El Gobierno de España, ha aprobado la primera ley estatal integral de vivienda, desde que está vigente la Constitución española de 1978.El Ejecutivo que preside Pedro Sánchez, está decidido a asentar el quinto pilar del Estado de bienestar: la vivienda.
Sin duda, esa decisión pasa por disponer de un parque de vivienda pública y protegida que permita a la juventud, a las personas vulnerables y a la mayoría de la población en general, tener derecho a una vivienda digna y asequible en alquiler o en propiedad.
Esta legislación, viene a completar y cumplir con lo dispuesto en el artículo 47 de la Constitución española, que en su texto contiene que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Además de recordar que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias, y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.
Una vez más PP y Vox votaron en contra. También lo hicieron Ciudadanos, Foro Asturias, Junts, PNV, CUP, PDeCAT y Coalición Canaria por diferentes motivos.
NO REPETIR LOS FRACASOS DEL PASADO
Ya en el pasado, el presidente del PP y del Gobierno, José María Aznar, aprobó la Ley del Suelo en 1998 basada en ampliar desmesuradamente la posibilidad de urbanizar suelo, con una idea simple basada en que a más suelo urbanizable más capacidad para construir viviendas y más baratas. Ocurrió todo lo contrario, se produjeron subidas tras subidas, incrementándose los precios en los años siguientes. Expertos y también políticos, sitúan ahí una de las principales causas del inicio de la burbuja inmobiliaria, junto con el aumento de créditos y el cambio de la legislación que permitió el pase de interés fijo a variable, que en años posteriores acabaron en una crisis económica y social muy importante.
El Gobierno de España sigue su ruta y presentó un nuevo Plan de Vivienda 2026-2030, que tiene un presupuesto de 7.000 millones de euros (triplica la cantidad del anterior), y contiene un condicionamiento de mucho interés social, porque impide que las viviendas públicas que financia puedan ser privatizadas en el futuro.
Con él se persigue disponer de vivienda pública protegida, conseguir viviendas asequibles, aumentar las condiciones de la vivienda existente, fomentar su utilización a precios razonables y solventar los problemas que dificultan su acceso a las personas que más lo necesitan.
Se hace para afianzar y reforzar una política de vivienda que es competencia de los gobiernos autonómicos. Aunque muchos de estos ponen dificultades, porque están en manos de los populares con la influencia o el apoyo de Vox.
Entre estos gobiernos destaca Madrid, porque ni el alcalde ni la presidenta de la comunidad ( ambos del PP), aceptan la posibilidad que les ofrece la ley de vivienda, de declarar zonas tensionadas y el control de precios, cuando tienen distritos en los que el precio de la vivienda supera el 30 % de los ingresos de las familias. Sin embargo, en Cataluña, País Vasco y Navarra si se está aplicando.
El RD-ley 8/2026, de 28 de abril de 2026, estaba destinado a prorrogar durante dos años los contratos de alquiler y la limitación de las subidas del alquiler al 2 % en ese período, pero no fue ratificado en el Parlamento. Veremos si una nueva negociación permite retomarlo.
El Gobierno ha hecho la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, para que el 60 % de la comunidad de propietarios, pueda prohibir los pisos turísticos. No obstante, el resto de la regulación es competencia autonómica y local.
LA UE DEBE COMPROMETERSE
Esta situación preocupante sobre el acceso a una vivienda ha llevado al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y a otros diecinueve alcaldes europeos, a exigir a la UE en Bruselas que aporte soluciones políticas y económicas que contribuyan a resolver los problemas de la vivienda. Los objetivos fundamentales se basan en asegurar las regulaciones y que los fondos europeos se agilicen y sean eficaces.
Ya está comenzando la negociación del presupuesto plurianual de la UE (2028-2034), y la vivienda asequible requiere de más inversión. Esa decisión, no sólo abarca el ámbito presupuestario sino también la futura Ley de Vivienda Asequible, que debe ser una pieza esencial del plan europeo de vivienda.
No debiera haber tanta discrepancia ante una necesidad y un derecho básico y fundamental, porque las propuestas de Feijóo, son las mismas que ejecutó Aznar y para muchos fueron el inicio de la crisis inmobiliaria. Un pacto por la vivienda es necesario, con un gran esfuerzo a favor de la vivienda pública y protegida asequible. @mundiario