El Gobierno quiere que las zonas de bajas emisiones (ZBE) dejen de ser una obligación que algunos ayuntamientos cumplen únicamente sobre el papel. La nueva regulación que el Consejo de Ministros prevé aprobar este martes introduce un cambio decisivo: los municipios deberán aplicar las restricciones de circulación y activar las sanciones contra los conductores que las incumplan, sin prolongar moratorias que conviertan estas áreas en espacios sin consecuencias reales.
La medida afecta a los 151 municipios españoles de más de 50.000 habitantes obligados por la Ley de Cambio Climático a disponer de estas zonas. Aunque la normativa fijó 2023 como fecha para su implantación, su desarrollo ha sido desigual. En algunas ciudades, las restricciones han quedado reducidas a delimitaciones geográficas poco ambiciosas, excepciones generalizadas o periodos de adaptación excesivamente largos.
El Ministerio para la Transición Ecológica, dirigido por Sara Aagesen, pretende cerrar precisamente esa brecha entre lo que establece la legislación y lo que ocurre en las calles. El objetivo es que las ZBE tengan efectos comprobables sobre el tráfico y la contaminación, en lugar de funcionar como una declaración de intenciones.
Las zonas de bajas emisiones ya no podrán quedarse en el papel
El problema de las denominadas ZBE fake es que permiten cumplir formalmente con la legislación sin transformar necesariamente la movilidad urbana. Algunas administraciones han delimitado espacios muy pequeños, han elegido lugares donde el tráfico ya estaba restringido o han establecido excepciones que reducen considerablemente el alcance de las medidas.
En otros casos, los ayuntamientos han aprobado periodos transitorios durante los cuales los conductores pueden incumplir las restricciones sin recibir multas. Esta situación ha debilitado la finalidad de una herramienta concebida para reducir la presencia de los vehículos más contaminantes en las ciudades.
La modificación del Real Decreto 1052/2022 pretende corregir estas prácticas. Para ello, los consistorios tendrán que acreditar que las prohibiciones de acceso, circulación y estacionamiento están realmente vigentes y que existen mecanismos de vigilancia capaces de detectar las infracciones.
No bastará, por tanto, con instalar señales o anunciar una nueva delimitación urbana. También será necesario demostrar que los sistemas de control funcionan y que las restricciones se aplican atendiendo al potencial contaminante de cada vehículo, tomando como referencia las etiquetas medioambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT).
Las multas se convierten en una pieza fundamental de la reforma
Uno de los cambios más relevantes afecta directamente al régimen sancionador. El nuevo texto exige que las ordenanzas municipales incorporen las sanciones previstas en la normativa estatal de tráfico y que estas se apliquen sin recurrir a mecanismos transitorios que retrasen su entrada en funcionamiento.
La decisión supone un cambio de escenario para los conductores que circulan habitualmente por estas áreas. Allí donde las restricciones estén vigentes, los vehículos afectados tendrán que respetarlas y podrán ser sancionados si acceden, circulan o estacionan incumpliendo las condiciones establecidas.
La intención del Ejecutivo es evitar que las ZBE dependan exclusivamente de la voluntad política de cada consistorio. Una zona sin vigilancia efectiva o sin consecuencias para los infractores difícilmente puede cumplir su cometido ambiental.
Los ayuntamientos también se juegan las ayudas públicas
La reforma tiene otra consecuencia importante: puede afectar a la financiación que reciben las administraciones locales para mejorar sus sistemas de transporte.
Las zonas de bajas emisiones están vinculadas a las ayudas estatales destinadas al transporte público. Los municipios que quieran acceder a determinados fondos deben disponer de una ZBE en funcionamiento, una condición que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ya había advertido que debía cumplirse.
Con el endurecimiento de los requisitos, las áreas que existan únicamente para justificar el cumplimiento administrativo podrían dejar de servir como acreditación válida. Esto abre la puerta a retirar financiación a los municipios que no demuestren que sus restricciones funcionan realmente.
Además, aquellos consistorios que recibieron fondos europeos Next Generation para desarrollar sus zonas de bajas emisiones podrían verse obligados a devolverlos si no cumplen las condiciones exigidas.
El mensaje para los gobiernos municipales es claro: implantar una ZBE no consiste únicamente en dibujar una zona restringida en el mapa. También implica asumir el coste político, administrativo y económico de hacer cumplir sus normas.
Una reforma que también busca proteger la salud urbana
Más allá de las sanciones y las consecuencias presupuestarias, el debate tiene una dimensión que afecta directamente a la vida cotidiana. La contaminación atmosférica continúa siendo uno de los grandes problemas ambientales de las ciudades y la circulación de vehículos altamente contaminantes contribuye a empeorar la calidad del aire.
Las ZBE pretenden reducir estas emisiones, limitar el ruido y favorecer desplazamientos menos dependientes del coche privado. También buscan recuperar espacio público y facilitar alternativas como caminar, utilizar la bicicleta o recurrir al transporte colectivo.
Sin embargo, la eficacia de estas medidas no depende únicamente de prohibir determinados vehículos. También requiere redes de transporte público suficientes, alternativas de movilidad accesibles y una planificación que tenga en cuenta las necesidades de quienes viven y trabajan en las ciudades.
El nuevo decreto intenta corregir el cumplimiento meramente formal de la normativa, pero su aplicación pondrá a prueba la capacidad de los ayuntamientos para transformar sus políticas de movilidad. La diferencia entre una ZBE efectiva y una de escaparate estará, a partir de ahora, en lo que realmente ocurra en las calles. @mundiario
