Guanajuato.- Mientras en el Congreso de la Unión se debate la iniciativa de la Ley Trasciende para legalizar la eutanasia o muerte asistida, en Guanajuato, una mujer y su hija buscan poder hacer valer la Ley de Voluntad Anticipada, que aborda la decisión de eliminar tratamientos médicos innecesarios en pacientes con enfermedades terminales y centrarse en los cuidados paliativos.

Raquel tiene 63 años, en 2021 le detectaron cáncer de mama y tres años después, cáncer cerebral. Aunque ella, su familia y sus médicos han combatido la enfermedad, su condición se ha complicado en los últimos meses.

“Me dijo el neurocirujano, a veces puedo tener problemas en la vista, a veces puedo tener problemas en el oído, en la voz, en pensar, el razonamiento. Ajá. Entonces, a mí en general me gusta escribir. (…) Soy maestra de preescolar. Entonces, ahorita está reaccionando mi cuerpo a las pastillas, pero va a llegar un momento en que no va a reaccionar, voy a empezar a sentir más dolor, las pastillas ya no me van a hacer lo mismo. Y es ahí donde entra la cuestión de la voluntad anticipada”.

Raquel desea definir desde ahora, cuando aún tiene claridad mental, hasta dónde recibir tratamientos médicos.

“Así como he vivido dignamente, así quiero morir dignamente. Así quiero, muy felizmente, y eso no quiere decir que le esté poniendo fecha, de así, ay, en 6 meses (…) Yo no estoy hablando de cuándo me voy a morir, sino de (estar preparados….).

“No se está obligando a nadie, a nadie, a que firme su voluntad anticipada, se está dejando la libertad. Pero quienes queremos firmar, quienes queremos ejercer ese derecho (deben dejarnos)”. La Ley de Voluntad Anticipada se promulgó en el estado en 2012 y en estos 14 años se han firmado 1,451 solicitudes y el 75 % corresponden a personas extranjeras, principalmente mujeres estadounidenses que viven en San Miguel de Allende.

Vivir libre para morir igual

Enferma de cáncer y preocupada por establecer los términos de hasta dónde recibir tratamiento, Raquel recibió a AM en su casa. Contó que el primer diagnóstico se lo dieron cuando vivía en Xalapa, Veracruz.

“En 2021 me detectaron cáncer de mama y me quitaron la mama con 11 ganglios. Creo que eran 11. Sí, cinco infectados. Y ya después estaba yendo nada más de remisión (…) Y me empezó a dar mucho vómito, y ¿Y qué más? Me dio un fuerte dolor de cabeza. Y yo ya no, ay, no, ya en ese momento ya no quería, no quería nada, no quería nada porque estaba muy mal”.

Para la entrevista, la paciente recibió el apoyo y acompañamiento de su hija Libertad, ya que Raquel ha comenzado a sufrir lagunas mentales. Todavía puede tener una conversación fluida, pero hay momentos en que su memoria le falla. Cuando la pausa se prolonga su hija le pregunta, con amabilidad, si desea que ella intervenga. Raquel asiente, resignada.

Empezaron a tratar la enfermedad con doctores particulares, pero el tratamiento resultó demasiado caro, por lo que continuó en el ISSSTE. Debía trasladarse de Xalapa a la capital, Veracruz, lo que implicaba invertir tiempo, dinero y esfuerzo, y en una ocasión “hubo un lapso muy largo en el que no había oncólogo”.

Pero para 2024, le detectaron un tumor en el cerebelo derecho.

“El oncólogo del ISSSTE me mandó con urgencia a neurocirugía y a radioterapia”. La atención ya se daba en Orizaba, a tres horas de viaje.

No saben bien qué pasó, pero se autorizó primero la radioterapia y Raquel se sometió a ello por segunda vez (la primera fue por el cáncer de mama).

Al enterarse, el neurocirujano se enojó y preguntó quién lo había autorizado, pues la operación debía ir primero, pero “el ISSSTE así trabaja”, resumió Raquel.

La cirugía se pospuso seis meses, pues la radioterapia causa inflamación del órgano. En noviembre de 2024 la intervinieron, pero no pudieron extirpar todo el tejido, quedó algo líquido, que había que estar revisando. Para agosto de 2025, Raquel se mudó a León y este año volvieron el vómito, los mareos, el dolor de cabeza, y los tumores.

Hoy se enfrenta a la posibilidad de que el tratamiento no dé resultado.

Según Libertad, personal del ISSSTE les dijo que el protocolo manda que no se puede dejar al o la paciente sin tratamiento, es prioridad atenderla aunque este no la esté curando, incluso, porque hay medicamentos indicados por el doctor que se contraponen, y por tanto, no se le administran.

A Raquel también le incomoda el discurso “positivo a toda costa”.

“En ocasiones (el doctor) somete a todos, ay sí, sobre todo son mujeres, (la idea de que) sí, hay que vivir, hay que pensar bonito y yo, no se trata de pensar feo. O sea, yo no pienso feo, yo pienso bonito, pero también pienso en que yo no quiero una vida si ya no puedo hacer lo que quiero hacer.

“Si ya no puedo disfrutar de lo que antes disfrutaba, ni la quiero yo ni la quiero para las personas cuidadoras, ¿no? Que me estén limpiando, que me metan a bañar, que me den de comer en la boca, digo no”.

La muerte y los mexicanos

Mariano Flores Maldonado, director de Convenios y Normatividad en la Coordinación de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud de Guanajuato, considera que a pesar de la creencia popular, los mexicanos no son tan abiertos ante el tema de la muerte y llegada la hora, les cuesta soltar.

“Hay mucha gente que dice, ‘No, yo no firmo. A mí que me hagan la lucha hasta más no poder’”, resultando un desgaste económico, porque la gente se deshace de propiedades y posesiones, y un desgaste familiar, porque los cuidados suelen recaer en una sola persona. “Cuando nace un niño, todo el mundo lo quiere arropar, cargar, bañar, pero cuando es una persona adulta, surgen los pretextos, ‘no tengo tiempo, no puedo cuidarlo’”.

Es para eso que surge la Ley de Voluntad Anticipada: para que en caso de enfermedad terminal, incurable, irreversible, no llegar a la obstinación terapéutica, con tratamientos que de manera innecesaria traten de prolongar la vida.

Mariano Flores aclaró que el formato no puede aplicarse en cualquier hospital, se hace solo en aquellos de tercer nivel, con especialistas capaces de dar un diagnóstico adecuado.

Dijo que en Guanajuato, la mayoría de las personas solicitantes son ciudadanos estadounidenses, que por cultura, deciden que no se prolonguen tratamientos o que haya transportación de regreso a su país por temas médicos, por los costos que ello implica.

El funcionario considera que esta ley no tiene lagunas, sin embargo, señala que los procedimientos sí pudieran ser más rápidos, más eficaces.

Dijo que la dependencia ya prepara para junio la promoción de este derecho, que se espera repercuta en un consentimiento mejor informado.

“No se requiere validación”: Patricia Mercado

En ello coincidió Patricia Mercado, diputada federal por Movimiento Ciudadano, quien en noviembre de 2025 presentó el proyecto de “Ley Trasciende”, que consta de dos iniciativas: la reforma del Artículo 4.º Constitucional, para establecer el derecho a recibir cuidados paliativos ante una enfermedad terminal o situación crítica, y el derecho a procedimientos de muerte asistida tras recibir diagnóstico de enfermedad incurable.

De visita en León, Patricia Mercado dijo que la Ley de Voluntad Anticipada necesita difusión, explicación y para algunos sectores vulnerables, la gratuidad, pues no todos pueden pagar a un notario.

Que el o la paciente no necesita la validación del personal de salud, que como persona mayor de 18 años en pleno uso de sus facultades basta con decir a la institución de salud que lo atiende “yo necesito (cuidados paliativos), tengo dolor (…y aunque el hospital diga) ‘Sí, pero te voy a dar…’, no, yo no quiero el tratamiento y eso no es ilegal, pero tiene que ver con las personas y sus familias”, que por eso es muy importante la voluntad anticipada.

Y que en el caso de personal médico objetor de conciencia que quiera insistir hasta el último segundo, el Estado debe garantizar que haya “un no objetor que simplemente respete la Ley de Voluntad Anticipada y respete mi voluntad y me dé cuidados paliativos”.

Preservar la vida, pero no contra los deseos del paciente

Libertad, la hija de Raquel, reconoce que su serenidad ante los deseos de su madre, lo maneja desde el privilegio de ser una mujer profesionista, que puede documentarse, habiendo sido activista de derechos humanos, también puede obtener diagnósticos y opiniones informadas gracias a sus contactos.

“Yo creo que hay un sesgo grande en el Sector Salud, no sé si en todos lados, nuestra experiencia es concretamente en el ISSSTE, donde no hay información clara para las familias ni para los pacientes (…) A la hora de tomar decisiones, entendemos la mitad de lo que nos dicen, los términos médicos son muy complicados”.

Pero reconoce al oncólogo de Veracruz que, a diferencia de otros doctores, no tuvo miedo de hablarles de la posibilidad de muerte, les dijo: quedó líquido, si esto vuelve a surgir, es inoperable.

Libertad reconoce que las condiciones laborales del personal médico en el servicio público son difíciles, que quizá desde que están estudiando no les dicen cómo hablar de la muerte y que sus cargas de trabajo no permiten tener un mejor acercamiento con las familias, pero cuando se llega al final, no saben utilizar un lenguaje sencillo y comprensible.

“(En nuestro caso) tuvimos que ir investigando porque se nos da un poco investigar, pero la verdad es una desproporción y una desigualdad social, porque no todas las personas llegan al punto de investigar”.

En su caso, por seguir las indicaciones y acudir a sus citas, hasta regañados salieron en Veracruz por recibir la radioterapia, pero ellos no lo sabían, “pecaron” por seguir el protocolo que la institución les marcó.

Un derecho poco difundido

Para Libertad, la Ley de Voluntad Anticipada en Guanajuato “está muy sesgada” y no encontró ningún tipo de actualizaciones en su página.

Que hay lugares más proactivos, como la Ciudad de México, donde considera que sí hacen difusión, hasta en las estaciones del Metro.

Como cuidadora principal, Libertad se pregunta “¿Qué está haciendo el Gobierno Estatal con nuestros recursos en las unidades de voluntad anticipada, ¿en qué están invirtiendo?”.

Advirtió que aunque la atención del ISSSTE ha sido más eficiente en Guanajuato que en Veracruz, sigue habiendo desconocimiento entre los especialistas, incluso ahí alguien les recomendó acudir a un abogado “porque el ISSSTE no iba a permitir otra cosa que no fuera su tratamiento”.

Por el momento, le están dando oportunidad a un nuevo medicamento, como lo pidió el especialista, pero en breve, volverán a llevar su formato al hospital.

“El acceso a los derechos en Guanajuato sigue siendo un problema por el estado donde nos tocó vivir la enfermedad. Si estuviéramos en Ciudad de México, no estaríamos en esta discusión, estaríamos tal vez hablando de la ley Trasciende, pero estamos aquí y ni siquiera podemos firmar un formato de voluntad anticipada, ni siquiera conozco en qué hospital se puede (hacer) y si dicen de un registro (por certificación), esa información debería ser pública y no está pública, entonces, pues eso, (saber) qué está pasando”.

Para Libertad, todo se resume en garantizar un derecho humano: “No hay nada digno en una vida en la que todos deciden por ti”.

Conflicto ético

Para Columba Suinaga Romero de Terreros, experta en bioética y coordinadora de proyectos de la Asociación Por el Derecho a Morir con Dignidad (DMD), en Ciudad de México, la baja cantidad de registros de Voluntad Anticipada a nivel nacional, es por el desconocimiento y la confusión con la eutanasia, otro concepto relacionado pero diferente, por ello es muy necesario hacer campañas de divulgación.

Hasta el 12 de marzo de 2020, había 27,003 suscripciones de V.A. en la Ciudad de México, según la Secretaría de Salud Pública local. Y el pasado 30 de abril del 2026, concluyó un plazo de 50 días donde el trámite fue gratuito para todas las personas de 65 años en notarías afiliadas al Colegio respectivo.

“(Tener un documento de voluntad anticipada) en un momento complicado de salud, donde otros tienen que tomar decisiones por ti, les facilitas un poco la toma de decisiones, evitas muchos conflictos entre familiares, evitas muchos conflictos en de médicos y familiares, facilitas la labor del médico y desde luego, garantizas que se respeten tus deseos”, afirmó Columba Suinaga, en entrevista con AM.

En una charla capturada en video en la página de la asociación DMD, Columba destaca que aunque los avances científicos y tecnológicos traen esperanzas, también traen riesgos y uno de los más visibles es caer en la obstinación terapéutica: la persistencia en la aplicación de tratamientos que ya no tienen un beneficio para el paciente.

Por ello invita a plasmar en el documento de V.A. las situaciones clínicas específicas en las que el o la paciente rechazaría el tratamiento, como enfermedades de las llamadas “incurables”, con situaciones clínicas que conllevan un deterioro físico o mental intenso como: daño cerebral severo o irreversible; enfermedad degenerativa en fase avanzada del sistema nervioso o del sistema neuromuscular.

Otras causas desde el punto de vista médico pueden ser la demencia de causa degenerativa en fase avanzada o la inmunodeficiencia en fase avanzada, entre otras.

Algunos criterios sencillos también pueden ayudar a la persona de confianza y al personal médico a decidir: la capacidad de comunicarse de alguna forma con familia y amigos. Tener un grado suficiente de conciencia para darse cuenta de las cosas. Asearse por sí mismo. Alimentarse sin necesidad de medidas artificiales. Moverme con la menor ayuda posible. Vivir sin estar conectado permanentemente a máquinas de soporte vital. Vivir con el menor dolor físico posible. Ser cuidado en mi casa por las personas que me quieren. Permanecer en mi domicilio durante los últimos días de mi vida.

La especialista también advirtió que en la Voluntad Anticipada no puede haber objeción de conciencia, pues “el juramento hipocrático lo primero que dice es no hacer daño”, y en etapas terminales, algunos tratamientos solo prolongan el sufrimiento.

“Ley Trasciende” permanece estancada en el Senado por falta de acuerdos

El Senado de la República mantiene en pausa la discusión de la “Ley Trasciende”, una propuesta que permitiría el acceso legal a la eutanasia para pacientes con enfermedades terminales. La falta de quórum en las sesiones de comisión y la polarización de posturas han impedido que el dictamen llegue al pleno para su votación definitiva.

Diversas asociaciones médicas y colectivos ciudadanos buscan impulsar foros de discusión pública para sensibilizar a los legisladores sobre la importancia de garantizar el derecho a una muerte digna. Sin embargo, el avance se ve obstaculizado por agendas políticas que priorizan otros temas de la coyuntura nacional.

La “Ley Trasciende” contempla protocolos estrictos para asegurar que la decisión del paciente sea voluntaria, informada y libre de presiones externas. Los impulsores de la norma destacan que México debe actualizar su marco legal para alinearse con los estándares internacionales de autonomía personal y cuidados paliativos.

Por el contrario, sectores conservadores y representantes de diversas instituciones religiosas han manifestado su rechazo tajante. Argumentan que la vida debe protegerse hasta su término natural y advierten sobre los riesgos éticos de otorgar al Estado o a terceros la facultad de intervenir en el final de la vida.

Especialistas en bioética señalan que el estancamiento legislativo afecta principalmente a miles de personas que padecen dolores intolerables sin esperanza de curación. Consideran que la omisión de los senadores vulnera la dignidad humana y posterga una decisión necesaria para el sistema de salud pública.

El retraso en el Senado ha provocado que algunos estados busquen alternativas locales, aunque cualquier ley estatal en la materia entraría en conflicto con la Ley General de Salud actual. Esto genera un vacío legal que deja en la incertidumbre tanto a pacientes como a profesionales de la medicina.

Analistas políticos sugieren que el freno a la iniciativa responde al temor de algunos partidos de perder apoyo electoral ante temas socialmente sensibles. La cercanía de procesos electorales ha provocado que se eviten discusiones que puedan polarizar a la base de votantes o generar confrontaciones con grupos de interés.

Finalmente, el destino de la “Ley Trasciende” dependerá de la capacidad de los legisladores para separar sus convicciones personales del deber jurídico. Mientras la propuesta permanezca en la congeladora, el debate nacional sobre la eutanasia seguirá siendo uno de los temas pendientes más complejos en la agenda de derechos de México.

AAK