Un implante coclear puede cambiar la vida de una persona. Escuchar no sólo es una ventana al mundo exterior, es una de las herramientas que nos ayuda a interpretar el mundo.
Escuchar y hablar es un proceso mucho más complejo de lo que alcanzamos a ver. No están desconectados, adquirir un lenguaje oral está íntimamente ligado a poder escuchar.
Por eso es tan valiosa la posibilidad de que en nuestro sistema de salud se puedan llevar a cabo implantes cocleares. Con el diagnóstico de una hipoacusia profunda que puede ser tratada y con el implante —además de una serie larga de terapias e intervenciones que vienen después. Un camino largo, pero posible— un niño puede desarrollar una vida de oyente.
Sin embargo, dar esa operación sin garantizar que haya un aparato coclear de por medio me parece un acto de crueldad. Someter a los niños y a sus familias a una ventana momentánea para después volver al silencio no debería permitirse.
Por poner un ejemplo, el IMSS remarca que ha colocado más de 170 implantes de manera gratuita. La cosa es que los aparatos tienen una vida útil específica, hay que comprar baterías, mantenimiento, consultas para el ajuste, por lo que casi cualquier cosa que incluya el servicio público debería ser bienvenido para ayudar a las personas con su derecho a la salud y que este no sea solamente para quienes pueden pagarlo.
Lo mismo para cualquiera de las discapacidades, pero tomo esta de ejemplo por ser muy ilustrativa, al mismo tiempo de que una discapacidad muchas veces se invisibiliza porque no es notoria a primera vista.
Que el acceso a la salud dependa de la capacidad económica de los pacientes no es una discusión nueva. Ni siquiera es un fenómeno exclusivo de México. Otros países con mayor desarrollo como Estados Unidos o Corea del Sur tienen también ese mismo problema.
Pero el hecho de que esos casos existan no quiere decir que debamos perpetuarlos. Nuestra intención como sociedad debería ser tratar de garantizar los derechos para todos. No dar pasos hacia atrás.
La Suprema Corte de Justicia discutió el acceso a los aparatos de los implantes cocleares la semana pasada. Al final, la Corte ordenó al IMSS garantizar servicios médicos integrales para niñas, niños y adolescentes.
Pero creo que el razonamiento del voto de la ministra Lenia Batres fue muy criticable y lo traigo a colación porque creo que debemos remarcar el por qué la argumentación tiene defectos.
La ministra argumenta que debe considerarse la capacidad presupuestal del IMSS para proporcionar los insumos.
Sin embargo, y aquí la duda genuina, ¿cuándo hemos tenido una capacidad económica suficiente para garantizar todos los insumos?
Creo que lo importante aquí justamente es dimensionar la profunda desventaja que tienen las personas con discapacidad y que el Estado debería garantizar, así sea con esfuerzos extraordinarios, la emparejada del piso que les hace falta.
Porque si siempre atendemos las necesidades de presupuesto de las instituciones, ¿cuándo veremos por quienes están en desventaja?
@Micmoya