La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por parte del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha vuelto a poner en el ojo del huracán al rescate de Plus Ultra, uno de los episodios más controvertidos de la gestión económica de la pandemia. El caso no se limita únicamente a la viabilidad de una aerolínea cuestionada desde el principio por parte de la oposición y algunos sectores económicos, sino que amenaza con convertirse en una investigación de amplio alcance sobre presunto tráfico de influencias políticas, intermediaciones empresariales y decisiones administrativas adoptadas en el seno del Estado durante la crisis sanitaria.
En este contexto, el Gobierno de Pedro Sánchez ha optado por separar la investigación judicial sobre Zapatero del procedimiento administrativo que permitió aprobar la ayuda pública a la aerolínea. La prioridad de La Moncloa pasa por blindar la imagen institucional de la SEPI, reivindicar la legalidad del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) y evitar que la imputación del expresidente socialista termine proyectando dudas sobre todo el modelo de rescates desplegado durante la pandemia.
El Ejecutivo insiste en que el préstamo de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra respondió a un “marco reglado” en el que no existían márgenes de arbitrariedad política. Según la versión gubernamental, la operación fue avalada por múltiples informes técnicos, supervisada por asesores externos y posteriormente revisada por diferentes instancias judiciales y administrativas sin que se detectaran irregularidades concluyentes. La Moncloa sostiene que la compañía cumplía formalmente los requisitos exigidos para acceder a las ayudas destinadas a empresas consideradas estratégicas.
La defensa institucional del rescate tiene un fuerte componente político. El PSOE es consciente de que la figura de Zapatero conserva un peso simbólico importante dentro del socialismo español y de que cualquier avance de la investigación puede tener consecuencias reputacionales para el partido que podría herir de muerte la legislatura. Por ello, el Gobierno intenta encapsular el daño trasladando la idea de que el procedimiento administrativo actuó con independencia de cualquier eventual actuación particular.
Plus Ultra tenía una deuda
Sin embargo, el auto del juez Calama introduce elementos que complican ese relato. La investigación pone el foco en la relación entre los directivos de Plus Ultra, el empresario Julio Martínez Martínez y el entorno del expresidente del Gobierno. Según el magistrado, existirían indicios de que la red articulada alrededor de la consultora Análisis Relevante habría utilizado contactos políticos para facilitar decisiones favorables en distintos organismos públicos.
Uno de los puntos más sensibles afecta al certificado de estar al corriente de pago con la Seguridad Social que permitió a la aerolínea acceder al rescate. El juez subraya que Plus Ultra mantenía una deuda relevante con la Tesorería General de la Seguridad Social, cercana al medio millón de euros, aunque esta estuviera aplazada. El auto judicial de Calama plantea dudas sobre la validez de los documentos aportados por la compañía y apunta incluso a la posible existencia de datos inexactos o alterados para obtener las certificaciones necesarias.
El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social rechaza frontalmente esa interpretación. Desde el departamento dirigido por la portavoz del Ejecutivo Elma Saiz sostienen que tener un aplazamiento concedido es compatible jurídicamente con figurar al corriente de pago y recuerdan que durante la pandemia se disparó el número de solicitudes de aplazamiento para empresas con dificultades de liquidez. Según el Gobierno, todos los trámites se ajustaron a la normativa vigente y los certificados se emitieron automáticamente mediante procedimientos técnicos, sin intervención discrecional de responsables políticos.
El Gobierno se ve interpelado además por la aparición en el auto del nombre de José Luis Escrivá, entonces ministro de Inclusión y hoy gobernador del Banco de España. El juez recoge la existencia de una reunión entre Escrivá y Zapatero celebrada en septiembre de 2020, en plena tramitación de los aplazamientos y mientras Plus Ultra avanzaba en su solicitud de rescate ante la SEPI. Aunque el entorno de Escrivá admite el encuentro, niega tajantemente que se abordara la situación de la aerolínea o cualquier asunto relacionado con el expediente.
El Gobierno se blinda del rescate en el Consejo de Ministros
Ese cruce entre contactos políticos, decisiones administrativas y operaciones empresariales constituye precisamente el núcleo de la investigación judicial. La cuestión central no es únicamente si Plus Ultra cumplía técnicamente los requisitos para recibir ayuda pública, sino si determinadas gestiones externas pudieron influir en el desarrollo del procedimiento.
La Moncloa intenta desactivar esa sospecha recordando que el rescate fue analizado previamente por la Fiscalía Anticorrupción, por tribunales ordinarios, por la Comisión Europea y por el Tribunal de Cuentas. El Gobierno insiste en que ninguna de estas instancias concluyó que existiera ilegalidad en la concesión de la ayuda. Además, subraya que las ayudas del FASEE eran préstamos reembolsables y no subvenciones a fondo perdido, una idea que Sánchez ha repetido en numerosas ocasiones para justificar la actuación del Ejecutivo durante la pandemia.
Las reacciones de Podemos evidencian esa incomodidad dentro del espacio progresista. Aunque la formación morada ha rechazado sumarse a cualquier ofensiva parlamentaria junto al PP y Vox, sí ha marcado distancias respecto al rescate y ha reclamado explicaciones exhaustivas al PSOE y al propio Zapatero. El mensaje lanzado por el secretario de Organización Pablo Fernández refleja un movimiento de autoprotección política: reconocer que existen indicios “preocupantes” sin romper completamente con el Gobierno.
A medida que se acerque la declaración judicial de Zapatero prevista para el 2 de junio, la presión política irá aumentando. La apertura completa del sumario puede aportar nuevos detalles sobre los contactos mantenidos entre empresarios, intermediarios y responsables públicos durante la tramitación del rescate. Y aunque el Ejecutivo trate de sostener la tesis de la absoluta corrección administrativa, el verdadero desgaste puede acabar produciéndose en el terreno de la percepción pública. @mundiario