiertas distintas líneas de investigación. Lo que Pedraz reclama ahora es documentación interna para completar ese mapa de contrataciones. El partido dispone de dos días para responder a un requerimiento que vuelve a colocar sus procedimientos de contratación y la justificación de determinados pagos en el centro de una de las investigaciones judiciales con mayor repercusión política de la precampaña electoral. @mundiario
