El accidente ferroviario de Urda ha reabierto un conflicto que llevaba meses sobre la mesa de negociación entre los trabajadores del sector y el Ministerio de Transportes. Las principales organizaciones sindicales estudian impulsar una movilización conjunta de gran alcance para reclamar mejoras urgentes en la seguridad de la red ferroviaria, reforzar las plantillas y acelerar las inversiones comprometidas por el Gobierno. La tragedia ha elevado la presión sobre Adif y Renfe, pero también ha puesto el foco en unas reivindicaciones laborales que los sindicatos consideran directamente relacionadas con la protección de pasajeros y trabajadores.
El primer movimiento ya se ha producido. El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF), que reúne a unos 6.500 afiliados de los aproximadamente 7.000 maquinistas del país, mantiene su convocatoria de huelga y ha anunciado nuevos paros para los días 10 y 12 de noviembre. Las protestas coinciden con una semana especialmente delicada para el transporte ferroviario, en la que los servicios mínimos podrían evitar una paralización completa, pero no las alteraciones en los desplazamientos.
La iniciativa de los maquinistas podría convertirse en una protesta más amplia. UGT, CC OO, CSIF y Sindicato Ferroviario comparten buena parte de las críticas sobre el funcionamiento del sistema y consideran necesario revisar las condiciones en las que se desarrolla el trabajo en las infraestructuras ferroviarias.
El accidente de Urda vuelve a poner bajo presión a Transportes
La tragedia del 28 de octubre ha acelerado las conversaciones entre las organizaciones sindicales. CSIF, con representación en Renfe y Adif, ha reclamado la dimisión del ministro Óscar Puente y de los responsables de la cúpula de Adif. Además, ha constituido un equipo de trabajo para estudiar posibles movilizaciones.
Uno de los asuntos que más preocupa a esta organización son los horarios del personal ferroviario. Según sus denuncias, algunos trabajadores de Adif afrontan turnos de hasta 12 horas y encadenan cinco noches consecutivas, una situación que, a su juicio, incrementa el agotamiento físico y mental y puede comprometer la seguridad de las operaciones.
Entre sus exigencias figura limitar el trabajo nocturno a dos noches semanales, evitando que sean consecutivas, así como reforzar los centros de control de circulación.
La posición de los sindicatos también refleja una preocupación compartida: evitar que las investigaciones sobre los accidentes terminen trasladando responsabilidades individuales a trabajadores que desempeñaban sus funciones en condiciones que consideran insuficientes.
Los compromisos de febrero, en el centro del conflicto
La nueva amenaza de movilizaciones tiene un antecedente importante. En febrero, después de los accidentes de Adamuz y Gelida, que dejaron 47 víctimas mortales, SEMAF, UGT y CC OO desconvocaron una huelga de tres jornadas tras alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Transportes y las empresas ferroviarias.
Aquel pacto contemplaba un incremento de 1.850 millones de euros en las inversiones previstas hasta 2030 para mejorar la conservación de las redes convencional y de alta velocidad.
Sin embargo, los maquinistas consideran que algunos de los compromisos adquiridos no están avanzando al ritmo necesario. El mantenimiento de las infraestructuras y la disponibilidad de recursos humanos se han convertido así en dos de los principales puntos de fricción.
Las cifras incluidas en el acuerdo reflejaban un aumento progresivo de las partidas. Para la red convencional, el gasto en conservación debía alcanzar los 861 millones de euros en 2026, frente a los 748 millones inicialmente previstos. En alta velocidad, la inversión en mantenimiento debía situarse en 513 millones durante el mismo ejercicio.
Más trabajadores y mejores protocolos para evitar nuevos accidentes
El documento firmado en febrero también incluía un refuerzo de las plantillas. Adif debía incorporar 2.400 trabajadores adicionales hasta 2030, mientras que Renfe contemplaba 1.200 contrataciones y la Agencia Española de Seguridad Ferroviaria sumaría otros 50 efectivos.
En total, el compromiso alcanzaba los 3.650 nuevos empleos destinados a fortalecer diferentes áreas del sistema ferroviario.
A estas medidas se añadían cambios en los protocolos operativos, la coordinación entre los centros de regulación del tráfico y las operadoras, y la gestión de las alertas meteorológicas. También se planteó mejorar los sistemas de comunicación de los trenes para facilitar la respuesta ante situaciones de emergencia.
Estas cuestiones adquieren especial relevancia después de lo ocurrido en Urda, donde la investigación examina el funcionamiento del sistema de seguridad LZB y la gestión de la circulación tras su caída.
La comparecencia de Óscar Puente en el Congreso de los Diputados será determinante para conocer qué medidas plantea el Ejecutivo y cómo piensa responder a las reclamaciones de los trabajadores.
El principal desafío del Gobierno será demostrar que los compromisos adquiridos no se quedan en cifras presupuestarias y anuncios de contratación. Para los sindicatos, la seguridad ferroviaria exige actuaciones verificables, recursos suficientes y condiciones laborales que permitan desarrollar el trabajo sin comprometer la atención y la capacidad de respuesta. @mundiario
