El Ayuntamiento de Madrid quiere evitar que los contribuyentes terminen pagando la factura de la acampada de la Puerta del Sol. El Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida pretende reclamar a los responsables los gastos de limpieza, reparación y restauración que puedan derivarse de la ocupación prolongada de la plaza, aunque todavía no ha concretado cómo identificará a los infractores ni qué procedimiento utilizará para exigirles el dinero. La intención es clara, pero llevarla a la práctica plantea un desafío: distinguir entre quienes hayan causado daños concretos y las miles de personas que han pasado por el campamento desde finales de septiembre.
La vicealcaldesa, Inma Sanz, expresó el jueves la voluntad del consistorio de trasladar el coste de las actuaciones a quienes considera responsables de la situación. “No vamos a parar hasta tratar de que a los madrileños no nos cueste un euro”, aseguró durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. Sin embargo, preguntado por los mecanismos para ejecutar esa medida, un portavoz municipal se limitó, según sostiene El País, a señalar que todavía se está estudiando la fórmula.
El anuncio sitúa el foco en una cuestión que va más allá de la limpieza de una de las plazas más emblemáticas de la capital: hasta dónde puede llegar la responsabilidad económica de los participantes en una protesta cuando los daños afectan a un espacio público. La respuesta dependerá de las pruebas disponibles, de la identificación de los autores y de la posibilidad de vincular cada conducta con los gastos que se pretenda reclamar.
Los desperfectos que preocupan al Ayuntamiento
El Gobierno municipal teme encontrar un deterioro importante cuando se retiren las tiendas de campaña. Entre los posibles daños, Inma Sanz ha mencionado las pintadas realizadas sobre elementos patrimoniales, como la escultura del Oso y el Madroño y el monumento a Carlos III, además de las posibles roturas en el pavimento y las afecciones al mobiliario urbano.
La Puerta del Sol cuenta con protección patrimonial como Bien de Interés Cultural, un factor que añade importancia a cualquier intervención sobre sus elementos históricos. El Ayuntamiento sostiene que el suelo fue rehabilitado recientemente y denuncia que algunas tiendas están siendo ancladas al pavimento. No obstante, el alcance definitivo de los desperfectos todavía está por determinar, por lo que la factura de limpieza y reparación tampoco está cuantificada.
Esa incertidumbre resulta determinante. Antes de reclamar una cantidad concreta, el consistorio tendrá que evaluar el estado de la plaza, identificar las intervenciones necesarias y diferenciar los daños atribuibles a conductas particulares del desgaste o la suciedad asociados al uso cotidiano del espacio público.
El problema de identificar a quienes deben pagar
La principal dificultad no reside únicamente en calcular el coste de las reparaciones, sino en establecer quién debe asumirlo. Desde el inicio de la acampada, el 26 de septiembre, han pasado por Sol miles de personas y el campamento ha llegado a reunir hasta 1.500 tiendas, aunque su número ha disminuido con el paso de las semanas.
No todas esas personas han participado en los mismos actos ni tienen por qué responder por los daños que hayan podido ocasionar otras. Por eso, trasladar el coste global de las actuaciones a todos los acampados no equivale a sancionar a quienes hayan cometido infracciones concretas. El Ayuntamiento deberá determinar qué hechos puede acreditar y contra quién puede dirigir sus reclamaciones.
Entre las herramientas que se están valorando figura la revisión de las cámaras de seguridad próximas a la plaza. Según publicó El Mundo, el consistorio pretende examinar las grabaciones del periodo de acampada para localizar a quienes hayan vandalizado elementos del patrimonio. La utilidad de esa vía dependerá de que las imágenes permitan identificar a los responsables y demostrar su participación en los hechos investigados.
El precedente del Congreso que puede orientar la reclamación
La actuación municipal cuenta con un antecedente que muestra cómo pueden exigirse responsabilidades económicas por daños al patrimonio. En marzo de 2023, nueve activistas climáticos mancharon con pintura roja las escaleras, las columnas y los leones de la fachada del Congreso de los Diputados.
Este verano, el Juzgado de lo Penal número 10 de Madrid condenó a cuatro de ellos a multas de 1.400 euros y absolvió a los otros cinco, al distinguir entre quienes arrojaron directamente la pintura y quienes participaron en la protesta sin realizar esa acción. Además, los condenados tuvieron que indemnizar conjunta y solidariamente al Congreso con 5.863,98 euros por los gastos de limpieza y restauración.
El caso ilustra una diferencia importante para la situación de Sol: reclamar el coste de reparar un daño no es lo mismo que imponer una sanción administrativa por incumplir las normas de convivencia. La responsabilidad económica exige establecer un vínculo entre los hechos acreditados y los gastos reclamados, mientras que la sanción responde a una infracción determinada.
Las multas ya impuestas no resuelven el conflicto
La Policía ha impuesto 180 multas relacionadas con la acampada, según los datos difundidos por el Ayuntamiento el 15 de octubre. Un centenar corresponde a cuestiones de limpieza y el resto, a consumo de alcohol y drogas. El consistorio también intenta identificar a quienes se bañaron en la fuente de la plaza para sancionarlos.
Estas actuaciones se dirigen a conductas específicas y no resuelven por sí solas la eventual reclamación por los costes generales de recuperación del espacio. Una multa por una infracción no implica automáticamente que su destinatario deba pagar todos los trabajos de limpieza de la plaza, del mismo modo que la presencia en el campamento no demuestra que alguien haya causado daños.
El reto del Gobierno municipal será, por tanto, convertir su compromiso político en un procedimiento concreto, con una valoración económica de los desperfectos y pruebas suficientes para atribuir las responsabilidades correspondientes.
Almeida también señala a la Delegación del Gobierno
La disputa no se limita a los acampados. José Luis Martínez-Almeida y su equipo también responsabilizan al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, al que acusan de inacción ante la prolongación de la protesta. El alcalde ha manifestado que estudia emprender acciones legales contra él, mientras que el consistorio denuncia un deterioro en la relación institucional entre ambas administraciones.
Almeida calificó la acampada de ilegal y cuestionó su carácter pacífico. Desde el Ayuntamiento sostienen que la falta de actuación de la Delegación del Gobierno ha contribuido a prolongar una situación que, a su juicio, puede dejar daños relevantes en la plaza. Por ahora, sin embargo, el estado definitivo del pavimento, los monumentos y el mobiliario urbano sigue pendiente de una evaluación completa.
La controversia abre así dos frentes distintos: la posible responsabilidad de quienes hayan cometido infracciones o causado desperfectos y el enfrentamiento político sobre la gestión de la protesta. Ambos pueden avanzar por vías diferentes y requieren argumentos y pruebas propios.
Mientras la acampada afronta su jornada número 27 sin una fecha de desalojo definida, el compromiso de que la recuperación de Sol no cueste dinero a los madrileños sigue sin traducirse en un mecanismo cerrado. El Ayuntamiento quiere reclamar hasta el último euro, pero tendrá que demostrar primero cuánto cuesta reparar los daños y quién debe responder por ellos. @mundiario
